En una resolución reciente, la jueza federal Katherine Menéndez desestimó la solicitud presentada por el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, la cual buscaba detener la ejecución de la denominada operación Metro Surge. Esta iniciativa federal tiene como objetivo la persecución de inmigrantes indocumentados en el estado y ha generado una fuerte controversia tras reportarse el fallecimiento de dos ciudadanos por disparos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Dentro de un extenso documento de 30 páginas, la magistrada analizó la apelación de Ellison a la Décima Enmienda de la Constitución, señalando lo siguiente:
«Los demandantes piden al Tribunal ampliar la jurisprudencia existente en un nuevo contexto en el que su aplicación es menos directa: un despliegue sin precedentes de agentes federales de inmigración armados para aplicar agresivamente la normativa de inmigración»
.
Conflictos constitucionales y despliegue federal
La defensa legal de Minnesota se fundamentaba en la citada enmienda constitucional, que actúa como un escudo para los estados ante posibles intromisiones de las autoridades federales. No obstante, Menéndez —quien fue designada en su cargo por el expresidente Joe Biden— determinó que «ninguno de los casos en los que se basa son siquiera similares», desestimando así el argumento estatal.
La situación se enmarca en la estrategia migratoria del presidente Donald Trump, quien ha ordenado el despliegue de aproximadamente 3.000 agentes pertenecientes al ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para localizar y deportar a personas en situación irregular. Este movimiento motivó el recurso legal liderado por Ellison, que contó con el respaldo de las ciudades de Minneapolis y Saint Paul incluso antes de que se produjeran los tiroteos mortales.
Argumentos y protecciones legales
El reclamo del estado de Minnesota sostenía que la incursión de fuerzas federales obliga a las autoridades locales a desviar recursos policiales críticos. Además, denunciaban una presión indebida para que la región abandone su estatus de «ciudad santuario», término utilizado para describir los marcos legales que protegen a los extranjeros de ser deportados de manera inmediata.
A pesar de que la jueza Menéndez dejó entrever en su escrito que los agentes federales podrían haber actuado bajo motivaciones raciales y ejercido un uso excesivo de la fuerza, concluyó que los elementos del caso no son lo suficientemente concluyentes para decretar una suspensión preventiva de las operaciones en curso.
Reacciones desde el Gobierno Federal
La administración en Washington recibió con beneplácito el fallo judicial. La fiscal general federal, Pam Bondi, utilizó sus plataformas digitales para calificar el resultado como un éxito significativo.
«Otra gran victoria legal del Departamento de Justicia: una jueza de distrito nombrada por Biden ha rechazado el intento del fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, de sacar al ICE de Minnesota»
, manifestó la funcionaria.
Asimismo, Bondi fue enfática al declarar que:
«Ni las políticas santuario ni los litigios infundados pararán a la Administración Trump en su aplicación de las leyes federales en Minnesota»
. En esta misma línea, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó la sentencia como «una victoria para la seguridad pública y para ley y el orden».
Descontento en las autoridades locales
En contraposición, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, manifestó públicamente su «decepción» ante la resolución de la magistrada. A través de un comunicado oficial, el burgomaestre señaló los efectos negativos del operativo en la comunidad:
- Miedo: Incremento del temor entre la población migrante.
- Afectaciones: Daños colaterales en la convivencia ciudadana.
- Responsabilidad: Compromiso de seguir adelante con las acciones legales.
Frey concluyó su intervención asegurando que:
«Esta decisión no cambia lo que la gente ha pasado aquí con miedo, afectaciones y daño causado por la operación federal»
, y reafirmó que la ciudad seguirá defendiendo la demanda con el propósito de que la gestión de Donald Trump asuma las responsabilidades correspondientes por estas acciones en territorio estatal.
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