El respaldo a la labor que desempeña la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en los territorios ocupados ha sido ratificado por un grupo de once gobiernos. Estas naciones consideran que la permanencia de las operaciones de la agencia es un factor indispensable para asegurar la provisión de asistencia humanitaria y servicios vitales a la población civil, especialmente en zonas críticas como Jerusalén Este. Ante la reciente destrucción de infraestructuras de este organismo, los países han manifestado una profunda preocupación y han solicitado formalmente al Ejecutivo israelí que cese cualquier acción que limite su capacidad de gestión.
Las naciones de España, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Irlanda, Islandia, Japón, Noruega, Portugal y el Reino Unido han suscrito un comunicado conjunto para expresar su rotunda condena por la demolición de la sede de la UNRWA en Jerusalén Oriental, llevada a cabo por las autoridades de Israel. En el documento oficial, los estados firmantes describen esta medida como un acto sin precedentes dirigido contra una entidad de las Naciones Unidas, señalando que esta situación compromete seriamente la respuesta a las necesidades sociales de millones de palestinos.
En el marco de esta declaración, los once países exigen que Israel dé cumplimiento a sus compromisos legales internacionales. Específicamente, instan a garantizar la protección e inviolabilidad de las instalaciones y activos de la ONU, principios que están debidamente resguardados en los instrumentos constitutivos del organismo global. La petición colectiva enfatiza la necesidad urgente de paralizar todas las demoliciones que afecten la infraestructura de las agencias internacionales.
Defensa de los servicios básicos y salud
Los gobiernos involucrados reafirmaron su compromiso con el trabajo operativo de la UNRWA, destacando su relevancia en áreas como la educación, la salud y la logística de emergencia. Este apoyo es particularmente crucial para las comunidades que habitan en la Franja de Gaza y Jerusalén Oriental, donde el acceso a servicios básicos es limitado. Los firmantes sostienen que es fundamental que la agencia disponga de las garantías necesarias para trabajar sin bloqueos, manteniendo su rol como el principal gestor de ayuda en la región de conflicto.
La demolición de la sede central de la UNRWA es una violación inaceptable de los privilegios y las inmunidades que protegen a organizaciones internacionales como la ONU.
Previamente, la administración de España ya había fijado una posición crítica frente a estos hechos, subrayando que las acciones contra la sede de la UNRWA vulneran el marco jurídico que protege a las instituciones internacionales. Esta denuncia pública coincide con un panorama de alta tensión debido al deterioro del acceso a servicios esenciales, situación que ha sido alertada repetidamente por la ONU y diversos actores humanitarios ante el impacto directo en la población civil.
Esta intervención diplomática coordinada refleja una inquietud global sobre las trabas impuestas a la asistencia humanitaria. La misiva compartida por los once países resalta que la UNRWA no solo es un canal de ayuda directa, sino una pieza estratégica dentro del entramado de instituciones que operan en zonas de guerra. Se hace hincapié en que Israel, como Estado miembro de las Naciones Unidas, tiene la responsabilidad ineludible de salvaguardar las instalaciones de socorro, respetando la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.
Para concluir, los representantes gubernamentales enfatizaron que es inadmisible cualquier acción que bloquee la entrega de suministros médicos o sociales en los territorios afectados. El llamado conjunto insta al Gobierno de Israel a realizar una revisión profunda de sus políticas hacia las agencias de la ONU y otros organismos de asistencia, con el fin de permitir que la misión humanitaria de la UNRWA se desarrolle con total libertad y alcance.
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