Un alarmante informe presentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha revelado que durante el transcurso de 2025 se contabilizaron al menos 873 transgresiones contra la libertad religiosa en la isla. El organismo destacó que se registró un incremento significativo en las acciones represivas entre los meses de marzo y junio, coincidiendo con periodos de profunda crisis social en la nación caribeña.
La investigación detalla que la vigilancia por parte de las instituciones estatales se centró específicamente en las comunidades religiosas y los movimientos espirituales de carácter independiente. Esta fiscalización no solo alcanzó a las organizaciones, sino también a figuras clave como sacerdotes, líderes de fe, laicos, así como a presos políticos y sus círculos familiares.
Vigilancia y control estatal sobre la fe
A pesar de que el marco constitucional cubano define al país como un Estado laico y garantiza formalmente el derecho al culto, el OCDH sostiene que el control sobre los grupos religiosos es absoluto. Según el reporte, “las comunidades especialmente vigiladas fueron aquellas que, desde una ética religiosa, asumieron posturas críticas frente a la crisis nacional o que se movilizaron para ayudar a la gente pero por vías independientes al régimen”.
El documento enfatiza que las tácticas de hostigamiento “afectaron a iglesias y movimientos espirituales independientes, líderes religiosos, sacerdotes, laicos, presos políticos y familiares”. Estas evidencias permiten concluir a la organización que “el ejercicio de la libertad religiosa sigue subordinado a los intereses del poder político” dentro de la isla.
En el mes de junio, la jerarquía de la Iglesia Católica en Cuba publicó el mensaje titulado “Peregrinos de Esperanza” con motivo del Año Jubilar. En dicha misiva, los obispos católicos manifestaron su honda preocupación por la precariedad económica, los apagones constantes, el desabastecimiento de productos básicos y el fenómeno de la emigración que divide a las familias cubanas.
Dentro de sus peticiones, los prelados hicieron un llamado urgente para “crear un clima para llevar adelante los cambios estructurales, sociales, económicos y políticos que Cuba necesita”. La respuesta por parte de la administración gubernamental fue de rechazo inmediato, trasladando su descontento a los líderes eclesiásticos y bloqueando el ingreso a la isla de expertos internacionales que debían participar en un encuentro académico organizado por una institución católica.
Expulsiones y persecución a figuras religiosas
Un caso emblemático ocurrió en diciembre, cuando el sacerdote de origen mexicano José Ramírez, integrante de la Congregación de la Misión, fue forzado a abandonar el país. Las autoridades negaron la renovación de su permiso de residencia después de que el religioso hiciera sonar las campanas de la Iglesia de La Milagrosa en La Habana, un gesto interpretado como respaldo a los ciudadanos del barrio Santos Suárez que protestaban por las fallas eléctricas.
Informes provenientes de sectores católicos internos señalaron que la orden de salida fue gestionada por la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, bajo la dirección de Caridad Diego, tras presiones directas de la Seguridad del Estado. Ramírez se vio obligado a salir de Cuba en un lapso de pocas horas.
Por otro lado, la Seguridad del Estado mantuvo bajo asedio constante a Dagoberto Valdés Hernández, quien dirige el Centro de Estudios Convivencia (CEC), y a Yoandy Izquierdo Toledo en la provincia de Pinar del Río. Ambos activistas fueron objeto de citaciones recurrentes y restricciones de movilidad que les impidieron trasladarse a la capital en fechas consideradas críticas por el gobierno. Valdés, tras retornar de un viaje académico donde fue condecorado por una universidad extranjera, fue citado de inmediato, lo que demuestra la represalia por su visibilidad fuera de la isla.
Violaciones en prisiones y contra la masonería
El reporte de la ONG también incluyó el testimonio del pastor Alain Toledano Valiente, hoy en el exilio, quien denunció que su esposa Marilin Alayo fue citada nuevamente en agosto. Esta acción se enmarca en una persecución de larga data contra su familia, que en el pasado incluyó la prohibición al pastor de acompañar a su hija durante su enfermedad terminal.
Asimismo, el OCDH verificó que durante 2025 se negó sistemáticamente la asistencia espiritual a diversos reclusos de conciencia. Entre los afectados se encuentran:
- Oscar Sánchez Madan, coordinador de la organización FANTU.
- Roberto Pérez Fonseca, sentenciado tras las protestas del 11 de julio de 2021.
- Angel Jesús Veliz Marcando, también detenido por los sucesos del 11J.
Las autoridades carcelarias, bajo directrices de los órganos de seguridad, procedieron a decomisar objetos religiosos y a penalizar cualquier práctica espiritual que no contara con el visto bueno oficial.
Finalmente, el informe destaca que entre julio y agosto se intensificó la presión contra la Gran Logia de Cuba. La intervención del Estado en la masonería se manifestó a través del hostigamiento a figuras como Juan Alberto Kessel Linares y José Ramón Viñas Alonso, Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33. Se documentaron detenciones arbitrarias y procesos investigativos que buscan socavar la autonomía de estas instituciones fraternales.
La conclusión del Observatorio Cubano de Derechos Humanos es contundente: existe un patrón de presión sistemática diseñado para someter a los líderes de fe y fraternidades a los dictámenes políticos imperantes.
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