En una nueva acción judicial por parte de las autoridades de Irán, el tribunal revolucionario de Mashad dictaminó este domingo una condena de siete años y medio de prisión contra Narges Mohammadi. La reconocida activista por los derechos humanos y ganadora del premio Nobel de la Paz 2023 enfrenta esta sentencia tras ser hallada culpable de cargos relacionados con propaganda y conspiración en contra de la República Islámica. Este fallo, que fue ratificado en febrero de 2024, representa la décima condena que la justicia iraní le impone desde el año 2021.
Desglose de la sentencia y estado de salud
El representante legal de la activista, Mostafa Nili, informó a través de sus plataformas digitales que la pena se desglosa en seis años de cárcel por el delito de colusión y conspiración, sumados a un año y medio por actividades de propaganda. Adicionalmente, se le impuso una sanción complementaria que le prohíbe abandonar el país por un periodo de dos años. La decisión fue emitida por la sala primera del tribunal de Mashad tras una audiencia en la que la defensa manifestó su preocupación, dado que Mohammadi se encuentra bajo custodia y atraviesa un delicado cuadro médico.
Nili comunicó que logró mantener una conversación telefónica con su defendida, siendo este el primer contacto en casi dos meses. Durante la llamada, la activista notificó que fue trasladada a un centro hospitalario recientemente por complicaciones de salud. Aunque la comunicación se cortó antes de que pudiera relatar detalles sobre su detención violenta ocurrida a mediados de diciembre de 2023, el abogado insistió en que, según las normativas vigentes en Irán, su estado físico debería facultar una excarcelación bajo fianza.
“En vista de sus enfermedades, se espera que se ordene su liberación temporal bajo fianza para que pueda recibir tratamiento médico”, afirmó Nili.
Un historial de persecución constante
La situación de Narges Mohammadi refleja lo que organizaciones consideran una persecución sistemática. Aunque a finales de 2023 recibió una breve libertad condicional por causas médicas, en noviembre del mismo año denunció que se le ha impedido de forma permanente obtener un pasaporte o salir de Irán. Esta restricción le ha impedido reunirse con sus hijos, quienes residen en el exterior y a quienes no ha visto en los últimos once años. El historial judicial de la activista es extenso: ha sido arrestada en trece ocasiones y sentenciada en nueve procesos previos, acumulando más de una década de causas penales.
A nivel global, su figura es un símbolo de la lucha por las libertades fundamentales. En 2023, el Comité Nobel noruego reconoció su labor destacando su esfuerzo incansable “contra la opresión de las mujeres en Irán y para promover los derechos humanos y la libertad para todos”. Este nuevo fallo judicial ha intensificado la vigilancia y la presión de la comunidad internacional sobre el régimen de Teherán.
Contexto de represión y cifras de las protestas
El incremento en la severidad de las penas ocurre en un clima de alta tensión social tras las manifestaciones masivas que se originaron en diciembre. Lo que inició como una queja por la situación económica derivó en una exigencia estructural de cambio político. Las autoridades oficiales de Irán han admitido una cifra de 3.117 fallecidos desde el comienzo de los disturbios.
No obstante, los datos proporcionados por la organización Human Rights Activists (HRA) ofrecen un panorama mucho más crudo, documentando 6.941 muertes. De este total, se identifica que 6.495 eran manifestantes y 171 eran menores de edad. Además, se contabilizan 50.921 arrestos y 11.021 heridos de gravedad. La agencia HRANA, vinculada a HRA, advierte que estos números son mínimos confirmados, mientras mantienen bajo análisis más de 11.600 posibles decesos adicionales.
El impacto del “Comunicado de los 17”
Una de las causas recientes que ha motivado la reacción estatal es el llamado “Comunicado de los 17”. En este documento, firmado por Mohammadi y otros intelectuales y activistas, se exigía la conformación de una asamblea constituyente, la realización de un referéndum libre y el cese de la República Islámica. La difusión de este texto ha resultado en nuevas capturas, incluyendo la de Ghorban Behzadian-Nejad, además de detenciones dirigidas a defensores de derechos y figuras de la industria cinematográfica.
Por su parte, el gobierno iraní ha intentado deslegitimar las protestas atribuyéndolas a la influencia de potencias extranjeras, señalando específicamente a Israel. Jennifer Connet, asesora legal de HRA, sostiene que este tipo de narrativa es recurrente para calificar la disidencia interna como una supuesta intervención externa. En la misma línea, Mahmood Amiry Moghaddam, director de Iran Human Rights (IHR), subrayó que la opacidad y la censura impiden conocer la verdadera dimensión de la represión:
“Creo que los detalles definitivos tendrán que esperar a que el régimen caiga y se pueda hacer una misión de investigación independiente”.
Finalmente, diversas entidades internacionales han alertado sobre la militarización de la respuesta estatal, que incluye el uso de armamento de guerra contra civiles y presiones constantes a las familias de las víctimas. A pesar de la acumulación de penas y el riesgo que corre su integridad, Narges Mohammadi continúa alzando su voz en favor de los derechos humanos desde su lugar de reclusión.
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