En el último tiempo, se ha vuelto una constante para los usuarios de redes sociales encontrarse con agresivas campañas publicitarias que prometen descuentos de hasta el 100% y obsequios especiales por la primera compra en aplicaciones de comercio electrónico que distribuyen productos provenientes de Asia. Sin embargo, esta tendencia ha derivado en un severo conflicto corporativo y legal que enfrenta a Mercado Libre con la plataforma Temu, un caso que ya ha escalado hasta el Ministerio de Economía y los tribunales superiores.
La firma liderada por el empresario Marcos Galperín interpuso una denuncia formal contra su competidor asiático alegando publicidad engañosa y competencia desleal. El reclamo fue presentado ante la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno, organismo que se encuentra bajo la supervisión del Ministerio de Economía, dirigido por Luis “Toto” Caputo. A raíz de esta acusación, la administración gubernamental aplicó sanciones contra la aplicación china, imponiéndole la prohibición total de publicitar sus servicios y productos.
Este enfrentamiento legal, que ha ganado intensidad recientemente, tuvo su punto de partida en julio de 2025, aunque los detalles de la disputa no se habían hecho públicos hasta este momento. Ante la sanción, Temu presentó un recurso de amparo en el ámbito judicial con el objetivo de frenar las resoluciones del Ministerio de Economía. No obstante, el expediente se encuentra actualmente en un limbo jurisdiccional, lo que obligó a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) tome cartas en el asunto.
Acusaciones de competencia desleal
Desde Mercado Libre señalaron que la plataforma de origen chino desembarcó en el mercado local en marzo del año pasado bajo una táctica comercial extremadamente agresiva. La denuncia sostiene que la empresa ha estado
“vendiendo por debajo del precio y sirviéndose de publicidad engañosa y métodos comerciales coercitivos”
, asegurando que las promesas de regalos y beneficios totales eran imposibles de obtener para los consumidores debido a la existencia de “condiciones ocultas” que no se informaban con claridad.
El proceso administrativo estuvo a cargo de Hernán López Toledo, titular de la Dirección de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno. Tras una serie de intercambios legales y cuestionamientos sobre las notificaciones, los representantes de Temu presentaron su descargo formal el 10 de septiembre de 2025.
En su estrategia defensiva, la aplicación china rechazó tajantemente las imputaciones y acusó a Mercado Libre de utilizar su posición dominante en el sector para intentar bloquear a un nuevo competidor que ofrece precios más competitivos. Según Temu, la denuncia no tiene como fin real la protección del consumidor, sino el control monopólico del mercado.
La tensión administrativa alcanzó un punto crítico el 19 de noviembre de 2025, cuando las autoridades imputaron formalmente a Temu por supuestas violaciones a la ley de lealtad comercial.
De acuerdo con la resolución oficial, el organismo detectó indicios de que las dinámicas de “ruletas de descuentos” y ofertas de productos gratuitos generaban confusión o engaño en los usuarios. Por tal motivo, se dictó una medida preventiva que exige el cese inmediato de cualquier publicidad en plataformas digitales que ofrezca
“bienes gratuitos, descuentos y/o reembolsos que condicionen su efectivización a nuevas compras y/o mecanismos dilatorios que obstaculicen la concreción del beneficio ofrecido”
.
La respuesta de la plataforma extranjera fue inmediata. Temu apeló la medida administrativa argumentando que la sanción fue dictada por un funcionario sin competencia necesaria y que se vulneró su derecho constitucional a la defensa, al imponerse una sanción de carácter anticipado sin la debida apertura de un sumario de investigación ni la producción de pruebas.
Para enero de este año, la autoridad administrativa decidió cerrar la etapa de prueba y citar a las partes para los alegatos finales, omitiendo un pronunciamiento previo sobre la apelación presentada por la empresa china en noviembre. Esto llevó a Temu a solicitar una medida cautelar de urgencia ante la justicia para detener el avance del proceso administrativo, alegando arbitrariedad y desprotección jurídica.
La intervención de la Corte Suprema
El caso entró entonces en una fase de conflicto de competencia judicial. Inicialmente, la causa recayó en el fuero Civil y Comercial Federal, pero la Sala de Feria se declaró incompetente, argumentando que el asunto debía ser tratado por el fuero Contencioso Administrativo Federal, al tratarse de un acto emanado de la administración pública.
Tras el traslado del expediente, los magistrados de la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazaron hacerse cargo del caso este pasado lunes. Estos jueces defendieron que la normativa vigente establece que la revisión de temas relacionados con la defensa de la competencia y lealtad comercial es responsabilidad exclusiva del fuero Civil y Comercial Federal.
Esta discrepancia entre tribunales de igual jerarquía ha generado lo que legalmente se denomina un conflicto negativo de competencia. Ante la negativa de ambos fueros de asumir la titularidad del proceso, la Corte Suprema de Justicia deberá intervenir como máximo árbitro para determinar qué juzgado tiene la responsabilidad de resolver sobre la legalidad de las sanciones impuestas por el Gobierno a la plataforma de comercio electrónico.
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