La relación bilateral entre Panamá y la República Popular China atraviesa un momento de alta fricción diplomática tras la reciente anulación del contrato de concesión de Panama Ports Company. Esta controversia ha escalado hacia el terreno político, generando pronunciamientos severos a raíz de la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano.
Ante este escenario, el mandatario panameño, José Raúl Mulino, rechazó de forma contundente las posturas manifestadas por la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado chino. El jefe de Estado hizo hincapié en que Panamá se rige como un Estado de Derecho, donde impera la independencia judicial. Mulino aclaró que las resoluciones del Órgano Judicial son autónomas y no están sujetas a coacciones externas o conveniencias de carácter político.
Defensa de la soberanía jurídica
El presidente Mulino argumentó que la decisión sobre la terminal portuaria se enmarca estrictamente en el ordenamiento institucional y la Constitución panameña. Manifestó que la nación actúa bajo principios de legalidad y seguridad jurídica, asegurando un respeto total a las instituciones nacionales.
Asimismo, se informó que la Cancillería panameña se encargará de analizar el comunicado oficial del gobierno asiático para determinar las acciones diplomáticas pertinentes. Mulino reiteró que su administración no tiene injerencia en los dictámenes de los tribunales y que el Gobierno tiene la obligación legal de acatar los fallos judiciales vigentes.
La tensión se intensificó luego de que la entidad china calificara la resolución judicial como
“absurdo” y “extremadamente ridículo”
además de lanzar una advertencia directa, señalando que Panamá “pagará un alto precio” tanto en lo político como en lo económico si la medida no es revocada.
De acuerdo con informes internacionales, el organismo de China considera que esta sentencia vulnera el espíritu contractual y perjudica gravemente el entorno empresarial. Sugirieron además que la decisión judicial podría estar influenciada por intereses de terceros países, en una clara alusión a los Estados Unidos.
Impacto económico y arbitraje
Desde la perspectiva de China, la concesión portuaria ha operado legítimamente por casi tres décadas, contando con renovaciones autorizadas por los gobiernos de turno. Argumentan que la anulación del contrato es, en sí misma, una transgresión al Estado de derecho. Se resaltó que la firma CK Hutchison ha destinado una inversión superior a los 1,800 millones de dólares en Panamá, lo que ha permitido la creación de miles de puestos de trabajo. Según la versión china, este fallo golpea la credibilidad internacional del país y su rol en el comercio de la región.
En respuesta a la situación, el pasado martes 3 de febrero, la empresa Panama Ports Company oficializó el inicio de un proceso de arbitraje internacional contra el Estado. Esta medida surge tras la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato que les permitía gestionar los puertos estratégicos de Balboa y Cristóbal. La compañía alega una vulneración directa a sus derechos y buscará obtener una compensación económica en tribunales extranjeros.
Razones del fallo judicial
La Corte Suprema fundamentó su decisión de declarar inconstitucional el contrato con la filial de CK Hutchison basándose en diversas irregularidades. El vínculo, que permitía administrar Balboa y Cristóbal desde 1997, fue cuestionado por falta de transparencia y fallas en los procesos de renovación.
Los magistrados del máximo tribunal señalaron que el documento no cumplía con los preceptos establecidos en la Constitución para las concesiones públicas. La auditoría de la Contraloría General fue clave para detectar debilidades en la supervisión estatal y en los mecanismos de equiparación aplicados durante años, temas que ya habían sido objeto de críticas por sectores jurídicos y civiles.
Geopolítica y el factor BlackRock
Este conflicto trasciende las fronteras panameñas y se sitúa en una disputa geopolítica global. Se conoció que en 2025, CK Hutchison planeaba vender sus activos en el país a un consorcio liderado por el gigante financiero BlackRock. Dicha transacción estaba valorada en más de 22,000 millones de dólares.
No obstante, el movimiento comercial se detuvo debido a las fricciones entre China y Estados Unidos por el control de infraestructura crítica. Representantes de Washington habían manifestado dudas sobre la permanencia de compañías ligadas al estado chino en las cercanías del Canal de Panamá, citando posibles riesgos para su seguridad nacional.
Internamente, el gobierno panameño ha dado un mensaje de calma, asegurando que las actividades en los puertos de Balboa y Cristóbal operan de forma habitual. Se ha puesto en marcha un plan de transición para proteger las plazas de empleo y asegurar el servicio a los clientes globales, prometiendo que todo el proceso será bajo estándares de orden y transparencia.
Finalmente, diversos gremios del sector privado en Panamá han expresado que, si bien el fallo genera dudas momentáneas, representa una oportunidad para fortalecer los procesos contractuales del país. Coinciden en que es vital garantizar que las futuras concesiones se realicen bajo marcos legales robustos para mantener la confianza de los inversionistas sin comprometer el patrimonio nacional.
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