En un movimiento que redefine el panorama judicial de Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, comunicó la próxima entrega de un proyecto de Ley de Amnistía General ante la Asamblea Nacional. Esta normativa pretende abordar la situación de los detenidos por motivos políticos, abarcando el extenso periodo comprendido entre el año 1999 y la actualidad, etapa que la funcionaria describió como marcada por la confrontación y la violencia política.
El anuncio se realizó en el marco del inicio de las actividades del año judicial, durante una sesión solemne en el Tribunal Supremo de Venezuela. Según detalló Rodríguez, la iniciativa cuenta con el respaldo de Nicolás Maduro. Por ello, se ha instruido a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz para que gestionen la presentación del documento ante el Poder Legislativo con carácter de urgencia.
Objetivos y fundamentos de la amnistía
La propuesta legal tiene como propósito fundamental el restablecimiento de la justicia y la convivencia nacional, procurando sanar las secuelas de años de conflicto. Durante su intervención, la mandataria interina enfatizó que este proceso representa una
«oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela, con diferencias que las hay»
.
Asimismo, la funcionaria hizo un llamado directo a quienes se verán favorecidos por la ley y a los que ya han sido excarcelados recientemente, pidiéndoles que no sucumban ante la «venganza, la revancha y el odio». Subrayó la relevancia de coexistir dentro de un marco de pluralidad, diversidad y estricto apego a la legalidad vigente.
Exclusiones y límites del proyecto
Es importante señalar que la amnistía no será universal para todo tipo de delitos. El texto legal excluye taxativamente a los ciudadanos que se encuentren procesados o condenados por:
- Homicidio.
- Narcotráfico.
- Corrupción.
- Violaciones graves de Derechos Humanos.
Con esta delimitación, el oficialismo busca que los beneficios se concentren exclusivamente en personas arrestadas por su participación en actividades políticas, separándolas de criminales vinculados a delitos de alta gravedad.
Cifras actuales de detenidos y excarcelaciones
Por su parte, la organización Foro Penal informó que, desde el 8 de enero, la cifra de opositores que han recuperado su libertad supera los 700. No obstante, la ONG advirtió que aún existen más de 11.000 personas sometidas a diversas restricciones de libertad que calificó como «arbitrarias».
En su discurso ante el máximo tribunal, Rodríguez insistió en la necesidad de transitar hacia una reconciliación social que no ignore los principios de justicia. Al respecto, puntualizó:
«Desde la diversidad y la pluralidad que existe, podamos coexistir con respeto y por encima de todas las cosas, con respeto a la ley y a la justicia en Venezuela»
.
Este giro legislativo ocurre tras décadas de choques constantes entre el gobierno y la oposición, lo que ha generado una intensa presión tanto en el frente interno como en el ámbito internacional. Este escenario se ha agudizado tras la captura de Nicolás Maduro y las subsiguientes liberaciones de activistas y dirigentes políticos.
El plan anunciado por la presidenta interina contempla la instauración de canales específicos para procesar las solicitudes de amnistía, además de implementar programas de seguimiento para quienes egresen de los centros de reclusión. Esta estrategia tiene como fin último el fortalecimiento de la convivencia institucional y la readecuación del sistema judicial venezolano.
Finalmente, la agenda del ejecutivo interino busca dar respuesta inmediata a los clamores de familiares y sectores sociales que exigen soluciones reales a la polarización. Mientras tanto, organizaciones como Foro Penal continúan demandando una reforma integral de la justicia y las garantías penitenciarias en Venezuela, en medio de un contexto de liberaciones masivas y llamados a la pacificación nacional.
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