Las recientes maniobras antinarcóticos desplegadas por Estados Unidos en aguas del Caribe, activas desde el año pasado, han generado un impacto financiero severo en las arcas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Sur del Lago, estado Zulia. Este bloqueo a las rutas tradicionales del narcotráfico ha empujado a la organización guerrillera a retomar la extorsión sistemática bajo la modalidad de «vacunas», afectando directamente a los productores agropecuarios de la zona.
En territorio venezolano, integrantes del ELN, debidamente uniformados y portando armamento de alto calibre, han incrementado su presencia intimidatoria en las haciendas. Según diversas denuncias, los insurgentes irrumpen en las propiedades sin previo aviso para exigir pagos bajo el concepto de “colaboración”, advirtiendo explícitamente que cualquier negativa acarreará represalias violentas contra los productores y sus familias.
La tensión se agudizó durante la última semana, cuando los denominados “botas de caucho” —término con el que se identifica a los guerrilleros en la zona fronteriza— comenzaron a realizar censos del ganado en las fincas. Los subversivos notificaron que el monto de la extorsión será ahora una cuota proporcional obligatoria vinculada estrictamente al número de cabezas de ganado que posea cada propietario.
Productores afectados señalaron que, antes del auge del tráfico de drogas y la proliferación de pistas de aterrizaje clandestinas en la frontera, el cobro de la “vacuna” era la fuente de ingresos habitual de la guerrilla. Sin embargo, el fortalecimiento de las rutas de estupefacientes había desplazado esta práctica, la cual resurge ahora como mecanismo de financiamiento.
En el estado Zulia, y de forma más acentuada en el Sur del Lago, la operatividad de grupos armados irregulares es constante. Si bien existen facciones de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), es el ELN quien ejerce el dominio sobre un extenso corredor que abarca desde el Kilómetro 40 hasta la zona de El Catatumbo.
Dicha organización ha logrado una inserción profunda en la vida diaria de las comunidades fronterizas. Diversos gremios coinciden en que la guerrilla interviene activamente en la dinámica social y en el funcionamiento cotidiano de estos poblados bajo su área de influencia.
Este escenario de indefensión para los civiles se agrava por la ausencia de protección efectiva de la Fuerza Armada, institución que a menudo es señalada por una presunta connivencia con los grupos irregulares que operan en la región.
Las consecuencias de esta situación han sido históricamente trágicas. A lo largo de los años, varios ganaderos han sido asesinados, como es el caso de Gaspar Enrique Rincón Urdaneta, productor ultimado el 16 de noviembre de 2015 en San José de Perijá. En esa zona, la abundancia de pistas de aterrizaje ilegales es una prueba de la compleja relación entre la economía rural y las actividades de los grupos armados.
Un escenario transformado
La presencia prolongada del grupo insurgente ha facilitado que muchos de sus miembros sean originarios de las mismas localidades donde operan. Los jóvenes son reclutados directamente de sus hogares, en un contexto marcado por la crisis económica que Venezuela ha atravesado por más de diez años, lo que deja a las familias en una posición de extrema vulnerabilidad ante los grupos armados.
El fenómeno de la extorsión en las zonas rurales no solo genera miedo, sino que impacta el bolsillo del consumidor final. El sobrecosto que los agricultores deben pagar a los grupos irregulares termina trasladándose al precio de los alimentos. Voceros del sector reconocen que:
“Ningún productor refleja en sus libros de costos el tributo impuesto por los insurgentes bajo el eufemismo de ‘colaboración’, pero es una realidad palpable”
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Testimonios recolectados en la frontera indican que el ELN cumplía funciones de seguridad para el traslado de sustancias ilícitas en varios municipios del Zulia, escoltando cargamentos desde los centros de acopio hasta embarcaciones que parten hacia el mar Caribe.
Un productor afectado relató la situación de los últimos años:
“La guerrilla obtenía beneficios considerables, lo que les permitió no solo sostenerse, sino reclutar más combatientes y adquirir armamento y propiedades. Durante años, ese sistema funcionó bajo la sombra de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro”
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No obstante, la dinámica cambió radicalmente el 14 de agosto de 2025, cuando Estados Unidos inició la Operación Lanza del Sur, desplegando fuerzas aeronavales en el Caribe. Esta ofensiva desarticuló redes de narcotráfico en el Sur del Lago de Maracaibo, la Guajira y el municipio Insular Padilla.
La presión militar se intensificó tras el ataque a una narcolancha el 2 de septiembre de 2025, hecho que fue reportado por el presidente Donald Trump. Según datos del Pentágono, hasta el momento se contabilizan 37 bombardeos y una cifra de al menos 128 personas fallecidas o desaparecidas como resultado de estas operaciones.
Aunque las autoridades de Estados Unidos han señalado a integrantes del Cártel de los Soles y a la banda Tren de Aragua, también han incluido al ELN entre sus objetivos, llegando a ejecutar al menos una incursión terrestre en la frontera de la Guajira.
La FANB no es suficiente
Debido a que las acciones militares estadounidenses han golpeado el negocio del narcotráfico, los ingresos del ELN han mermado considerablemente. Ante esta caída financiera, el grupo ha optado por retomar la extorsión sistemática a los ganaderos, a pesar de que la «vacuna» no resulta tan rentable como el tráfico de drogas.
Actualmente, el ELN mantiene una presencia activa en al menos cinco municipios del estado Zulia, extendiéndose desde el Kilómetro 40 en el municipio Lossada, pasando por La Cañada de Urdaneta, La Villa del Rosario, Machiques y el Catatumbo.
Habitantes de la zona describen que los guerrilleros visten uniformes similares a los de la fuerza pública, pero utilizan brazaletes distintivos de su organización, portan armas largas y usan botas de caucho, manteniendo un clima de tensión constante.
En años recientes, la organización ha mostrado un crecimiento importante, destacando que el 70% de sus filas en Zulia están compuestas por ciudadanos venezolanos, mientras que el 30% restante son de nacionalidad colombiana.
Dentro de la estructura se observa la integración de personas indígenas y residentes de municipios del Sur del Lago (Zulia y Táchira), muchos de los cuales provienen de comunidades olvidadas por el Estado y ahora forman parte de esta organización armada.
El método operativo incluye la toma de áreas estratégicas dentro de las fincas, como potreros o vaqueras, donde los propietarios se ven forzados a ceder ante la presión de los sujetos armados. Aunque el trato inicial suele ser calmado, la sola presencia de los insurgentes basta para coaccionar el pago por temor a represalias directas.
Finalmente, la limitada vigilancia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) profundiza la crisis. Aunque hay puntos de control en vías principales como la Troncal 6 o la Troncal del Caribe, los efectivos militares no patrullan los caseríos ni las zonas rurales profundas donde el ELN establece sus bases operativas, dejando a los productores en una situación de total vulnerabilidad ante la extorsión.
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