El gobierno de la República Dominicana ha vuelto a manifestar su posición oficial respecto a la volátil situación en Haití, enfatizando que es imperativo que los actores políticos haitianos den señales claras de cohesión. Bajo la mirada atenta de la comunidad internacional, se están exigiendo consensos reales que permitan la gobernabilidad. Santo Domingo sostiene que la estabilidad del territorio vecino está ligada directamente a la capacidad de sus líderes para consolidar el respaldo institucional hacia la figura del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé.
Actualmente, la población de Haití padece ante una severa carencia de servicios y necesidades básicas, sumado a la urgencia de retornar a la normalidad en sus instituciones. Desde la perspectiva de las autoridades dominicanas, resulta indispensable contar con un Poder Ejecutivo sólido que pueda gestionar las demandas de la sociedad y guiar al país hacia la reconstrucción del aparato estatal.
Para los meses venideros, se proyecta la entrada en operaciones de la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF), que trabajará en conjunto con otras misiones de carácter multilateral. Esta iniciativa busca principalmente neutralizar el poder de los grupos criminales que dominan vastos territorios, permitiendo así la creación de un entorno propicio para la organización de comicios y el robustecimiento de los organismos públicos.
La administración dominicana ha valorado positivamente los avances preliminares en seguridad que se han registrado bajo la gestión del equipo de Fils-Aimé. Para la República Dominicana, retomar el control estatal es el pilar fundamental sobre el cual deben sostenerse las estrategias internacionales y las políticas internas de recuperación.
Asimismo, se ha ratificado el respaldo a las determinaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con especial énfasis en la Resolución 2793. Este mandato establece formalmente la GSF y la nueva Oficina de Apoyo de la ONU. Las autoridades dominicanas han sido enfáticas al señalar que la ejecución efectiva de estos planes, acompañada de una dotación presupuestaria adecuada y una respuesta rápida, es vital para mitigar el desastre actual.
Emergencia humanitaria y desorden civil
La nación caribeña atraviesa uno de sus momentos más lúgubres, con organizaciones armadas que han extendido su influencia desde centros urbanos clave hasta áreas rurales. La magnitud del conflicto se refleja en la petición de USD 880 millones realizada por la ONU para financiar el Plan de Respuesta Humanitaria 2026. Aunque el objetivo de los organismos internacionales es brindar asistencia a 4,2 millones de personas, la escasez de fondos y la peligrosidad del terreno obstaculizan la entrega de ayuda humanitaria.
La proliferación de la violencia ha tenido consecuencias devastadoras en la educación: 1.600 planteles escolares debieron cerrar durante el periodo lectivo 2024-2025. Esta situación ha privado a 1,5 millones de niños y jóvenes haitianos de su derecho al estudio.
En apenas doce meses, la falta de seguridad y el vacío de poder han generado el desplazamiento forzado de 1,4 millones de ciudadanos. A este drama se suma una crisis alimentaria sin precedentes que afecta a 5,7 millones de personas, de las cuales cerca de 2 millones se encuentran en un estado de emergencia nutricional.
El tránsito de convoyes humanitarios se ha visto drásticamente reducido, mientras las Naciones Unidas advierten que la falta de respuesta internacional podría traducirse en nuevas muertes evitables y un aumento del hambre. Los especialistas en alimentación de la ONU recalcan que el tiempo para actuar se agota y que la paz de toda la región está bajo amenaza.
El control de las pandillas se ha ramificado hacia sectores estratégicos, bloqueando las arterias viales y deteniendo el flujo de suministros. Como herramienta de dominación y terror, estos grupos emplean la violencia sistemática. Es alarmante cómo la violencia sexual golpea a mujeres y niñas, quienes carecen de acceso a servicios médicos o psicológicos debido al estigma social y al miedo a represalias violentas.
El deterioro de los servicios públicos es absoluto. El sistema de salud opera en condiciones mínimas, lo que facilita que patologías como el cólera sigan siendo una amenaza letal para la población. La ausencia de financiamiento limita drásticamente la capacidad de acción de los grupos de socorro en todo el país.
En la esfera política, la parálisis es evidente: Haití no ha realizado procesos electorales presidenciales en una década, lo que ha erosionado profundamente la legitimidad institucional. Diversos analistas coinciden en que celebrar nuevas elecciones no será posible si no hay un cambio radical en la seguridad pública, especialmente cuando los pactos de transición política están por expirar.
Finalmente, el incremento del narcotráfico añade una capa de complejidad internacional a este escenario. Recientes decomisos de cargamentos de estupefacientes en las costas haitianas confirman, según reportes internacionales, el
“papel crucial de la isla en las rutas de tráfico que conectan América del Sur, el Caribe y Estados Unidos”
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