Tras tres semanas de un bloqueo casi absoluto en las comunicaciones digitales, el gobierno de Irán ha comenzado a restaurar de forma fragmentada el acceso a la red. No obstante, esta reconexión no implica un retorno a la normalidad para los 92 millones de ciudadanos, sino la implementación de un sistema de vigilancia riguroso que determina quiénes pueden conectarse, por cuánto tiempo y bajo qué condiciones específicas. El apagón total se impuso el pasado 8 de enero, una acción que observadores internacionales describen como una táctica deliberada para ocultar la severidad de la represión contra las manifestaciones que iniciaron a finales de diciembre ante el colapso financiero del país.
El ministro de Relaciones Exteriores de la nación, Abbas Araghchi, justificó la medida asegurando que el corte fue una respuesta a lo que calificó como
“operaciones terroristas”
que supuestamente se infiltraron en las marchas. Araghchi sostuvo que grupos dirigidos desde el extranjero penetraron en las movilizaciones para atacar a civiles y fuerzas de seguridad, responsabilizando directamente a Estados Unidos e Israel de planificar los actos violentos.
El estallido social comenzó el 28 de diciembre en Teherán, motivado por la depreciación del rial iraní, una inflación descontrolada y el empeoramiento de la calidad de vida. En cuestión de horas, las quejas económicas escalaron a un cuestionamiento frontal contra la República Islámica. En decenas de provincias resonaron consignas contra el líder supremo, Ali Khamenei, y llamados a un cambio de régimen. El 8 de enero, coincidiendo con una convocatoria a movilización masiva del príncipe heredero exiliado Reza Pahlavi, las autoridades ejecutaron el apagón digital total y una respuesta represiva.
Entidades internacionales como NetBlocks, firma dedicada al monitoreo de la conectividad global, ratificaron que la interrupción alcanzó una magnitud sin precedentes. Tan solo 30 minutos después de iniciada la desconexión el 8 de enero, el 98,5% del tráfico de internet en Irán desapareció. A diferencia de eventos pasados donde el bloqueo tardaba días en completarse, el régimen logró aislar al país en segundos apoyándose en la infraestructura de su intranet nacional previamente desarrollada.
Restauración parcial y vigilancia en tiempo real
El diario de tendencia reformista Shargh reportó que, según versiones oficiales, se habría restablecido parcialmente el internet móvil. Sin embargo, gran parte de la población experimenta conexiones intermitentes y limitadas que solo funcionan tras múltiples intentos. Doug Madory, director de análisis en Kentik, advirtió que no se trata de una vuelta a la normalidad, sino que las autoridades podrían estar testeando un nuevo mecanismo para filtrar y controlar el tráfico web en tiempo real, permitiendo o bloqueando plataformas en distintos horarios.
Por su parte, Amir Rashidi, director de ciberseguridad en Miaan Group, señaló que la información disponible indica que solo un grupo selecto de personas autorizadas por el gobierno tiene acceso efectivo. Rashidi explicó que, aunque existan formas de utilizar redes privadas virtuales (VPN) mientras haya transmisión de datos, el Estado está enfocado en inhabilitar estas herramientas para sostener el dominio sobre la conectividad.
Grupos defensores de los derechos humanos sostienen que este cerco digital ha sido fundamental para restringir los informes sobre la violencia estatal. La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos (HRANA) confirmó que, al 26 de enero, se contabilizan 5.925 manifestantes fallecidos. La entidad alertó que el balance podría ser mucho mayor, ya que existen 17.091 muertes reportadas que se encuentran bajo proceso de verificación. Estas cifras contrastan con el dato oficial de las autoridades iraníes, que sitúan el número de muertos en 3.117.
Amnistía Internacional y la Relatora Especial de la ONU para Irán, Mai Sato, denunciaron que las fuerzas del orden emplearon munición real y armamento letal contra civiles en las 31 provincias, realizando disparos a la cabeza y al tórax. Sato subrayó que estas acciones podrían ser catalogadas como ejecuciones arbitrarias y asesinatos ilegales.
Impacto económico y acceso racionado para empresas
Tras casi 21 días de interrupción, el ministro de Comunicaciones, Sattar Hashemi, informó el 26 de enero que las pérdidas financieras diarias por el apagón rondan los 35 millones de dólares. Ante la asfixia económica, el régimen ha habilitado mecanismos de conexión estrictamente vigilados para ciertos sectores comerciales.
- Empresarios locales indicaron que miembros de la Cámara de Comercio reciben entre 20 y 30 minutos de internet sin filtros al día.
- Este acceso se otorga únicamente tras superar varias fases de validación de identidad y bajo supervisión estatal.
- Fuentes anónimas describen el sistema como una medida de racionamiento que paraliza la actividad empresarial.
- Se ha reportado que algunos comerciantes son forzados a firmar compromisos donde prometen no compartir archivos relacionados con las protestas.
Madory indicó que, basándose en los patrones de tráfico, existe la posibilidad de que nunca ocurra una restauración total y abierta de internet. El bloqueo ha impedido que los ciudadanos accedan a información confiable y compartan con la comunidad internacional la situación en centros médicos, calles y prisiones.
La crisis actual se desarrolla en un entorno de profunda decadencia económica. Durante los meses finales de 2025, el rial iraní sufrió un desplome histórico. Cifras oficiales indican que la inflación alcanzó el 42,2% en diciembre de ese año, con un incremento del 72% en el precio de alimentos y un 50% en productos médicos. Factores como la mala administración, el aislamiento y las sanciones internacionales han devastado la economía familiar.
Este ciclo de protestas se perfila como el más relevante desde la muerte de Mahsa Amini en 2022. Amnistía Internacional advirtió que la violencia documentada en enero de 2026 sigue el patrón de los años 2019 y 2022, pero con el agravante de un aislamiento digital que oculta las dimensiones de la represión y eleva el riesgo de nuevas vulneraciones a los derechos humanos.
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