La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ha dado inicio formal a una indagación penal de oficio en contra del mandatario Gustavo Petro. Esta medida surge tras la difusión de un material sonoro vinculado a Andrés Felipe Marín Silva, conocido bajo el alias de ‘Pipe Tuluá’ y máximo cabecilla de la organización criminal ‘La Inmaculada’. En dichas grabaciones, el señalado delincuente sostiene haber inyectado recursos económicos a la contienda electoral que permitió el triunfo de Petro en el año 2022.
El proceso legal se activó luego de que la precandidata a la presidencia, Vicky Dávila, hiciera público el audio donde el jefe criminal, quien actualmente se encuentra extraditado, lanza estas graves afirmaciones. Ante la gravedad de los señalamientos, el organismo legislativo determinó que existen fundamentos suficientes para ejercer su competencia constitucional y legal, centrando la atención en posibles irregularidades relacionadas con la financiación de campañas electorales.
De acuerdo con el marco jurídico vigente, la apertura de este expediente se ampara en las facultades que la Constitución otorga a la Comisión de Acusación para investigar penalmente al jefe de Estado cuando aparecen indicios que podrían comprometer su responsabilidad en actos delictivos, ya sea durante el ejercicio de sus funciones o en eventos previos al cargo.
Apertura formal de la investigación
El documento que oficializa el inicio de estas actuaciones cuenta con la rúbrica de la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación, la representante Gloria Arizabaleta. En el texto se especifica que, bajo el amparo de la Ley 600 de 2000 y la Ley 5ª de 1992, el ente parlamentario tiene la obligación de proceder de oficio ante la presunta comisión del delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, falta que se encuentra tipificada en el artículo 396A del Código Penal.
“Teniendo en cuenta que la candidata presidencial Victoria Eugenia Dávila divulgó en fuente abierta las declaraciones dadas por el señor Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, relacionadas con la entrega de dinero a la campaña a la Presidencia de Gustavo Francisco Petro Urrego, esta Comisión Legal de Investigación y Acusación se ve en la obligación legal de iniciar investigación penal de oficio”
Asimismo, la representante Arizabaleta emitió una instrucción formal al secretario de la corporación, Jairo Corzo, para que se proceda a “asignar un número de radicado a esta investigación de oficio, con el fin de dar trámite a la apertura formal de la investigación”. Es importante subrayar que este paso procesal no constituye por sí mismo una sentencia de responsabilidad, sino el inicio de una etapa para verificar la veracidad de los testimonios y recolectar las evidencias pertinentes que ayuden a esclarecer la situación.
Extradición de ‘Pipe Tuluá’ y revelación del audio
Curiosamente, la divulgación de las acusaciones coincidió con la jornada en la que Andrés Felipe Marín Silva fue enviado hacia los Estados Unidos. El presunto narcotraficante quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses para enfrentar cargos ante una corte federal de ese país.
La entrega del cabecilla fue ejecutada por orden expresa del presidente Gustavo Petro y requirió un despliegue de seguridad de alta complejidad liderado por la Policía Nacional. Entre los detalles técnicos del operativo destacan:
- La participación de aproximadamente 70 efectivos de la Dijín.
- El apoyo de comandos especiales, agentes de Interpol y operadores de drones.
- El uso de una cápsula de seguridad integrada por ocho vehículos, de los cuales cuatro contaban con blindaje.
- Respaldo aéreo mediante un helicóptero desde la Estación de Policía de Los Mártires hasta la Base Aérea de Catam en Bogotá.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ratificó la entrega y destacó que esta operación forma parte de un total de 809 extradiciones hacia el país norteamericano efectuadas durante la presente administración.
Señalamientos sobre la campaña y respuestas del entorno presidencial
En el material difundido por Vicky Dávila, se escucha a Marín Silva asegurar que el dinero fue entregado a Juan Fernando Petro, hermano del mandatario. En la pieza sonora, el extraditado afirma de manera contundente:
“Si estamos hablando de comprar funcionarios públicos, nosotros a su hermano sí le compramos”
Además, el cabecilla de ‘La Inmaculada’ aseveró poseer grabaciones de video, registros de audio y comprobantes de consignaciones que servirían como prueba de sus dichos. Marín Silva también advirtió que dichas evidencias serán entregadas a la justicia de Estados Unidos, lo que podría dar un giro internacional al caso.
Sumado a esto, se conoció una imagen que presuntamente muestra una videollamada entre el hermano del presidente y el narcotraficante. Ante estas acusaciones, Juan Fernando Petro negó tajantemente cualquier vínculo ilícito: “Nunca he recibido plata de ese señor. Nunca me he sentado con él”. Según su versión, su único contacto con el entorno del capo fue a través de una abogada en el marco de labores de derechos humanos en Tuluá y recalcó enfáticamente: “Nunca le di un peso a la campaña de mi hermano”.
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