Este viernes, la organización Amnistía Internacional (AI) emitió un comunicado urgente advirtiendo sobre la intensificación de las medidas represivas en Cuba. Según el organismo, el régimen ha incrementado las detenciones arbitrarias, la vigilancia ilícita y el hostigamiento sistemático contra los parientes de quienes han sido declarados presos de conciencia. Esta situación se produce en un entorno crítico donde la salud de diversos civiles detenidos por defender los derechos fundamentales ha mostrado un deterioro alarmante.
Johanna Cilano, investigadora para el Caribe de la referida organización, explicó la gravedad de estas tácticas estatales. Cilano señaló que las acciones del gobierno cubano no son aisladas, sino que forman parte de un estrategia deliberada de control social que busca desarticular cualquier movimiento ciudadano.
«La vigilancia constante de viviendas, las detenciones arbitrarias de corta duración y las restricciones injustificadas para salir del hogar forman parte de un patrón sistemático de prácticas autoritarias que el Estado cubano está usando para castigar y disuadir cualquier forma de disidencia»
Para la entidad internacional, estos actos de persecución —que también han golpeado a figuras de la oposición y diversos activistas— tienen la clara finalidad de intimidar, aislar y silenciar a quienes demandan el cumplimiento de las garantías fundamentales, el acceso a servicios médicos o la libertad de sus allegados.
Uno de los puntos más críticos señalados por AI es que el hostigamiento se dirige frecuentemente contra madres, padres y otros familiares. Estas personas son perseguidas por el simple hecho de denunciar abusos institucionales de manera pública o por intentar gestionar ayuda humanitaria para los detenidos. Amnistía Internacional enfatizó que estas intervenciones se realizan sin el respaldo de una orden judicial, carecen de base legal informada y no ofrecen mecanismos para ser impugnadas, lo que representa una violación directa del debido proceso.
Crisis sanitaria en el sistema penitenciario
Adicionalmente, la ONG reiteró su preocupación por el estado de vulnerabilidad médica que enfrentan varias personas privadas de su libertad. De acuerdo con los reportes, existen casos de ciudadanos con enfermedades crónicas graves cuyas condiciones han empeorado drásticamente durante su estancia en las cárceles cubanas.
Dentro de los testimonios recogidos destacan los de Loreto Hernández García y Roberto Pérez Fonseca. Ambos prisioneros padecen dolencias crónicas y, aunque el personal sanitario de las prisiones está al tanto de sus diagnósticos, las autoridades han sido señaladas por mantener retrasos injustificados en la aplicación de los beneficios penales por salud que la propia normativa de Cuba contempla.
Al respecto, Johanna Cilano fue enfática en recordar que el Estado tiene el deber ineludible de garantizar que todos los internos reciban atención médica sin discriminación y bajo los mismos estándares que el resto de la comunidad. Cilano advirtió que:
«negar o retrasar la atención médica adecuada a personas bajo custodia del Estado puede constituir una violación de la prohibición absoluta de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes»
Finalmente, AI denunció que el bloqueo arbitrario de las excarcelaciones por motivos médicos está poniendo en riesgo inminente la vida y la integridad de los internos. Por ello, la organización ha exigido al Estado cubano la liberación inmediata e incondicional de los presos de conciencia, el cese definitivo del acoso a sus familias y la implementación de una atención sanitaria que cumpla estrictamente con los estándares internacionales de derechos humanos.
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