La escalada de tensiones en Irán ha generado una profunda preocupación internacional debido a las contradicciones en los informes sobre ejecuciones de manifestantes. Thameen al Kheetan, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advirtió que figuras del poder judicial iraní han proferido amenazas contra los ciudadanos que protestan, sugiriendo la aplicación de cargos que conllevan obligatoriamente la pena de muerte. Según los registros de la organización, la república islámica se mantiene como una de las naciones con mayores índices de aplicación de la pena capital, contabilizando al menos 1.500 ejecuciones durante el año pasado, lo que representaría un alarmante incremento del 50% en comparación con las cifras de 2024.
Demandas de cese a la violencia
Ante este escenario, la ONU ha solicitado de manera formal al gobierno de Irán que detenga lo que ha calificado como una
“brutal represión”
contra la sociedad civil. El organismo internacional enfatizó la necesidad de que las autoridades atiendan las exigencias de la población a través de acciones concretas y reformas estructurales. Asimismo, se ha instado a la creación de mecanismos de rendición de cuentas que sean transparentes y permitan investigaciones de carácter independiente sobre los episodios de violencia que han resultado en miles de víctimas.
Al Kheetan sostuvo que el uso de la fuerza no resuelve las causas profundas del malestar social y que, por el contrario, exacerba las vulneraciones a los derechos humanos y la inestabilidad política. El portavoz destacó que las peticiones ciudadanas, que iniciaron por el descontento económico, han mutado hacia una lucha por reformas políticas y la protección de libertades fundamentales. Por ello, se ha pedido la liberación de quienes han sido arrestados de forma arbitraria y el establecimiento inmediato de una moratoria sobre la pena de muerte.
Balance de víctimas y transparencia
Aunque no existen datos definitivos sobre el total de fallecidos, las estimaciones que maneja el gobierno de Irán sitúan la cifra en 3.100 víctimas mortales. Sin embargo, el representante de la ONU cuestionó la narrativa oficial que intenta clasificar a la totalidad de los fallecidos como terroristas.
«Nada de esto justificaría el recurso a una fuerza excesiva, desproporcionada o innecesaria»
, declaró Al Kheetan, resaltando que entre los decesos también se cuentan cientos de miembros de las fuerzas de seguridad, lo que hace indispensable el escrutinio público.
Por su parte, el Gobierno de Teherán ha rechazado tajantemente las acusaciones de ejecuciones masivas. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, desmintió que se hayan dictado sentencias capitales contra manifestantes. Esta postura contradice las declaraciones realizadas previamente por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien alegó haber intervenido para evitar la ejecución de más de 800 personas, afirmación que fue negada por las autoridades locales.
Supervisión internacional y bloqueos digitales
La ONU ha reiterado su pedido para que Irán permita el acceso total a los equipos del Alto Comisionado y a la misión internacional de investigación. El objetivo es documentar de manera fehaciente las posibles transgresiones y supervisar el cumplimiento de los estándares internacionales. A pesar de los obstáculos impuestos por las autoridades, el monitoreo internacional persiste a través de diversas fuentes de información.
Un punto crítico mencionado por Al Kheetan es el severo bloqueo a Internet y las limitaciones en las comunicaciones. Para las Naciones Unidas, estas medidas han vulnerado el derecho a la información y la libertad de expresión de los iraníes. Se ha señalado que el apagón digital registrado en el país es el más extenso documentado hasta la fecha, y aunque se han reportado leves aperturas, se consideran insuficientes para garantizar el ejercicio de los derechos básicos.
Impacto de las sanciones y justicia universal
En el ámbito diplomático, el organismo internacional ha puesto sobre la mesa la necesidad de evaluar el impacto de las sanciones sectoriales. Se argumenta que, cuando estas sanciones se aplican de forma generalizada, pueden deteriorar gravemente la calidad de vida de los civiles y profundizar la crisis social. La oficina del Alto Comisionado sugiere que la justicia no se logra mediante la fuerza militar, sino a través de procesos judiciales rigurosos.
Como alternativa ante la falta de garantías en los mecanismos nacionales, la ONU recordó la relevancia de la jurisdicción universal para sancionar infracciones graves cometidas fuera de las fronteras de los países involucrados. Existe la expectativa de que el poder judicial en Irán asuma su responsabilidad; de lo contrario, la intervención de tribunales internacionales se mantiene como una vía latente para asegurar la justicia.
Riesgos de inestabilidad prolongada
Finalmente, se ha denunciado la estrategia de estigmatización y criminalización de los protestantes por parte de la propaganda oficial, al acusarlos de ser agentes extranjeros. Al Kheetan indicó que esta retórica solo fomenta la polarización. En palabras del Alto Comisionado Volker Turk, la represión sostenida y el recorte de derechos fundamentales solo incrementan el riesgo de nuevos derramamientos de sangre y perpetúan una crisis social y política sin precedentes. El mandato internacional continuará vigilando de cerca la situación, instando a un diálogo inclusivo entre todos los actores involucrados.
Fuente: Fuente