Un magistrado federal de la provincia de Córdoba ha dictado la medida de prisión domiciliaria para el empresario Diego Hernán Dirisio, a quien se señala como el principal contrabandista de armamento en Sudamérica. Esta resolución también beneficia a su pareja, la exmodelo de origen paraguayo Julieta Nardi. Ambos están procesados por el presunto suministro ilegal de más de 25.000 armas de fuego dirigidas a organizaciones criminales brasileñas de alta peligrosidad, tales como el PCC (Primer Comando de la Capital) y el Comando Vermelho.
Como parte de los controles establecidos por la justicia, la pareja deberá utilizar una tobillera electrónica de monitoreo. Esta disposición judicial se da en el marco de un proceso de extradición hacia Brasil que aún no ha sido resuelto de forma definitiva. Cabe recordar que tanto Dirisio como Nardi fueron capturados en febrero de 2024 en las inmediaciones de su residencia, ubicada en el exclusivo sector de Cerro de las Rosas, en la capital cordobesa. Su detención se logró tras una alerta roja de Interpol y una orden de captura internacional vigente desde el 5 de diciembre de 2023.
La red internacional y los cargos imputados
El requerimiento judicial proviene originalmente del Segundo Juzgado Federal Criminal del Estado de Bahía, en Brasil. Las autoridades de ese país les imputan delitos graves que incluyen tráfico internacional de armas, lavado de activos y asociación con una organización criminal.
De acuerdo con los reportes oficiales proporcionados por el Ministerio de Seguridad, se logró determinar el esquema logístico utilizado por la pareja. La empresa, liderada por Dirisio y gestionada por Nardi en calidad de vicepresidenta, importaba armamento de forma aparentemente legal a Paraguay desde naciones como Croacia, Turquía, República Checa y Eslovenia. No obstante, una vez en suelo paraguayo, las armas eran desviadas del mercado formal mediante tácticas ilícitas para ser enviadas finalmente a Brasil, donde servían para fortalecer al crimen organizado.
La infraestructura financiera que sostenía este tráfico operaba mediante complejos movimientos de capital. Se realizaban envíos de dinero desde Paraguay hacia un operador cambiario situado en Kansas, Estados Unidos. Posteriormente, estos fondos eran redirigidos a Europa para saldar los pagos de los lotes bélicos. En este proceso fue fundamental la participación de una red de “doleiros” (cambistas informales), quienes conectaban las operaciones entre el país sudamericano y el norteamericano, logrando que el flujo monetario evitara los radares de fiscalización internacional.
Estrategias de ocultamiento y fallos de control
Para disfrazar el volumen real de sus operaciones, la compañía simulaba transacciones minoristas en territorio paraguayo. Se registraban ventas de apenas dos o tres unidades a individuos que no poseían el respaldo económico para tales compras, como estudiantes, jornaleros o empleados. Estas maniobras servían como fachada para que un tercero facilitara el traslado masivo de las armas hacia las células delictivas brasileñas.
El informe de investigación resalta además el papel de la Dirección de Materiales Bélicos de Paraguay. Según las pesquisas, este organismo falló en la aplicación de controles esenciales, lo que permitió el flujo irregular de los dispositivos suministrados por la firma de Dirisio. Antes de cruzar la frontera hacia Brasil, el armamento pasaba por Ciudad del Este, punto donde se procedía al borrado de los números de serie para anular cualquier posibilidad de rastreo. Se estima que, aunque las 25.000 armas ingresaron legalmente a Paraguay desde el año 2012, su destino final fue siempre el equipamiento de bandas criminales.
Situación legal actual y defensa
Recientemente, el panorama jurídico del acusado ha dado un giro significativo. Actualmente, el trámite de extradición solicitado por el gobierno brasileño se mantiene suspendido, quedando la resolución final bajo la jurisdicción de la Corte Suprema. Por su parte, el juez federal brasileño Fabio Moreira Ramiro decidió paralizar todas las actuaciones en su país hasta que se defina si la entrega de los imputados se concreta o se rechaza.
En este contexto, la abogada defensora, Angela Burgos, se trasladó a Salvador de Bahía para entablar diálogos con el magistrado a cargo. Asimismo, la defensa ha buscado el amparo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que ya ha abierto un expediente y emitido una solicitud de medidas cautelares. Burgos sostiene que el proceso judicial en Brasil está plagado de anomalías y defiende la inocencia de su cliente:
“No existe ninguna prueba concreta que indique que Dirisio sea un traficante de armas”.
Hace una semana, la pareja obtuvo un beneficio de libertad que conllevó el pago de una caución real de $10 millones, cifra garantizada por la propia defensora. Aunque inicialmente la abogada aclaró que la medida no era una prisión domiciliaria estricta, pero sí incluía la prohibición de abandonar el territorio nacional, el escenario cambió este jueves.
El magistrado Miguel Hugo Vaca Narvaja, titular del Juzgado Federal N.° 3 de Córdoba, fue quien finalmente ordenó la prisión domiciliaria para el empresario, según reportes de medios locales. Angela Burgos ha manifestado que ella misma actúa como garante del cumplimiento de las medidas impuestas, asumiendo la responsabilidad ante cualquier eventual incumplimiento.
Por su parte, Dirisio ha declarado públicamente que las acciones en su contra forman parte de una “persecución” orquestada por un alto mando militar de Paraguay en conjunto con integrantes de las Fuerzas Armadas de Brasil. El procesado asegura que las acusaciones en su contra carecen de fundamento y son represalias derivadas de una denuncia previa que él realizó sobre supuestas irregularidades en convenios entre militares paraguayos y una compañía vinculada al ejército brasileño.
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