El magistrado de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha dictaminado la puesta en libertad bajo fianza para Francisco de Borbón, estableciendo al mismo tiempo una prohibición estricta de abandonar el territorio español. El sujeto fue aprehendido el pasado martes debido a su supuesta participación en un esquema de blanqueo de capitales. Esta trama está vinculada a la investigación contra el antiguo inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), a quien las autoridades descubrieron más de 20 millones de euros en efectivo ocultos en las paredes de su domicilio.
Según han precisado fuentes jurídicas, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 ha acogido el planteamiento de la Fiscalía Antidroga. En consecuencia, ha dispuesto que el procesado consigne una fianza de 50.000 euros. Además de la restricción migratoria, se le ha retirado el pasaporte y se le ha impuesto la obligación de presentarse de manera semanal ante la sede judicial.
Otros implicados en el proceso judicial
La resolución del juez también ha beneficiado a otros dos individuos que fueron puestos a disposición de la justicia este miércoles. Se trata de Tirso Muyo y Claudia Mireya Muñoz, a quienes se les otorgó la libertad tras el pago de fianzas fijadas en 60.000 y 20.000 euros, respectivamente. Al igual que en el caso de de Borbón, ambos deberán cumplir con las mismas medidas cautelares de comparecencia y prohibición de salida del país.
Francisco de Borbón es hijo de Francisco de Borbón y Escasany, actual duque de Sevilla, y posee un vínculo de parentesco como primo del Rey emérito Juan Carlos I. Su detención figura como una de las cuatro capturas más recientes ejecutadas por los cuerpos de seguridad en el desarrollo de esta compleja indagación judicial.
Nexos con el narcotráfico internacional
El núcleo de la investigación se centra en desarticular una presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína a gran escala. Según las pesquisas, el exjefe de la UDEF, Óscar Sánchez Gil, habría desempeñado una función determinante dentro de esta estructura delictiva.
El proceso legal abarca a diversas compañías que estarían sirviendo como fachada para el narcotráfico. Las actuaciones se intensificaron tras el histórico decomiso de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz) durante octubre de 2024. Dicho operativo, liderado por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, representa el mayor cargamento de esta droga incautado hasta la fecha en España y el segundo de mayor volumen en todo el continente europeo.
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