La organización internacional Human Rights Watch (HRW) ha presentado su balance anual correspondiente al año 2025, exponiendo una alarmante cifra de 2.000 ahorcamientos ejecutados por el régimen en Irán. El documento detalla que este incremento histórico en la aplicación de la pena capital viene acompañado de una ola de arrestos arbitrarios y una persecución constante dirigida hacia las mujeres, minorías de carácter religioso y voces disidentes dentro del país.
Según denuncia HRW, el sistema judicial iraní aplicó la pena de muerte de forma recurrente mediante procesos legales considerados como “gravemente injustos”. Se destaca que las autoridades impusieron la máxima sanción por delitos que, bajo estándares internacionales, no califican como los más graves, incluyendo infracciones relacionadas con estupefacientes o cargos de seguridad nacional redactados con definiciones imprecisas.
Cifras sin precedentes desde la década de los 80
Datos proporcionados por el Centro Abdorrahman Boroumand, con base en Estados Unidos, confirman que las 2.000 ejecuciones registradas en 2025 representan el pico más alto de aplicación de la pena de muerte desde finales de los años 80. De este total, se estima que el 50% de los casos estuvieron vinculados a delitos de drogas, lo cual contradice abiertamente las normativas de derecho internacional.
Ante esta situación, la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán de la ONU ha emitido una advertencia severa, señalando que estos actos podrían ser catalogados como crímenes de lesa humanidad. El informe de HRW cita textualmente la posición de la misión:
“Si las ejecuciones forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, como política de gobierno, entonces los responsables —incluidos los jueces que imponen la pena capital— pueden ser considerados responsables de crímenes de lesa humanidad”.
El reporte también enfatiza que el régimen ha intensificado el uso de la pena máxima en contextos políticos, ensañándose particularmente con las mujeres. Un caso emblemático es el de la activista Zahra Shahbaz Tabari, quien recibió una sentencia de muerte por el cargo de “rebelión armada” tras enfrentar un proceso judicial que, de acuerdo con su propio testimonio, no superó los 10 minutos de duración.
Dentro de la lista de las 2.000 personas ejecutadas se encuentran también los nombres de Mojahed Kourkour y Merhan Bahramian. Ambos fueron condenados por su rol en las movilizaciones sociales de 2022, las cuales estallaron tras el fallecimiento de Mahsa Amini mientras se encontraba bajo custodia policial, presuntamente por no portar el velo islámico según las normas del régimen.
Incremento de arrestos y persecución a activistas
El año 2025 se caracterizó por un repunte notable en las detenciones arbitrarias. Durante el mes de agosto, la fuerza policial de Irán informó sobre la captura de 21.000 ciudadanos en el marco de la denominada “guerra de los 12 días” contra Israel. Los detenidos fueron señalados por manifestar presunto apoyo o regocijo ante las acciones militares israelíes.
La maquinaria de represión también golpeó directamente a los defensores de los derechos humanos. Un caso de relevancia global es el de Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz, quien fue arrestada en diciembre junto a otras 38 personas mientras asistían al sepelio de un abogado cuya muerte ocurrió bajo circunstancias no esclarecidas.
HRW ha sido enfático al señalar que, dentro de la República Islámica de Irán, tanto mujeres como niñas padecen niveles críticos de violencia y discriminación. Esto se debe a un marco legal que restringe sistemáticamente la igualdad de derechos en temas fundamentales como el matrimonio, el divorcio, la herencia y la custodia de los hijos, lo que las relega a una posición de ciudadanas de segunda clase.
Conflictos económicos y movilizaciones recientes
Es importante precisar que este informe no alcanza a cubrir la totalidad de la represión derivada de las protestas iniciadas el pasado 20 de diciembre. Dichas manifestaciones, motivadas inicialmente por la crisis económica, se transformaron rápidamente en un reclamo masivo por el fin del sistema de gobierno islámico.
En cuanto al costo humano de estas últimas revueltas, las cifras oficiales admiten 3.117 fallecidos. No obstante, organizaciones de la sociedad civil como HRANA elevan la cifra de muertes a 6.842, mientras mantienen bajo investigación otros 11.000 posibles homicidios y reportan una cifra superior a los 40.000 arrestos.
El presidente de la nación, Masud Pezeshkian, se pronunció sobre el saldo de las víctimas el domingo 1 de febrero mediante un comunicado oficial:
“Me gustaría informar con tristeza a la noble nación de Irán que el número total de víctimas de los recientes acontecimientos es de 3.117”.
Respecto a las inconsistencias en los datos, el mandatario detalló que existe una diferencia de 131 personas entre la cifra total y la lista nominal de 2.986 registros. Según Pezeshkian, este desfase se atribuye a identidades no identificadas y errores en el registro de documentos nacionales de identidad, asegurando que estos casos serán añadidos en un listado posterior una vez se verifiquen los datos.
Fuente: Fuente