Entre 2023 y 2024, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC), Ecuador se ubicó entre los países más golpeados por la violencia criminal en América Latina y el Caribe. El avance del crimen organizado y el rol logístico del país en corredores marítimos ayuda a explicar el salto.
En paralelo, se ha intensificado la delincuencia que la gente experimenta en el día a día. Los robos a personas, motocicletas, vehículos y bienes no solo deterioran la sensación de seguridad, también pueden funcionar como un mecanismo de financiamiento para redes criminales. Cuando hay control territorial, estos robos tienden a integrarse a economías criminales más violentas.
En 2024, el Gobierno elevó el esfuerzo fiscal para sostener su estrategia de seguridad y defendió el aumento del IVA del 12% al 15% como una vía de financiamiento adicional. Sin embargo, la evaluación ciudadana suele depender de resultados sostenidos y verificables, no de anuncios ni de operativos puntuales.
Robos: el termómetro de la inseguridad cotidiana
Entre los delitos más denunciados están los robos a personas en espacios públicos, seguidos por robos de motocicletas, vehículos y bienes. Con base en cifras estandarizadas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en 2025 (con corte a septiembre) se registraron 267,3 robos por cada 100.000 habitantes. Dentro de ese total, el robo a personas alcanzó 106,2 por cada 100.000 y el robo de motocicletas, 67,4 por cada 100.000.
La trayectoria reciente muestra un salto fuerte luego de 2020. El indicador total subió de 197,6 robos por cada 100.000 habitantes en 2020 a un máximo de 330,9 en 2022; en 2023 se mantuvo en niveles históricamente altos con 321,0, y luego descendió a 283,6 en 2024. Ese deterioro coincide con el período en que, además, los homicidios intencionales alcanzaron un máximo histórico: 46 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023.
La respuesta del Gobierno se aceleró en 2024, cuando se reconoció la existencia de un conflicto armado interno y se dispuso un aumento de la presencia militar y policial en las zonas más conflictivas del país, junto con la identificación de grupos criminales como “organizaciones terroristas”.
La relación con la desigualdad
La investigación económica y criminológica suele advertir que el aumento de la criminalidad no se origina únicamente en la cantidad de policías o militares, sino en factores estructurales: oportunidades laborales limitadas, informalidad persistente, baja movilidad social y debilidad institucional.
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Un matiz importante: la desigualdad suele correlacionarse más con la violencia que la pobreza por sí sola. En un estudio clásico para múltiples países, los investigadores Fajnzylber, Lederman y Loayza encuentran una relación consistente entre desigualdad (medida, por ejemplo, con el índice de Gini) y tasas de homicidios y robos. En la misma línea, análisis de UNODC han señalado que, para explicar niveles de crimen, la desigualdad suele ser un predictor más estable que la pobreza en sentido estricto.
Dicho esto, la pobreza sí importa, sobre todo como contexto que vuelve más probable el reclutamiento y la dependencia de economías ilegales. En territorios donde el empleo formal es escaso y el Estado llega débilmente, las organizaciones criminales pueden convertirse en “proveedores” de ingresos, protección o pertenencia, especialmente para jóvenes.
Por eso, de acuerdo con el Panorama Social de América Latina publicado por la CEPAL, cuando la pandemia de COVID-19 golpeó ingresos y empleo, los indicadores sociales empeoraron en la región y el terreno se volvió más fértil para dinámicas de violencia y delito.
El giro presupuestario hacia la seguridad tras enero de 2024
En enero de 2024, Ecuador vivió un episodio que marcó un antes y un después: el ataque armado y la toma de un canal de televisión en vivo. En ese contexto, el Ejecutivo formalizó el reconocimiento del conflicto armado interno y ordenó operaciones militares para “neutralizar” a grupos criminales específicos.
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Esa decisión vino acompañada de un mayor esfuerzo fiscal. Con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (presupuesto en términos reales), el presupuesto devengado real en seguridad pasó de USD 3.225,1 millones en 2020 a USD 3.519,0 millones en 2024, lo que implica un aumento de 9,1%. En 2025, el devengado real llegó a USD 3.900,8 millones. En términos de ejecución, entre 2020 y 2025 se utilizó en promedio cerca del 94% de lo codificado, sin exceder lo asignado, aunque con variaciones por año.
En 2024, el gasto devengado real se repartió principalmente entre Asuntos Internos (aproximadamente USD 1.870,0 millones, el 53,1% del total) y Defensa Nacional (alrededor de USD 1.649,0 millones, el 46,9%). El aumento del IVA del 12% al 15% se presentó como un mecanismo para sostener financieramente este esfuerzo, con el argumento de generar ingresos adicionales anuales para enfrentar la inseguridad.
Lo que el gasto puede lograr
El aumento de presencia militar y policial tiende a tener efectos más claros en delitos de oportunidad, especialmente robos, que en violencias vinculadas a disputas criminales. La literatura económica sobre disuasión encuentra evidencia de que la actividad policial puede reducir ciertos delitos, aunque los resultados dependen del tipo de crimen, del contexto y de la calidad institucional.
En ese contexto, al comparar las tasas de robo y el gasto per cápita en seguridad entre 2024 y 2023 —medido a partir del presupuesto devengado en términos reales— se observa que un incremento de 1% en el presupuesto devengado en 2024 se asoció con una disminución de 2,37% en la tasa total de robos. Este efecto, sin embargo, no es homogéneo según el tipo de delito: la mayor presencia policial y militar se vinculó más claramente con reducciones en los robos de autos (−4,19%), a viviendas (−4,00%) y a negocios (−3,59%), mientras que la asociación fue menor en los robos a personas (−1,71%), de motos (−1,45%) y de bienes (−2,01%).
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Vale subrayar que estos resultados deben leerse como una asociación estadística a partir de una comparación entre dos años, no como una prueba definitiva de causalidad. En la práctica, pueden influir factores como cambios en la propensión a denunciar, operativos focalizados por territorio, o incluso el hecho de que el Estado tienda a gastar más precisamente donde el problema es más grave (un tema clásico de “causalidad inversa”). Por eso, la cifra es útil para dimensionar el posible efecto de contención en el corto plazo, pero no reemplaza evaluaciones más completas que separen mejor el impacto del gasto de otros cambios simultáneos.
Del mismo modo, se observa que los homicidios intencionales reaccionan ante el aumento del gasto de seguridad, pero de manera menos intensa. Después de 2023, cuando este indicador alcanzó un máximo, un aumento del 1% sobre el gasto de seguridad estuvo vinculado con una contracción del 2,62% sobre la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes.
¿Qué sigue y qué lecciones deja?
Si el Ecuador se concentra solo en aumentar gasto y despliegue, puede lograr mejoras parciales —sobre todo en robos y delitos visibles—, pero frágiles. La evidencia comparada sugiere que las reducciones sostenidas requieren un paquete más amplio: control carcelario, investigación criminal y judicialización, reducción de impunidad, persecución de flujos financieros ilícitos y políticas sociales focalizadas en territorios de alto riesgo.
Un ejemplo es Medellín: su mejora no se explica solo por más fuerza pública, sino por una estrategia integrada de transformación urbana y social (movilidad, educación, espacio público y presencia estatal) sostenida en el tiempo.
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El gasto en seguridad compra tiempo. Puede reducir delitos visibles y recuperar control en puntos críticos, pero no sustituye la construcción institucional que sostiene los resultados. Si el país usa esa ventana para fortalecer justicia, sistema penitenciario e investigación —y para intervenir territorios de alto riesgo—, la mejora puede consolidarse. Si no, el ciclo seguirá: contención, reacomodo criminal y nueva escalada.
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