La Corte de Apelaciones de Estados Unidos ha otorgado el aval para que el gobierno federal proceda con la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficia a ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal. Esta determinación judicial surge a pesar de las gestiones diplomáticas recientes entre las naciones, las cuales se habían enfocado en el intercambio comercial y la cooperación económica. La sentencia no solo modifica las proyecciones tras la reunión entre el presidente hondureño Nasry Asfura y su homólogo Donald Trump en Mar-a-Lago, sino que coloca a más de 80,000 personas en una situación de incertidumbre legal y social, representando un momento crítico para miles de familias en territorio estadounidense.
El dictamen del tribunal del Noveno Circuito, emitido este 9 de febrero de 2026, deja sin efecto la medida de protección que un juez de distrito había interpuesto previamente. Con esto, se establece que la administración estadounidense está facultada para ejecutar la cancelación del TPS mientras se resuelve la apelación en instancias superiores. Como consecuencia directa, la corte señala que miles de inmigrantes de las nacionalidades mencionadas corren el riesgo de perder sus permisos legales, quedando “la protección temporal sin aplicación para más de 80,000 personas”.
Fundamentos del fallo judicial
Para justificar su decisión, el tribunal argumentó que el Ejecutivo presentó “criterios razonables para concluir que las condiciones en los países afectados —entre ellos Honduras— han mejorado lo suficiente como para poner fin al programa”. Asimismo, la sentencia indica que la administración de Trump logró demostrar el cumplimiento de los protocolos legales necesarios. Por el contrario, en etapas previas, un magistrado de distrito había bloqueado la medida tras advertir que el Departamento de Seguridad Nacional pudo haber omitido normas procedimentales, alertando incluso sobre posibles motivaciones discriminatorias tras el cese del amparo.
El TPS es un recurso de carácter humanitario contemplado en la legislación de Estados Unidos para permitir que personas provenientes de naciones azotadas por conflictos armados o desastres naturales residan y trabajen legalmente. En el caso específico de Honduras, este beneficio fue otorgado en 1999 a raíz de la devastación del huracán Mitch. Aunque ha sido renovado periódicamente por décadas, este estatus nunca facilitó el acceso a la ciudadanía o la residencia permanente, limitando la estabilidad de los beneficiarios a la vigencia de cada prórroga.
Impacto y respuesta diplomática
Con este nuevo revés en los tribunales, tanto la autorización de empleo como el resguardo contra la deportación para los beneficiarios del TPS quedan en una posición vulnerable. Si se concreta la anulación definitiva, y tras concluir un “periodo de gracia reconocido por ley”, quienes no consigan regularizar su situación por otros mecanismos legales podrían enfrentar procesos migratorios de expulsión o la compleja búsqueda de nuevas categorías de visas.
Semanas antes de conocerse esta resolución, la comunidad hondureña en Estados Unidos y diversas organizaciones mantenían el optimismo tras la visita de Asfura a Palm Beach. Dicho encuentro fue descrito como una reunión cordial con la “intención de fortalecer la relación bilateral, potenciar inversiones y revisar aranceles”, según declaraciones del mandatario hondureño. No obstante, aunque se trataron temas de seguridad y economía, el ámbito migratorio solo ocupó un espacio marginal en los comunicados oficiales.
Mientras la administración de Trump insiste en que el TPS es una medida temporal que no puede extenderse de forma indefinida al haber cesado las causas originales, el Gobierno de Honduras ha manifestado su preocupación y desacuerdo. Las autoridades hondureñas calificaron la resolución como un paso procesal que no representa una decisión definitiva, sugiriendo que la batalla legal podría extenderse hasta la Corte Suprema.
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, los canales jurídicos siguen habilitados y el desenlace no es irrevocable. La Cancillería lamentó que la administración estadounidense mantenga su postura de cancelar el beneficio, a pesar de los argumentos presentados en defensa de la comunidad migrante. Además, destacaron que los beneficiarios han estado sujetos a “estrictos controles y auditorías federales”, manteniendo una conducta ejemplar.
“El hecho de que los tepesianos hayan permanecido durante años dentro del sistema es prueba irrefutable de una conducta legal intachable”
Finalmente, el Gobierno de Honduras reafirmó que permanecerá vigilante ante el curso de las acciones en los tribunales de Estados Unidos, con el firme compromiso de defender la dignidad y los derechos de sus compatriotas amparados bajo este estatuto migratorio.
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