El ciudadano Juan Fernando Petro ha rechazado de forma tajante las recientes denuncias que sugieren una presunta financiación irregular en la campaña electoral de su hermano, el actual mandatario Gustavo Petro. Esta reacción surge tras la filtración de un material sonoro y una fotografía vinculados al narcotraficante Andrés Felipe Marín Silva, conocido bajo el alias de “Pipe Tuluá”, quien ya fue extraditado.
Cuestionamientos sobre el ‘Pacto de La Picota’
Las evidencias mencionadas han reavivado el debate nacional en torno al denominado Pacto de La Picota y la transparencia de los fondos utilizados durante la contienda por la presidencia de la República. Según la información difundida, el capo criminal habría asegurado poseer pruebas contundentes antes de ser enviado a los Estados Unidos para responder ante la justicia de ese país.
En la grabación atribuida al narcotraficante se escucha la siguiente afirmación:
“A su hermano sí lo compramos y tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña. Tenemos videos, audios, consignaciones… esas pruebas las tengo y las voy a pasar a Estados Unidos”
Ante estas graves aseveraciones, Juan Fernando Petro desmintió categóricamente cualquier tipo de transacción económica con estructuras criminales. Aseguró que no posee ninguna clase de vínculo personal con el extraditado y fue enfático al declarar sobre el material gráfico que circula en medios: “Esa foto es un montaje”.
Denuncias de chantaje y motivaciones detrás del audio
Durante sus declaraciones, el hermano del jefe de Estado reveló que meses atrás su círculo familiar fue víctima de un intento de extorsión. En aquel momento, se les hizo llegar un video en el que supuestamente él aparecía recibiendo fajos de dinero; no obstante, tras una inspección detallada del material, se determinó que Juan Fernando Petro no figuraba en las imágenes presentadas por los emisores.
A juicio de Juan Fernando Petro, la difusión de este audio responde a una estrategia con fines netamente electorales. El implicado argumenta que estas acciones estarían vinculadas a movimientos políticos que registran una baja intención de voto. Además, aclaró los siguientes puntos clave sobre sus actividades:
- Su contacto con el entorno del narco se limitó exclusivamente a la abogada de Pipe Tuluá.
- Dichas gestiones se realizaron en el marco de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos.
- Sostiene que jamás mantuvo una comunicación directa con el delincuente.
La situación jurídica se encuentra actualmente bajo la lupa de la Fiscalía General de la Nación, organismo encargado de evaluar la veracidad y el peso legal de los elementos prometidos por Marín Silva. Simultáneamente, se espera el trámite para la entrega de este material a las agencias gubernamentales de Estados Unidos tras la extradición del cabecilla.
Investigaciones y visitas a centros penitenciarios
El caso también involucra al supuesto “Cartel de la Picota”, con señalamientos de presuntas entregas de capital a instituciones como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Por otro lado, aunque existen registros oficiales en las minutas de ingreso a la cárcel La Picota que confirman visitas de Juan Fernando Petro, los voceros de la campaña han reiterado que dichas entradas se efectuaron bajo el amparo del proyecto de “paz total” y no formaron parte de acuerdos clandestinos.
Finalmente, el presidente Gustavo Petro ha defendido la gestión de su administración frente a la criminalidad organizada. El mandatario subrayó que su gobierno ha autorizado una cifra récord de extradiciones de capos hacia territorio estadounidense, lo cual, desde su perspectiva, desvirtúa cualquier supuesta alianza. Por su parte, Juan Fernando Petro concluyó que jamás existió trato alguno con el entorno de Pipe Tuluá y que los señalamientos son solo un mecanismo de presión política.
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