La configuración de la denominada Junta de Paz ha alcanzado un nuevo hito con la reciente incorporación de El Salvador como uno de sus integrantes iniciales. Este ingreso se produce en un contexto de intenso análisis global acerca de la legitimidad, la autonomía y las competencias legales de este organismo, el cual es promovido directamente por el mandatario estadounidense Donald Trump. Con la suma de la nación centroamericana, la entidad ya agrupa a un total de 27 estados que conforman la nómina original.
El listado de los países que han ratificado su participación como “miembros fundadores” incluye a una diversidad de naciones de distintas regiones:
- Arabia Saudí, Argentina, Armenia y Azerbaiyán.
- Albania, Bahréin, Bielorrusia y Bulgaria.
- Camboya, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Hungría.
- Indonesia, Jordania, Kazajistán y Kuwait.
- Marruecos, Mongolia, Pakistán y Paraguay.
- Qatar, Turquía, Uzbekistán, Vietnam, Kosovo y Estados Unidos.
El anuncio de estos nuevos miembros surge mientras diversos gobiernos y especialistas plantean dudas sobre si esta estructura pretende funcionar como una entidad paralela a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Divergencias en la comunidad internacional
En cuanto al respaldo de las grandes potencias, se observa que Estados Unidos es el único miembro con asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU que se ha integrado formalmente. Países como Francia y Alemania ya han manifestado su rechazo a participar, mientras que otras naciones clave como Rusia y China no han emitido una declaración oficial hasta el momento. En el ámbito de la Unión Europea, solo Hungría y Bulgaria han aceptado la propuesta de Trump.
Por su parte, el Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, ha decidido mantenerse al margen de la iniciativa. Sánchez fundamentó esta postura alegando falta de coherencia, criticando que la Autoridad Palestina no tenga voz en este mecanismo y subrayando que la Junta
“opera fuera del marco de Naciones Unidas”
.
Misión y estructura de la Junta de Paz
La creación de este organismo responde a la estrategia del presidente Donald Trump para la gestión de la crisis en la Franja de Gaza. Su base jurídica internacional se remonta a una resolución del Consejo de Seguridad aprobada en noviembre de 2025, la cual otorgó reconocimiento al plan. Los pilares fundamentales de la Junta son liderar la reconstrucción de Gaza, fiscalizar el proceso de desmilitarización y coordinar un traspaso administrativo que tenga como meta excluir a Hamás de cualquier función de gobierno en la zona.
No obstante, la controversia rodea varios aspectos de su funcionamiento. Trump ha sugerido que esta estructura “podría” llegar a reemplazar a la ONU y se ha planteado su figura como un líder de carácter “vitalicio”. Adicionalmente, se ha mencionado un requisito de contribución de 1.000 millones de dólares (aproximadamente 860 millones de euros) para acceder a una membresía permanente. Sin embargo, representantes de la Casa Blanca han aclarado que este pago no es una imposición formal obligatoria; aquellos estados que no realicen el aporte financiero tendrán una permanencia limitada a tres años. Dichos recursos, según la delegación norteamericana, se emplearán exclusivamente en proyectos de infraestructura en territorio palestino.
Incertidumbres sobre el proceso de adhesión
Hasta la fecha, no existe confirmación de que alguno de los 27 países fundadores haya ejecutado el desembolso económico sugerido. Las dudas sobre la legitimidad de la Junta de Paz persisten debido a la ausencia de actores internacionales determinantes. Un dato que genera inquietud es la situación de Israel; a pesar de que el primer ministro Benjamin Netanyahu aceptó la invitación de manera pública, el país aún no figura formalmente en la lista de miembros difundida.
La falta de detalles sobre las normativas internas y los procesos para la toma de decisiones añade una capa de incertidumbre sobre cómo se gestionarán realmente los fondos y las acciones en el terreno. La evolución de esta alianza internacional sigue bajo la lupa, especialmente en lo que respecta a su futura interacción o confrontación con los organismos multilateralistas tradicionales, como las Naciones Unidas.
Fuente: Fuente