El mandatario José Jerí dispondrá de un asesor legal financiado con recursos del erario público para afrontar el proceso de indagación preliminar que lidera la Fiscalía de la Nación. Esta investigación se deriva de una serie de encuentros sostenidos por el jefe de Estado con diversos representantes del sector empresarial chino.
De acuerdo con una normativa emitida por la Subsecretaría General de la Presidencia, fue el propio José Jerí quien gestionó que el Estado asuma los costos de su representación jurídica. El requerimiento formal fue presentado el pasado 29 de enero de 2026, apenas unos días después de que el Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, pusiera en marcha las pesquisas contra el gobernante.
“Por Solicitud s/n recibida el 29 de enero de 2026, el señor José Enrique Jerí Oré, presidente de la República en funciones, solicita se le brinde defensa y asesoría legal por haber sido comprendido en una investigación según Carpeta Fiscal N° 15-2026 de la Fiscalía de la Nación, por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado, ambos en agravio del Estado”
A pesar de que la autorización para que el abogado de Jerí sea costeado con dinero público ya es un hecho, todavía se mantiene bajo reserva la cuantía económica de este contrato. Asimismo, no se ha revelado la identidad del profesional que asumirá la responsabilidad de proteger los intereses legales del presidente durante el desarrollo de las diligencias.
La aprobación administrativa constituye apenas la fase inicial del proceso. A partir de la fecha, el Despacho Presidencial ejecutará un análisis de mercado para determinar las tarifas habituales en este tipo de asesorías jurídicas especializadas. Solo tras concluir esta etapa se oficializará el gasto fiscal total destinado a la defensa.
Es importante señalar que la contratación en estos escenarios suele realizarse bajo la modalidad de designación directa. Esto implica que no suele existir un concurso público de méritos, sino que los profesionales son invitados directamente por el funcionario implicado basándose en la confianza. En lo que respecta a José Jerí, esta fase de selección aún no ha generado documentación pública para conocer al profesional designado o el monto exacto por el servicio.
Diligencias en la sede del Ejecutivo y declaraciones ante el Ministerio Público
El jefe de Estado, José Jerí, ya brindó su declaración testimonial ante el Ministerio Público en las instalaciones de Palacio de Gobierno. Esta acción se enmarca en la carpeta fiscal por la supuesta ejecución de los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses particulares, afectando los intereses del Estado.
Dicha diligencia ocurrió el 30 de enero bajo la supervisión del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez. El equipo fiscal se trasladó a la sede presidencial, donde Jerí hizo uso de su prerrogativa para definir la ubicación del interrogatorio, contando en ese momento con la asistencia de su equipo legal de cabecera.
El eje central de las preguntas de la Fiscalía se enfocó en las reuniones fuera de registro entre el presidente y los empresarios de origen chino Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong. El incidente más destacado, denominado como el caso ‘Chifagate’, hace referencia a una reunión privada ocurrida el 26 de diciembre de 2025 en un restaurante del distrito de San Borja con el ciudadano Yang.
La versión del mandatario indica que el encuentro tuvo como fin conmemorar el “Día de la Amistad Perú-China”, justificando la falta de registro oficial como parte de su habitual “dinámica de trabajo”. No obstante, se ha detectado que Zhihua Yang había solicitado previamente al Ministerio de Energía y Minas que se aplazaran los trabajos en la estación Pachachaca 2, proyecto gestionado por su firma Hidroeléctrica América.
Por otro lado, las autoridades indagan sobre los ingresos a Palacio por parte de Ji Wu Xiaodong, quien actualmente cumple arresto domiciliario por cargos de tráfico ilegal de madera. Xiaodong es señalado como presunto integrante de la organización criminal Los Hostiles de la Amazonía. Según las investigaciones, el empresario habría visitado la sede presidencial en al menos tres ocasiones junto a Yang, por lo que la justicia busca determinar si existieron beneficios indebidos o gestiones irregulares en favor de intereses extranjeros.
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