El principal responsable confeso de coordinar el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, identificado como Andrés Felipe Pérez Hoyos, ha roto el silencio sobre los pormenores del crimen ocurrido en las playas de Barú, cerca de Cartagena. Pérez Hoyos manifestó tener conocimiento certero sobre las identidades de quienes ordenaron el magnicidio, atribuyendo la autoría a una estructura delictiva de carácter transnacional con un poderío económico desmedido.
Según sus declaraciones en una entrevista reciente, el hecho de que no se conozca toda la verdad responde a una supuesta carencia de voluntad por parte de las instituciones y a los peligros mortales que conlleva señalar a los responsables. El implicado detalló que la organización responsable opera fuera de las fronteras de Colombia y posee recursos casi infinitos para ejecutar acciones violentas.
“Es una organización por fuera del país muy poderosa, que tiene el poder para hacer lo que quieren, asesinar o cualquier otra cosa”
Pérez Hoyos justificó su participación en el atentado indicando que actuó bajo el mando de sus superiores en dicha red, con la cual mantenía vínculos desde hace varios años.
“A mí me llega ese trabajo por orden de los jefes”
aseveró, reconociendo además que su implicación estuvo motivada por la codicia y el deseo de ascender en el escalafón criminal, sin medir el impacto de sus actos.
En un acto de aparente contrición, el procesado solicitó el perdón de los parientes del fiscal asesinado, mencionando específicamente a su madre y hermanos.
“Quiero aprovechar este espacio para, de todo corazón, pedirles perdón”
expresó al referirse al agravio causado.
Denuncias contra la justicia y amenazas de muerte
Por otro lado, el detenido arremetió contra la gestión judicial del caso, señalando directamente al fiscal Mario Andrés Burgos Patiño. Pérez Hoyos acusó al funcionario de bloquear sus intentos de colaboración y de negarse a recibir información crucial que permitiría dar con los cerebros de la operación. Aseguró que el fiscal le manifestó reiteradamente que no tenía interés en esos datos.
Esta supuesta obstrucción habría impedido el avance de las investigaciones hacia los niveles más altos de la organización. Asimismo, el reo advirtió que sobre él y otros involucrados pesa una sentencia de muerte. Según su relato, la red criminal habría destinado aproximadamente tres millones de dólares para silenciarlos desde el año pasado.
El testimonio también incluyó señalamientos sobre la situación jurídica de su esposa, quien, según él, ha sido procesada sin fundamentos. La defensa de Pérez Hoyos afirma haber hallado pruebas que fueron presuntamente ocultadas y que confirmarían la inocencia de su pareja. Respecto a supuestos lazos con delincuentes reconocidos en Medellín, el confeso autor negó vínculos directos, argumentando que el uso de alias en el hampa dificulta conocer las identidades reales de los implicados.
Para concluir, Pérez Hoyos manifestó su intención de cooperar con la nueva administración de la Fiscalía General de la Nación, siempre que existan garantías jurídicas. “Sí, yo sé quiénes son los autores intelectuales”, ratificó, enfatizando que el esclarecimiento del caso depende de la justicia colombiana.
Demanda millonaria de la familia Pecci
Paralelamente, los familiares de Marcelo Daniel Pecci Albertini han iniciado una acción legal por reparación directa. La demanda exige una indemnización que supera los 2.000 millones de pesos y vincula al Ministerio de Defensa, la Policía Nacional de Colombia y la cadena Hoteles Decameron. Los demandantes sostienen que hubo negligencias graves en la protección del fiscal durante su luna de miel en mayo de 2022.
El documento judicial resalta que el plan para acabar con la vida de Pecci se gestó desde el 2 de mayo de 2022, ocho días antes del crimen ocurrido el 10 de mayo. La familia considera que la respuesta de las autoridades fue extemporánea y omisiva ante la amenaza.
“Se reclama la responsabilidad de la Nación, como sujeto de derecho público, que responde por sus órganos —Ministerio de Defensa y Policía Nacional—, así como de Hoteles Decameron Colombia S.A.S., como sujeto de derecho privado”
Finalmente, los allegados de Pecci acusan a la cadena hotelera de una posible filtración de datos sobre la ubicación del fiscal, lo que habría servido de insumo para los sicarios. También recalcaron que varios de los participantes en el crimen tenían condenas previas vigentes, lo que demostraría fallos en el sistema de seguridad estatal.
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