El panorama de las libertades fundamentales en Centroamérica enfrenta desafíos críticos, según el análisis global más reciente de la organización Human Rights Watch. El documento pone especial énfasis en Guatemala, donde se ha identificado una persistente discriminación estructural y una estrategia de persecución judicial que golpea directamente a las comunidades originarias y a quienes trabajan en la defensa de los derechos ciudadanos.
De acuerdo con la documentación recopilada por la entidad internacional, la violencia se ha intensificado de forma alarmante. Solo durante el transcurso de 2024, un total de 28 defensores de derechos humanos fueron asesinados, una estadística trágica que no se registraba con tal magnitud desde el año 2017. Esta atmósfera de peligro ha provocado que, al menos, 19 periodistas buscaran el exilio para proteger sus vidas, sumándose a los 23 comunicadores que han sido asesinados desde el año 2015.
Vulnerabilidad de los pueblos indígenas
La situación social en el país destaca que cerca del 40 % de la población guatemalteca es de origen indígena. No obstante, este sector demográfico padece condiciones de
“altos niveles de pobreza, desigualdad y discriminación estructural”
que, según advierte la organización, se han mantenido inalterables durante las últimas décadas.
El informe técnico señala que las agresiones no son únicamente físicas, sino que provienen del propio aparato estatal. Se alerta sobre la ejecución de
“procedimientos judiciales espurios”
encabezados por la fiscal general Consuelo Porras. Cabe recordar que Porras ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea debido a señalamientos de corrupción. Estas maniobras, indica el documento, han
“degradado el Estado de Derecho y los derechos humanos”
en el territorio guatemalteco.
Existen nombres propios que ejemplifican esta crisis judicial. El reporte menciona el encarcelamiento de los dirigentes indígenas Luis Pacheco, Héctor Chaclán y Esteban Toc durante el año pasado. Asimismo, resalta la situación del periodista José Rubén Zamora Marroquín, quien permanece en prisión desde julio de 2022, y la del exfiscal contra la impunidad Stuardo Campo. Estos nombres se integran a una lista de individuos considerados “presos políticos” por organismos internacionales cuyos casos legales se encuentran paralizados.
Adicionalmente, se denuncian irregularidades procesales que han afectado a otros ciudadanos, como es el caso del jurista Ramón Cadena y el joven estudiante édmar Arriola, quienes han enfrentado acusaciones legales bajo criterios cuestionables.
Frente a esta crisis de institucionalidad, Human Rights Watch pone la mirada en el proceso de renovación de autoridades que se avecina. Durante el presente año, el mandatario Bernardo Arévalo de León tendrá la responsabilidad de designar a la persona que reemplazará a Consuelo Porras, quien ha ejercido como jefa del Ministerio Público desde el año 2018.
Este detallado informe, que examina la situación de más de 100 naciones, confirma que la realidad guatemalteca se mantiene como una prioridad urgente para la comunidad internacional dedicada a la vigilancia de los derechos humanos.
La consolidación del autoritarismo en Nicaragua
El escrutinio de la organización también se extendió al régimen liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. La conclusión es contundente: en Nicaragua se ha profundizado la concentración del poder absoluto mediante reformas a la Constitución. Estas modificaciones legales han sido diseñadas para robustecer el dominio del Poder Ejecutivo y facilitar el aplastamiento de cualquier forma de disidencia política.
El reporte de Human Rights Watch (HRW), presentado este miércoles, sostiene que estas maniobras han instaurado un sistema autoritario rígido. El impacto de estas medidas incluye la criminalización sistemática de los opositores y la supresión de derechos básicos, afectando incluso a grupos que anteriormente estaban alineados con el partido de gobierno.
Un punto de inflexión resaltado en el documento es la facultad legal que ahora posee la administración nicaragüense para despojar de la nacionalidad a aquellos ciudadanos que sean señalados por el presunto delito de “traición”.
Esta política de Estado ha dejado a al menos 452 nicaragüenses en situación de apátridas, quienes además han sufrido la incautación de sus propiedades y bienes personales. La represión no se detiene en las fronteras nacionales, pues expertos de HRW y de la ONU han documentado que opositores en el extranjero son víctimas de acoso, amenazas de muerte y agresiones físicas.
Desde el inicio de la crisis en 2018, organizaciones locales de derechos humanos han reportado que al menos siete figuras de la oposición en el exilio han muerto en asesinatos o han sido blanco de ataques violentos.
El sector religioso y el periodístico también han sido golpeados con severidad. Las cifras indican que más de 200 integrantes de la Iglesia Católica han sido forzados al exilio, deportados o tienen prohibido volver a su país desde 2022. En cuanto a la libertad de prensa, entre el año 2018 y mediados de 2025, un total de 293 periodistas abandonaron Nicaragua, lo que representa la segunda cifra de desplazamiento de comunicadores más alta de toda la región.
Finalmente, HRW enfatiza que Daniel Ortega se ha mantenido en el cargo desde el año 2007, beneficiándose de una reforma en 2014 que eliminó las restricciones a la reelección. Desde 2018, el país ha bloqueado el acceso a cualquier entidad internacional de observación, consolidando un aislamiento que impide la fiscalización externa de los derechos fundamentales.
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