«Prohibición sin educación no sirve de nada»
. Con esta contundencia se ha expresado Joaquín González Cabrera, investigador de la UNIR, al abordar la compleja relación entre la infancia y las plataformas digitales. El experto hace un llamado urgente a «abrir el foco» frente a propuestas que tilda de «solo políticas» y «reduccionistas».
Estas declaraciones surgen tras el reciente anuncio del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien manifestó su intención de impedir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años. Sobre esta medida, González Cabrera se posiciona a favor de «poner, como en tantas otras cosas, un límite de edad», considerando que la barrera de los 16 «parece razonable» e incluso «podría ser la menos mala».
No obstante, el académico aclara que la efectividad de esta restricción debería estar «siempre dependiendo del desarrollo madurativo del menor, de sus capacidades y sobre todo, de la mediación parental de la familia». Para el investigador, el centro del debate no debe ser únicamente el control de los discursos de odio, sino primordialmente la salud mental de los jóvenes.
Impacto cognitivo y emocional de los algoritmos
El uso de estas plataformas «no es algo inocuo, afecta a muchos procesos cognitivos y emocionales en los que están sumergidos nuestros niños y niñas y nuestros adolescentes», sostiene el experto. González Cabrera advierte que los algoritmos están diseñados de tal forma —o carecen de un diseño protector— que generan una distorsión de la realidad. Por ello, ve oportuno limitar un consumo que ya se identifica como problemático.
Como integrante del comité consultado por la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados (Oficina C), ha participado en el ‘Informe C: Redes sociales y menores’. Este documento recopila evidencia científica sobre la vulnerabilidad infantil y refuerza la idea de que este debate «es necesario porque es algo que hay que hacer por su salud mental».
Aunque coincide en que los poderes públicos deben intervenir en la regulación, González Cabrera advierte que la responsabilidad no es exclusiva del Estado: «se debería unir a todos los actores implicados en la salvaguarda de la salud mental infanto-juvenil».
Riesgos específicos para la salud psicológica
El investigador insiste en analizar la «algoritmia amplia» que afecta el bienestar de los menores. Según su análisis, el uso desmedido de redes se vincula directamente con:
- Disminución de la calidad de vida.
- Aumento del malestar psicológico y la ansiedad.
- Cuadros de somatización y estrés.
- Presencia de ideación suicida.
- Alteraciones en la autoestima y problemas de conducta.
- Interrupciones graves en los ciclos de sueño y vigilia.
Ante este panorama, González Cabrera alerta sobre lo que denomina el «abandono del nativo digital». Explica que, aunque los niños sepan manejar la tecnología, esto no garantiza que la utilicen correctamente. «Tenemos una situación anómala, la normalización del consumo», sentencia el experto, añadiendo que «solo retrasarlo tampoco va a ayudar», ya que las redes son, en esencia, un «negocio de atención sostenida».
La responsabilidad de la industria tecnológica
Uno de los puntos más críticos señalados por el investigador de la UNIR es la falta de transparencia algorítmica. «Damos la responsabilidad final al usuario, o, en el caso de los niños, a la familia. Pero es que, en las redes sociales, la verdadera responsabilidad está en la industria», afirma, describiendo a estas plataformas como productos de ingeniería conductual.
Menciona técnicas como el ‘scroll’ infinito, un diseño que califica de pernicioso porque busca retener la mirada del usuario de forma constante, generando un circuito de dopamina en el cerebro. «Las redes nacieron como redes, sí, pero se han transformado en un negocio», por lo que reitera que «la responsabilidad de que una aplicación sea segura la tiene la empresa».
Finalmente, González Cabrera lamenta que, mientras se esperan estudios concluyentes o regulaciones europeas, las empresas actúan con impunidad. Define la situación actual como una «lucha de David contra Goliath», donde los menores tienen, a un solo clic, acceso a contenidos como la pornografía. Su conclusión es clara: se requieren «políticas no de partido, sino de Estado» que incluyan formación y evaluación constante, pues sin un marco general, el debate de la prohibición será simplemente «un brindis al sol».
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