El máximo organismo judicial, el Tribunal Supremo de Canadá, ha emitido un fallo de inconstitucionalidad sobre el contrato de concesión otorgado al gigante empresarial de Hong Kong, CK Hutchison. Dicha licencia permitía la operación de dos terminales estratégicas en las proximidades del canal de Panamá. El acuerdo, que tiene sus raíces en el año 1997 y contó con prórrogas sucesivas, ha estado recientemente bajo el escrutinio de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien ha expresado su preocupación por la creciente presencia de China en esta ruta interoceánica fundamental.
Fallo tras deliberación judicial
A través de un comunicado oficial en plataformas digitales, el pleno de la Corte informó que, tras un periodo de «amplia deliberación y discusión», se determinó la invalidez de los contratos. Esta resolución responde a las demandas interpuestas por la interventora general, Anel Flores, quien cuestionó la legalidad de la Ley, sus adendas y los actos de renovación. En el pronunciamiento, se enfatizó que el tribunal actuó
«en cumplimiento de su obligación como guardiana de la Constitución, ha decidido declarar que son inconstitucionales»
los instrumentos legales que sustentaban la operación portuaria.
Los magistrados especificaron que la resolución impacta directamente al «contrato de concesión entre el Estado y la sociedad Panamá Ports Company». Esta entidad funciona como una filial de CK Hutchison y tiene a su cargo las actividades de desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las infraestructuras en los puertos de Balboa y Cristóbal.
Tensiones geopolíticas y soberanía
La disputa por el control de estas instalaciones ha generado un choque diplomático entre Washington y Pekín. Mientras Donald Trump ha sugerido incluso la posibilidad de que Estados Unidos tome el control de la vía para frenar la influencia asiática, el mandatario panameño, José Raúl Mulino, ha sostenido con firmeza que el canal es una infraestructura exclusivamente nacional sobre la cual Panamá posee y ejerce soberanía total.
En el año 2025, la interventora Anel Flores impulsó la demanda contra la extensión más reciente del vínculo contractual. Según los argumentos presentados, el pacto significó para el Estado una pérdida superior a los 1.000 millones de dólares (aproximadamente 838 millones de euros) por concepto de ingresos fiscales no percibidos. Asimismo, se alegó que la filial Panama Ports no cumplió con las validaciones requeridas para acceder al beneficio de la prórroga del contrato.
Actualmente, el panorama para CK Hutchison es sumamente complejo. La firma tenía planes de transferir sus activos en Balboa y Cristóbal a un grupo compuesto por el fondo de inversión estadounidense BlackRock y la naviera italiana Terminal Investment. Debido a que la sentencia del Tribunal Supremo es definitiva y no admite apelación, la empresa de Hong Kong solo cuenta con la posibilidad de solicitar aclaraciones técnicas o elevar el conflicto a un arbitraje internacional.
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