A través de un reciente auto judicial, el magistrado Leopoldo Puente ha determinado que el Tribunal Supremo ya no posee la competencia necesaria para liderar la instrucción y el posterior enjuiciamiento de la pieza separada donde se investiga al exministro José Luis Ábalos. Esta resolución surge tras la renuncia de Ábalos a su escaño en el Congreso de los Diputados, hecho que provoca la pérdida de su fuero especial, siendo él la única persona dentro del grupo de investigados que contaba con dicha condición.
En consecuencia, el juez ha ordenado que el expediente sea enviado al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Este es el órgano jurisdiccional de origen donde ya se desarrollan otras diligencias vinculadas a esta trama que involucran a otros implicados. Asimismo, el magistrado ha notificado que el periodo establecido para la instrucción de la causa se mantiene prorrogado hasta el próximo 8 de marzo.
El foco principal de esta pieza judicial es desentrañar una presunta red de amaños en adjudicaciones de obra pública, además de la gestión de comisiones irregulares que habrían beneficiado a exfiguras del ámbito socialista, tales como Koldo García, el exministro José Luis Ábalos y Santos Cerdán, quien se desempeñó como secretario de Organización del PSOE.
Diferenciación de las líneas de investigación
Es importante destacar que este proceso se mantiene independiente de otra ramificación del caso, la cual ya ha avanzado hacia la fase de juicio en el Tribunal Supremo. Aquella otra línea se centra específicamente en los contratos presuntamente anómalos para la provisión de insumos sanitarios durante la pandemia de COVID-19, con especial énfasis en la compra de mascarillas y equipos de protección.
En la pieza que ahora se traslada, los peritos judiciales indagan si, en el periodo comprendido entre 2018 y 2023, los imputados aprovecharon su influencia y posición política para gestionar contratos de obras públicas en favor de compañías específicas. Estos actos podrían constituir delitos graves como prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y la integración en una organización criminal.
De acuerdo con los reportes de la Guardia Civil remitidos a la alta corte, existen registros de grabaciones y datos sobre el patrimonio de los implicados que apuntan a que empresarios del sector de la construcción pudieron haber efectuado pagos. Estas compensaciones, realizadas presuntamente en metálico o mediante otros sistemas financieros, habrían servido para asegurar la adjudicación de contratos sin cumplir con los protocolos de libre competencia.
Dentro de las pesquisas, resalta el seguimiento de flujos de dinero y transferencias vinculadas a firmas como Acciona o la cooperativa Erkolan. La justicia busca determinar si ciertos pagos efectuados durante años fueron en realidad retribuciones ilícitas canalizadas a través de terceras personas para ocultar el rastro de los fondos.
Asimismo, la investigación pone la lupa sobre el uso de las denominadas empresas “pantalla”, a menudo registradas a nombre de allegados o familiares de los sospechosos. Estos mecanismos habrían servido supuestamente para el blanqueo de capitales, coincidiendo temporalmente la asignación de contratos públicos con el incremento del patrimonio personal de los investigados.
Tras este movimiento judicial, la lista de personas que mantienen la condición de investigados en la causa remitida a la Audiencia Nacional incluye a:
- José Luis Ábalos Meco
- Koldo García Izaguirre
- Víctor Gonzalo de Aldama Delgado
- Santos Cerdán León
- José Ruz Martínez
- Antonio Fernández Menéndez
- Daniel Fernández Menéndez
- Fernando Agustín Merino Vera
- Joseba Antxon Alonso Egurrola
- Justo Vicente Pelegrini
- Manuel José García Alconchel
- Tomás Olarte Sanz
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