En el año 2022, Luis Carlos Reyes, quien se desempeñaba como director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), advirtió formalmente al presidente Gustavo Petro sobre la presencia de Camilo Gómez en una reunión de carácter oficial. Gómez, quien actualmente es candidato al Senado, ha sido objeto de señalamientos por sus presuntos vínculos con organizaciones dedicadas al contrabando en el país.
Pese a la seriedad de la advertencia realizada por Reyes, la cual involucraba a personajes muy cercanos al entorno del mandatario, no se registraron acciones contundentes ni respuestas oficiales por parte del Gobierno ante tales señalamientos.
Encuentros en la Dian y presiones políticas
El relato de Reyes detalla que el 4 de octubre de 2022, recibió en su despacho a Camilo Gómez, exdirector del Instituto para la Economía Social (Ipes) durante la gestión de Petro como alcalde y posterior aspirante al Congreso por el Partido de la U. Gómez no llegó solo; lo acompañaba William Castellanos, una figura con reconocida influencia en el círculo presidencial.
Durante dicha reunión, ambos personajes presentaron un organigrama que supuestamente detallaba la estructura del contrabando en Colombia. Al mismo tiempo, enfatizaron ser «personas de confianza» del presidente Gustavo Petro, buscando validar su posición ante el entonces director de la Dian.
Ante esta situación, Luis Carlos Reyes decidió verificar la legitimidad de los visitantes directamente con el jefe de Estado. Según los registros de mensajería, Reyes le informó a Petro sobre la visita de Gómez y Castellanos, solicitando una audiencia urgente para tratar el tema. Apenas ocho minutos después de enviado el mensaje, el presidente respondió de forma escueta:
«Voy a hablar con ellos ahora. Cuadramos pronta reunión».
A pesar de este contacto inicial, Reyes confirmó que en al menos cinco reuniones de trabajo posteriores con el mandatario, nunca se retomó la discusión sobre la posible relación de estos individuos con actividades ilícitas. El exdirector de la Dian aclaró que, si bien pudo constatar que tenían acceso directo al presidente, en aquel momento no poseía pruebas materiales de su participación en el contrabando.
La conexión con ‘Papá Pitufo’
El nombre de Camilo Gómez ha generado una profunda preocupación institucional debido a que la Fiscalía General de la Nación rastrea sus nexos con Diego Marín, alias “Papá Pitufo”. Marín es considerado el principal zar del contrabando en territorio colombiano y una pieza clave en el crimen organizado transnacional.
Las autoridades cuentan con un arsenal de evidencias que incluyen grabaciones de audio y video de reuniones entre Gómez y Marín. Estos encuentros habrían tenido lugar en hoteles de Cartagena y en residencias vinculadas al líder de la red criminal. Además, se investiga la presunta utilización de vehículos de propiedad de Marín por parte del exfuncionario, precisamente mientras el cabecilla era objeto de investigaciones judiciales.
Diego Marín, quien es solicitado en extradición desde Portugal, lideraba presuntamente una red que lograba corromper a miembros de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y a funcionarios de la Dian. Gracias a esta red, se facilitaba el ingreso masivo de mercancía ilegal al país. Aunque las investigaciones muestran operaciones de gran envergadura, la Fiscalía todavía no ha presentado resultados definitivos en el proceso judicial contra los implicados.
Alertas sobre financiamiento de campaña
El escándalo tomó un matiz político aún más complejo tras una denuncia pública de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Durante un consejo de gobierno televisado, Rodríguez alertó sobre un intento de infiltración de 500 millones de pesos en la campaña presidencial de Gustavo Petro.
De acuerdo con la denuncia de Rodríguez, estos fondos habrían sido canalizados a través del ciudadano español Xavier Vendrell. Hasta el momento, no existe documentación que certifique que dicho dinero fuera rechazado o devuelto a sus remitentes. La ausencia de explicaciones claras y la falta de una respuesta institucional sólida ante estas graves advertencias mantienen bajo un fuerte escrutinio la transparencia del Ejecutivo colombiano y la integridad de sus instituciones frente al crimen organizado.
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