Este miércoles, funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destacados en la provincia de Cartago, Costa Rica, ejecutaron la detención de una ciudadana de 26 años identificada con el apellido Barahona. La implicada es investigada por la presunta comisión del delito de amenazas agravadas en perjuicio de la mandataria recién electa, Laura Fernández.
El proceso investigativo por parte de las fuerzas del orden se activó el pasado lunes, momento en que se procesaron diversas informaciones confidenciales. Los reportes señalaban que la mujer, aparentemente, habría producido varios videos para ser difundidos en plataformas digitales, en los cuales se proferían múltiples amenazas en contra de la nueva mandataria costarricense.
Tras las diligencias de campo, los agentes judiciales consiguieron corroborar la identidad de la sospechosa, procediendo este miércoles a su captura efectiva en el interior de su casa de habitación.
La aprehensión de la joven ha provocado múltiples reacciones en redes sociales dentro de Costa Rica. Por un lado, existen sectores que respaldan el accionar policial bajo la premisa de que debe prevalecer el respeto hacia la figura de la presidenta electa. En contraste, otros usuarios manifiestan que el arresto de voces críticas es una medida propia de una estructura dictatorial.
Respecto al operativo, el director del OIJ, Michael Soto, detalló los pormenores del caso mediante una declaración oficial:
“En nuestro sistema de información confidencial se recibió información sobre unos videos que fueron publicados en redes sociales, donde una femenina de 26 años realizaba amenazas contra la presidente electa y el día de hoy se da el allanamiento, donde se detiene a la joven para presentarla ante el Ministerio Público y recolectar las pruebas necesarias para la investigación”
De acuerdo con la legislación costarricense, la detenida podría enfrentar sanciones que van desde los 6 meses hasta los 3 años de cárcel por el delito de amenazas agravadas. La determinación de la pena estará sujeta a la gravedad de las ofensas y a la probabilidad real de que las advertencias pudieran ejecutarse.
Controversias por bloqueos en redes durante la campaña
Semanas atrás, en el transcurso de la contienda electoral, diversos usuarios denunciaron públicamente haber sido bloqueados por la cuenta oficial de Laura Fernández tras emitir críticas o cuestionar las propuestas de la ahora presidenta electa.
Ante esta situación, al menos una persona afectada interpuso un recurso de amparo electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Dicho organismo acogió la solicitud y ordenó a la representante oficialista entregar un informe justificando las razones técnicas y legales detrás de tales bloqueos.
Antecedentes de amenazas contra la figura presidencial
Este no es el primer caso de hostilidad digital contra altos cargos en el país. Durante el 2024, el actual presidente Rodrigo Chaves también fue objeto de amenazas mediante una publicación en la red social X. En aquel evento, la ciudadana Jimena Rueda, hija del magistrado Paul Rueda, cuestionó severamente la postura del mandatario sobre la tala masiva en territorio nacional, afirmando que era necesario un francotirador.
A principios de este año, se registró otro incidente cuando Jorge Torres, titular de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), presentó una querella ante la Fiscalía. La denuncia se basaba en presuntos intentos, gestionados mediante chats de WhatsApp, por parte de una activista para atentar contra la integridad de Chaves.
Por su parte, la señalada en dicho caso argumentó que las acusaciones formaban parte de un “montaje” orquestado por la administración vigente para desacreditar su labor como opositora y crítica del gobierno.
Hasta el momento, la presidenta electa Laura Fernández no ha emitido comentarios oficiales relacionados con la detención de la joven de 26 años ocurrida en Cartago.
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