El asambleísta nacional por Sociedad Patriótica Lucio Gutiérrez pidió al contralor general del Estado, Mauricio Torres Maldonado, realizar un examen especial del contrato suscrito entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la empresa Antroproyectos S. C., para la realización del voto telemático en el exterior para las elecciones anticipadas de agosto de 2023.
El exmandatario solicitó a la autoridad de control emplear los mecanismos necesarios para establecer responsabilidades en el proceso de contratación n.º LICS-CNE-001-2023 “servicio de soporte, acompañamiento y gestión para la participación de los ecuatorianos y las ecuatorianas que se encuentran empadronados en las circunscripciones especiales del exterior en la modalidad de votación telemática del Consejo Nacional Electoral elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023 y consulta popular Yasuní”. El contrato fue suscrito por $ 847.185,77.
Para el voto telemático en el exterior hubo 409.250 personas habilitadas para sufragar, de las cuales solo se inscribieron 123.851. De ese total, únicamente pudieron votar 51.562. Otros no pudieron sufragar por dificultades en el sistema informático.
La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE-OEA) levantó alertas y habló de fallas del sistema, que el voto telemático no garantizó la participación de los ecuatorianos residentes en el exterior, y además, advirtió que hubo contradicciones de la principal autoridad electoral, Diana Atamaint, y la ausencia de respuestas oportunas a los electores y organizaciones políticas.
El pasado 20 de agosto de 2023, en una de las salidas en cadena nacional de radio y televisión, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, sostuvo que la plataforma del voto telemático sufrió ataques cibernéticos que afectaron la fluidez para acceder a la votación. “Aclaramos también y hacemos énfasis en que los votos consignados no han sido vulnerados, se identificaron que estos ataques provinieron de siete países: India, Bangladés, Pakistán, Rusia, Ucrania, Indonesia y China”.
La Junta Especial del Exterior resolvió recomendar al pleno del CNE que declare la nulidad de las elecciones en el exterior mediante la modalidad del voto telemático, y ese informe fue acogido y se anularon las elecciones para las dignidades de asambleístas nacionales y representantes de los ecuatorianos residentes en el exterior, cuyo proceso electoral se repitió en la segunda vuelta electoral el 15 de octubre de 2023.
En el pedido formulado por el asambleísta nacional Lucio Gutiérrez (PSP) a la Contraloría describe que han transcurrido más de cien días desde que el sistema del voto telemático en el exterior, implementado para la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas de 2023, fracasó y, hasta la presente fecha, no se ha desarrollado un examen especial a este proceso.
El legislador, en su carta, manifiesta que la situación genera múltiples preocupaciones por el posible mal uso de dineros públicos y el silencio de la autoridad administrativa del CNE, Diana Atamaint, responsable de la firma del contrato con Antroproyectos S. C.
Según Gutiérrez, la presidenta del CNE buscó contratar a empresas relacionadas entre sí y sin experiencia y entregó un contrato por $ 847.185,77. Luego del fracaso del voto telemático, las elecciones para legisladores tuvieron que repetirse en las tres suscripciones del exterior y en segunda vuelta electoral. Además, al monto del contrato se sumaron $ 2,8 millones por concepto de repetición de elecciones, añade.
Lucio Gutiérrez señala en su pedido que una interpretación distorsionada de la inmunidad, de la que ha hecho uso la presidenta del CNE, Diana Atamaint, no puede obstruir ni limitar el trabajo de la Contraloría; mucho menos “las recurrentes convocatorias a procesos y periodos electorales, convertidas hoy en un blindaje que busca entorpecer el ejercicio democrática de fiscalización y la rendición de cuentas”.
El asambleísta del Partido Sociedad Patriótica sostiene que el artículo 233 de la Constitución establece que ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. (I)
