La actual presidenta encargada de la nación venezolana, Delcy Rodríguez, presentó oficialmente el pasado viernes una propuesta de ley de amnistía que tiene como objetivo la posible liberación de cientos de ciudadanos privados de su libertad por razones políticas. Entre los potenciales beneficiarios de esta medida se encuentran periodistas, activistas de derechos humanos y destacados dirigentes de la oposición que permanecen bajo custodia del régimen.
El anuncio se realizó durante una comparecencia pública emitida por la señal del Estado, en la cual participaron ministros, magistrados y altos mandos de las fuerzas armadas. En dicho espacio, Rodríguez enfatizó que la Asamblea Nacional, donde el oficialismo posee la mayoría, dará un trámite de “urgente” a este marco legal.
“Que esta ley sirva para sanar las heridas de la confrontación política alimentada por la violencia y el extremismo”
Según las declaraciones de la mandataria, la finalidad primordial de esta iniciativa es transformar la administración de justicia y fomentar una nueva etapa de convivencia entre los ciudadanos del país sudamericano.
Esta decisión, que ha sido una exigencia constante de los sectores opositores y cuenta con el respaldo diplomático de Estados Unidos, constituye la acción más reciente de una serie de determinaciones tomadas por Rodríguez desde su ascenso al poder el 3 de enero. Dicho cambio de mando se produjo tras la detención de Nicolás Maduro en el marco de una incursión militar estadounidense ejecutada en la ciudad de Caracas.
Transformación de centros de reclusión
Dentro del paquete de anuncios, la presidenta encargada notificó la clausura definitiva de la prisión de El Helicoide, situada en la capital venezolana. Este recinto ha sido señalado reiteradamente por organizaciones internacionales de derechos humanos como un sitio donde se practicaron torturas y múltiples vejaciones. Las autoridades proyectan convertir la edificación en un complejo destinado a fines sociales, culturales, deportivos y comerciales para el beneficio de las comunidades aledañas. Cabe destacar que el anuncio se dio en presencia de funcionarios que han sido acusados por víctimas y entidades humanitarias de ser responsables de dichos atropellos.
En las inmediaciones de El Helicoide, grupos de familiares permanecieron atentos a las palabras de Rodríguez a través de sus dispositivos móviles. El ambiente se tornó emotivo con gritos de “¡Libertad! ¡Libertad!” y lágrimas de esperanza. “Dios es bueno. Dios nos escuchó”, manifestó conmovida Johana Chirinos, familiar de uno de los detenidos.
Reacción de la oposición y cifras de detenciones
Por otro lado, la dirigente opositora y galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sostuvo que estos movimientos no nacen de una voluntad propia del régimen, sino que son la consecuencia directa de las presiones ejercidas por Washington. Machado subrayó que todavía hay personas encarceladas por motivos ideológicos desde hace más de veinte años y advirtió sobre la vigencia de las estructuras de persecución.
“El aparato represivo del régimen es brutal y ha respondido a las numerosas fuerzas criminales que le responden, y es todo lo que queda”
La organización no gubernamental Foro Penal reportó este jueves que la cifra de presos políticos que han sido excarcelados supera los 700 desde que se inició este proceso el 8 de enero. No obstante, la entidad advirtió que todavía persisten restricciones de libertad de carácter “arbitrario” para más de 11.000 individuos.
En el listado de personas capturadas tras los comicios del año 2024 se encuentran figuras como el abogado Perkins Rocha, el exgobernador Juan Pablo Guanipa y el exparlamentario Freddy Superlano. La normativa de amnistía propuesta por Rodríguez buscaría cubrir los hechos de violencia política registrados desde el año 1999, aunque dejaría fuera a quienes posean condenas por delitos de corrupción, narcotráfico, asesinato o violaciones graves a los derechos fundamentales.
Exigencias de transparencia y justicia
Pese a las promesas del régimen sobre una liberación masiva, diversos colectivos de familiares han denunciado la excesiva lentitud en las salidas de prisión. Alfredo Romero, quien preside el Foro Penal, señaló las condiciones necesarias para que este proceso sea legítimo:
“Una amnistía general es bienvenida siempre y cuando sus elementos y condiciones incluyan a toda la sociedad civil, sin discriminación, que no se convierta en un manto de impunidad y que contribuya a desmontar el aparato represivo de persecución política”
Asimismo, la organización Provea puso el foco en la opacidad del proceso y el ritmo pausado de las liberaciones, aclarando que una amnistía no debe ser confundida con un acto de clemencia o un indulto. “Recordamos que estas personas fueron encarceladas arbitrariamente por ejercer derechos protegidos por los instrumentos internacionales de derechos humanos, la Constitución Nacional y las leyes venezolanas”, puntualizó el grupo defensor de derechos básicos.
En el plano internacional, el Departamento de Estado de EE. UU. ratificó la salida de todos los ciudadanos estadounidenses que se encontraban en prisiones de Venezuela. Paralelamente, se confirmó el arribo de Laura Dogu para liderar la misión diplomática en Caracas. En las afueras de otro centro de reclusión, Edward Ocariz, quien recuperó su libertad tras cinco meses de encierro, se solidarizó con los familiares que aún esperan. Sus palabras reflejaron el sentir de muchos: “Todos los venezolanos hemos sufrido tanto, todo ha sido injusto, despiadado y atropellado nuestra dignidad. Nadie merece esto. Y hoy, los culpables siguen gobernando Venezuela”.
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