La administración encabezada por Miguel Díaz-Canel en Cuba ha sido señalada por ejecutar un esquema sistemático de reventa de petróleo suministrado por Venezuela. Este mecanismo financiero habría permitido a la élite gobernante captar recursos económicos críticos para mantener operativo su aparato represivo, según información proporcionada por funcionarios de Estados Unidos y analistas del exilio cubano.
De acuerdo con reportes especializados, la dictadura cubana habría comercializado aproximadamente el 60% del crudo recibido desde territorio venezolano entre finales de 2024 y el año 2025. Estas transacciones internacionales habrían derivado en ingresos millonarios para la estructura de poder en la isla, mientras la ciudadanía enfrentaba una crisis energética sin precedentes.
La investigación, apoyada por datos de Rolando Cartaya, investigador del Observatorio Cubano de Conflictos, revela que el régimen reexportó unos 40.000 barriles diarios hacia diversos mercados asiáticos. Esta maniobra se realizó en un contexto donde la población cubana sufría apagones prolongados que se extendían por gran parte de la capital y las provincias del interior.
“La Habana dispone de reservas de unos 14.500 millones de dólares, como demostró la investigación del Miami Herald sobre las finanzas del grupo militar GAESA, y ha estado involucrada por años en el comercio ilegal de petróleo, incluso revendiendo hasta el 60% de lo que le enviaba Venezuela”
afirmó Cartaya durante una entrevista técnica sobre la situación financiera de la isla. El impacto de la detención del exmandatario venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero fue inmediato para la economía cubana. Según el experto, actualmente el único flujo constante de crudo proviene de México, el cual resulta insuficiente para cubrir la demanda nacional, obligando al régimen a racionar la electricidad con breves periodos de servicio tras cortes de hasta 30 horas en provincias.

En medio de este escenario, el gobierno mexicano liderado por Claudia Sheinbaum sostuvo inicialmente que los suministros tenían una finalidad humanitaria. No obstante, diversas fuentes indican que la administración de México se encuentra analizando la suspensión de estos envíos debido a la creciente presión de la comunidad internacional.
Crisis social y aumento de la protesta
El seguimiento mensual realizado por el Observatorio Cubano de Conflictos ha documentado un notable incremento en las manifestaciones sociales motivadas por las fallas en los servicios básicos. Rolando Cartaya explicó que la falta de suministro eléctrico es el detonante principal de la indignación ciudadana:
“Los cortes eléctricos han sido el factor que más ha irritado a los cubanos a través de los años porque supone no poder dormir, no poder conservar los alimentos, no poder cocinar, afectan el bombeo de agua; y entonces esos apagones han repercutido en muchas protestas presenciales”
Durante el cierre de 2025, se registraron niveles récord de protestas en la isla, con incidentes que incluyeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y el levantamiento de barricadas en diversos sectores de La Habana.
La arquitectura financiera que sostiene al régimen depende de los recursos bajo control del conglomerado militar conocido como GAESA. Según los informes, este grupo reportó activos líquidos por más de 14.500 millones de dólares en cuentas bancarias en el extranjero. Se estima que la reventa de petróleo venezolano generó ganancias cercanas a los 1.300 millones de dólares durante el periodo analizado, mientras que la isla recibía importaciones de aproximadamente 70.000 barriles diarios.

Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders, enfatizó que estos fondos no tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
“los ingresos sobre los que se está intentando poner freno, son ingresos que no se dirigen al pueblo, ya que el petróleo importado por Cuba se dedicaba en su mayoría a ser revendido y permitir el sostenimiento del sistema represivo”
advirtió Larrondo. El activista denunció que el régimen ha dejado de cumplir sus funciones estatales básicas, enfrentando una carencia crítica de medicinas, personal médico y transporte.
“El régimen es únicamente, hoy más que nunca, una mera banda criminal con el único ánimo de seguir en el poder”
sentenció el representante de la ONG, añadiendo que la falta de liquidez complicará la capacidad de sostener la represión a mediano plazo.
Estrategias de control y antecedentes históricos
Para frenar el descontento, el gobierno cubano continúa utilizando tácticas de control represivo severo. Se recuerda el caso de seis ciudadanos en Encrucijada, Villa Clara, quienes recibieron condenas de hasta ocho años de cárcel por participar en protestas sonoras. Además, se ha alertado sobre el plan de contingencia “Baraguá”, un protocolo que otorga facultades al Ministerio del Interior y la Fiscalía General para realizar detenciones masivas y suspender derechos civiles mediante la declaración de un Estado de Guerra.

La alianza petrolera entre ambas naciones se consolidó en la década de 2000 a través de acuerdos firmados por Hugo Chávez y Fidel Castro. Bajo este pacto, Cuba suministraba personal médico y asesoría en inteligencia y seguridad a cambio de hidrocarburos, una estructura que fue fundamental para la permanencia de los gobiernos chavistas en el poder.
Ante la posibilidad de un estallido social de mayores proporciones, Larrondo considera que
“es más que posible que la población se manifieste crecientemente, y también que la respuesta del régimen cuente cada vez con menos recursos y empiece a desbordarse”
Sin embargo, Cartaya recordó la violenta trayectoria del régimen, citando eventos como el hundimiento del remolcador 13 de marzo en 1994 y la represión de las protestas del 11 de julio de 2021, como muestra de la disposición oficial para utilizar la fuerza letal con el fin de conservar el control.
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