Durante la tarde del pasado 1 de febrero de 2026, se ratificó el deceso de José Gonzalo Sánchez, conocido bajo el pseudónimo de alias Gonzalito. El sujeto era considerado el segundo líder en importancia dentro de la estructura del Clan del Golfo, organización que también se autodenomina como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
Según los informes emitidos por fuentes oficiales y posteriormente corroborados por el propio grupo armado, el fallecimiento se produjo a raíz de un accidente fluvial ocurrido en el municipio de Tierralta, situado en el departamento de Córdoba. El siniestro tuvo lugar el viernes 30 de enero, en momentos en que el cabecilla se desplazaba hacia la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) con el objetivo de integrarse a una fase de conversaciones con el Gobierno nacional.
Sánchez, quien también utilizaba las identidades de Willington, Ramiro y Chimbita, ocupaba una silla en el Estado Mayor Conjunto del EGC. Además, se desempeñaba como uno de los portavoces principales de la organización criminal en la mesa de diálogos de paz que tuvo su origen en Doha, Catar.
La desaparición de alias Gonzalito genera un vacío de poder que plantea interrogantes sobre quién asumirá la dirección de las operaciones delictivas. Este suceso obliga a una reconfiguración interna del grupo, afectando directamente la gestión de sus recursos financieros y sus planes de expansión en el territorio.
Los posibles sucesores en la cúpula del Clan del Golfo
Informes de inteligencia militar y los recientes carteles de los más buscados sugieren que, ante la ausencia de Gonzalito, al menos seis individuos entrarían en una pugna por ocupar su lugar. Es importante recordar que la jefatura máxima de la organización criminal continúa bajo el mando de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo.
Entre las figuras que emergen para el relevo se encuentra José Elías Cortés Velásquez, conocido como alias Chalia. Se le señala como un eslabón crítico en la operatividad y las finanzas del narcotráfico, y el Estado ofrece una recompensa de 500 millones de pesos por su captura.
Otro nombre relevante es el de Nedier Alexander Moreno Guisao, alias Chibolo. Este individuo es rastreado por las autoridades debido a su presunta responsabilidad en homicidios y ataques contra defensores de derechos humanos, además de sabotear la implementación de los acuerdos de paz en las zonas de Urabá y Antioquia.
Asimismo, destaca alias Richard, quien funge como el jefe principal del Frente Central Urabá. A este líder se le atribuye la autoría intelectual de diversas agresiones contra la fuerza pública en el occidente antioqueño. Por su paradero, la Policía Nacional mantiene una recompensa vigente de 500 millones de pesos.
En la zona del nordeste antioqueño, las autoridades identifican a alias Pinky como un cabecilla clave en el manejo de finanzas y la coordinación de desplazamientos forzados. La recompensa por información que lleve a su captura alcanza los 640 millones de pesos. Se ha hecho énfasis en no confundirlo con otro criminal detenido en 2025 en la capital del país.
La lista de potenciales herederos del mando se completa con Osneider Ruiz Arroyo y Rober Alexander Martínez Velásquez. Ambos son considerados piezas fundamentales en la ejecución de actos violentos que han vulnerado a líderes sociales en departamentos como Chocó, Antioquia y Córdoba. Por Ruiz Arroyo, vinculado también al sicariato y control de rutas de droga, se ofrecen hasta 500 millones de pesos.
Finalmente, figura Urainer Gilberto Córdoba Buenaventura, conocido como alias Tocayo. Este hombre es requerido por la justicia por el delito de concierto para delinquir y por atentar contra la integridad de activistas sociales. En su caso, la recompensa se ha fijado en 50 salarios mínimos.
Perfil y trayectoria de alias ‘Gonzalito’
Natural de la ciudad de Montería, José Gonzalo Sánchez Sánchez consolidó una extensa trayectoria en la criminalidad organizada. Su historial registra su paso por la desmovilización del Bloque Catatumbo de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
A partir de finales de 2017, asumió la comandancia del Bloque Roberto Vargas Gutiérrez dentro de la estructura del Clan del Golfo. Dicho bloque está integrado por seis frentes y una comisión, sumando aproximadamente 1.246 efectivos con presencia en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Sucre y Bolívar.
“Sobre el fallecido pesaban múltiples órdenes de captura por delitos como homicidio, terrorismo, extorsión y tráfico de armas.”
Su perfil delictivo trascendió las fronteras, pues la justicia de Estados Unidos lo requería en extradición por su responsabilidad en el envío masivo de cargamentos de cocaína hacia territorio norteamericano. En julio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de Colombia dio luz verde a este proceso de extradición, reafirmando su estatus como el segundo hombre más importante de la organización criminal. Hasta el día de su muerte, el Gobierno colombiano mantenía una recompensa de 5.000 millones de pesos por su aprehensión.
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