El texto del acuerdo contempla expulsar a migrantes ilegales a Ruanda, con garantías de seguridad. Debe ser aún ratificado.
Reino Unido y Ruanda firmaron el martes un nuevo tratado en un intento de revivir la controvertida propuesta de Londres de expulsar migrantes a este país de África, tres semanas después del rechazo de un proyecto anterior.
El gobierno británico intenta salvar esta medida emblemática de su política contra la inmigración ilegal, después de que la Corte Suprema de Reino Unido censurase un primer proyecto a mediados de noviembre.
El nuevo acuerdo fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores de Ruanda, Vincent Biruta, y el ministro del Interior británico, James Cleverly, en Kigali.
«Hemos buscado esta asociación con Reino Unido porque creemos que tenemos un papel que desempeñar en esta crisis de inmigración ilegal», aseguró Biruta en un rueda de prensa, en la que Cleverly declaró sentir «una inmensa admiración por el gobierno ruandés, que recibió muchas críticas».
Destacan «garantías» de seguridad
Este nuevo tratado «responderá a las preocupaciones de la Corte Suprema garantizando, en particular, que Ruanda no expulsará a otro país a las personas trasladadas en el marco de la asociación», indicó anteriormente un comunicado del Ministerio del Interior, en respuesta a una de las principales preocupaciones de los magistrados británicos.
El texto, de 43 páginas, es «jurídicamente vinculante» en el derecho internacional y ofrece garantías de que los migrantes expulsados a Ruanda «no puedan ser expulsados a otro país en el que sus vidas o su libertad estén amenazadas», según el Ministerio británico de Interior.
El nuevo acuerdo incluye la creación de «un tribunal conjunto con jueces ruandeses y británicos en Kigali para garantizar la seguridad de los migrantes y que ninguno de los migrantes enviados a Ruanda sea expulsado a su país», declaró en la rueda de prensa el portavoz adjunto del gobierno ruandés, Alain Mukuralinda. «Y también se asegurará de escuchar todas las quejas de los migrantes», continuó.
Una vez firmado, el texto deberá ser ratificado por los parlamentos británico y ruandés.
