En una acción directa contra lo que califican como amenazas externas, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos procedió con la deportación de tres individuos identificados como antiguos componentes de la Guardia Revolucionaria de Irán. Los ciudadanos iraníes, identificados como Ehsan Jaledi, Mohamad Mehrani y Morteza Nasirikakolaki, habrían ingresado a territorio estadounidense de forma irregular en el periodo comprendido entre septiembre y noviembre de 2024. Según los informes oficiales, estos hombres fueron catalogados bajo la etiqueta de “conocidos o supuestos terroristas”, lo que activó de inmediato los protocolos de expulsión en un clima de alta fricción diplomática entre Washington y Teherán.
Contexto de seguridad y tensiones bilaterales
De acuerdo con la información difundida por la administración federal, la incursión de estos sujetos se registró durante el periodo de gestión de Joe Biden, un dato que fue resaltado en un comunicado oficial del Departamento de Seguridad Nacional. Las autoridades enfatizaron que la Guardia Revolucionaria de Irán se encuentra oficialmente en la lista de agrupaciones terroristas para Estados Unidos. Este hecho elevó la prioridad del caso, especialmente bajo la actual administración de Donald Trump, quien ha mantenido una retórica pública severa, advirtiendo incluso sobre posibles acciones militares directas contra el régimen iraní.
La subsecretaria de la entidad, Tricia McLaughlin, fue enfática al describir los criterios de selección para estas expulsiones. Según la funcionaria, la prioridad es apartar de la sociedad a quienes representan un riesgo extremo. Sobre este punto, el comunicado detalla la intención de excluir a:
- Miembros de organizaciones criminales violentas.
- Individuos con condenas por asesinato.
- Personas sentenciadas por agresiones sexuales.
- Sujetos bajo investigación por vínculos directos con el terrorismo.
“El pueblo estadounidense merece una patria segura, libre de la amenaza del terrorismo extranjero, y eso es lo que la secretaria Noem lucha por darles cada día desde hace un año”, sostuvo McLaughlin.
Directrices de la administración actual
Bajo la dirección de la secretaria Kristi Noem, quien ha encabezado el Departamento de Seguridad Nacional durante el último año, la política migratoria se ha centrado en la remoción inmediata de extranjeros con antecedentes delictivos o lazos terroristas. Por su parte, la postura del gobierno de Donald Trump ha sido tajante al declarar tolerancia cero hacia los ciudadanos en situación irregular que pongan en peligro a la población civil. Al respecto, el organismo fue claro en su postura oficial:
“La Administración Trump no permitirá que extranjeros ilegales que quieren causar daño a estadounidenses inocentes estén libres en nuestras comunidades. Serán arrestados y deportados”.
Cifras de control migratorio y seguridad nacional
El reporte también arroja datos estadísticos contundentes sobre las operaciones de vigilancia. Se estima que el 70% de los individuos arrestados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) contaban con procesos penales abiertos o antecedentes previos. En lo que va del primer año del mandato de Donald Trump, el ICE ha logrado la captura de 43.305 personas consideradas como un riesgo potencial para la nación. De este grupo, más de 1.400 sujetos estaban bajo sospecha de actividades terroristas y otros 7.400 fueron vinculados a diversas pandillas o bandas criminales.
Las autoridades concluyeron que la deportación de estos tres exmiembros de la Guardia Revolucionaria es un reflejo de la importancia que tienen hoy las políticas de seguridad en la agenda política de la Casa Blanca. El estrecho vínculo entre la seguridad fronteriza y las tensiones con gobiernos extranjeros, como el de Irán, ha intensificado el debate sobre la necesidad de filtros más estrictos para detectar amenazas internacionales antes de que estas se consoliden en suelo estadounidense.
Finalmente, el Departamento de Seguridad Nacional subrayó que la vigilancia se ha vuelto más rigurosa, justificando que la expulsión de individuos con filiaciones peligrosas es fundamental. En el caso específico de los tres deportados de origen iraní, la institución reafirmó su compromiso inquebrantable de mantener “fuera del país” a cualquier persona asociada a entidades que la ley estadounidense considere terroristas, respondiendo así a una creciente demanda de seguridad por parte de la ciudadanía.
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