La Organización de las Naciones Unidas ha determinado el cese de sus actividades de asistencia alimentaria en la región septentrional de Yemen. Esta drástica resolución responde a las crecientes restricciones y al hostigamiento ejercido por los rebeldes hutíes, un grupo que cuenta con el respaldo de Irán, según detallaron portavoces del organismo internacional este jueves.
Se anticipa que la retirada del Programa Mundial de Alimentos (PMA) agudice la ya crítica situación humanitaria en este territorio árabe. El cese de operaciones ocurre en un contexto marcado por la persecución de los insurgentes contra los colaboradores de la ONU y diversas entidades de auxilio, sumado a una severa carencia de recursos financieros.
El conflicto interno en Yemen se originó en el año 2014, cuando las fuerzas hutíes abandonaron su núcleo en la provincia de Saada para capturar la capital, Saná. Este avance forzó al gobierno reconocido por la comunidad internacional a trasladar su sede hacia el sur del país y, posteriormente, a establecerse en el exilio.
En la actualidad, los hutíes mantienen el dominio sobre la mayor parte del norte, incluyendo la ciudad de Saná. Por su parte, la administración oficial, que recibe el apoyo de una coalición militar liderada por Arabia Saudí, ejerce su autoridad en las provincias meridionales.
Impacto laboral y operativo
De acuerdo con informes de funcionarios de las Naciones Unidas, un total de 365 empleados del PMA destinados al norte de Yemen quedarán desvinculados de sus puestos al finalizar el mes de marzo. Fuentes internas justificaron esta medida señalando un “entorno operativo inseguro” en los territorios bajo control rebelde, además de la imposibilidad de sostener los programas por la falta de presupuesto.
Los informantes, quienes poseen conocimiento pormenorizado sobre las determinaciones internas del organismo, solicitaron el anonimato para discutir el cierre, el cual todavía no se ha comunicado de manera oficial.
Durante los últimos períodos, los hutíes han intensificado su control sobre la ONU en sus zonas de influencia. Esto ha incluido la detención de decenas de funcionarios internacionales, trabajadores de organizaciones no gubernamentales, miembros de la sociedad civil y personal vinculado a diversas delegaciones diplomáticas.
La presión de los insurgentes ha escalado en los meses recientes, registrándose incluso la toma violenta de oficinas de la ONU en Saná y otras localidades. Los rebeldes han lanzado acusaciones de espionaje contra los detenidos sin presentar evidencias, señalamientos que han sido categóricamente rechazados por la organización internacional.
Estas acciones represivas han limitado drásticamente la capacidad de ejecutar labores humanitarias en sectores que, paradójicamente, concentran cerca del 70% de las necesidades básicas de toda la población yemení.
Ramesh Rajasingham, responsable de las operaciones de ayuda en la nación, advirtió ante el Consejo de Seguridad de la ONU que más de 18 millones de ciudadanos podrían sufrir inseguridad alimentaria severa próximamente. El alto funcionario alertó que decenas de miles de personas están al borde de una:
“hambruna catastrófica”
bajo condiciones extremas de vulnerabilidad.
Por otro lado, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reveló que el financiamiento para las misiones en Yemen durante el año 2025 apenas alcanza el 25% de lo requerido. Un informe emitido el 4 de enero destaca que este déficit financiero ha obligado a reducir servicios críticos en áreas de salud y protección social.
La reducción de estas prestaciones fundamentales ha dejado a
“millones de personas sin atención esencial y expuestas a mayores riesgos”
, según sentenció la entidad humanitaria en su análisis más reciente sobre la crisis que atraviesa el país.
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