La situación de los menores de edad acogidos por familias o tutores en Estados Unidos sufrió un retroceso drástico, cayendo del 95% a apenas el 45% entre enero y agosto del año pasado. Este fenómeno ha provocado que el tiempo de permanencia de los infantes bajo custodia federal se extienda considerablemente, registrando promedios de entre uno y seis meses durante dicho periodo. Esta información, detallada en un informe de las Naciones Unidas, pone de relieve la vulnerabilidad de miles de niños frente a las actuales políticas migratorias, donde muchos enfrentan el riesgo de ser expulsados o presionados para aceptar una salida voluntaria del país sin las debidas garantías.
Tres especialistas de alto rango del sistema de la ONU manifestaron su profunda inquietud ante lo que califican como
“graves violaciones de los derechos de los niños”
, vinculando estas acciones a las directrices implementadas tras el inicio del segundo periodo de Donald Trump en la presidencia. La relatora especial sobre trata de personas, Siobhán Mullally; el experto en derechos de migrantes, Gehad Madi; y la especialista en independencia judicial, Margaret Satterthwaite, enfocaron su reclamo en una directiva del Departamento de Interior con fecha del 18 de febrero de 2025. Dicha orden instruyó a las organizaciones legales a detener sus labores y cortó el financiamiento para la defensa de menores no acompañados.
Esta resolución administrativa ha dejado en la indefensión a cerca de 26.000 menores, quienes ahora carecen de representación jurídica frente a la amenaza de expulsión, a pesar de tener derecho legal a recibir asistencia. Aunque diversas plataformas civiles han impulsado acciones judiciales para intentar revertir la suspensión de los fondos y servicios, las limitaciones persisten. Los expertos de la ONU recalcaron que la pérdida de defensa técnica en procesos que definen el futuro de estos niños incrementa drásticamente su fragilidad ante el sistema migratorio.
El reporte de los organismos internacionales también incluyó testimonios sobre las precarias condiciones de alojamiento, describiendo centros de detención con habitaciones sin ventanas y una preocupante carencia de asistencia médica adecuada. Asimismo, se documentaron separaciones prolongadas de los menores de sus padres o cuidadores principales. Bajo la supervisión de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, se han detectado casos de deportaciones que podrían considerarse ilegales al ignorar el principio de no devolución, incluso cuando los niños son víctimas potenciales de redes de trata humana.
Presión y falta de defensa efectiva
Existen denuncias alarmantes sobre menores que habrían sido instigados a aceptar pagos económicos a cambio de abandonar Estados Unidos voluntariamente. Según los expertos, se les plantea como única alternativa la detención por tiempo indefinido y el traslado a la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) al cumplir los 18 años. Privar a la niñez de su derecho a un abogado imposibilita que puedan ejercer una defensa real ante la complejidad de los marcos judiciales norteamericanos.
Para los relatores de la ONU, es imperativo que los protocolos de asilo y migración sean rediseñados bajo un enfoque que considere las necesidades específicas de la infancia. Advirtieron que el desmantelamiento de los programas de apoyo legal y la falta de asesoría técnica vulneran directamente los derechos fundamentales de los pequeños migrantes que deben navegar el sistema de justicia.
La controversia internacional se agudizó tras el caso de un niño de cinco años en Minnesota, detenido durante un operativo del ICE dirigido contra su padre, de nacionalidad ecuatoriana. La fotografía del menor siendo custodiado por agentes federales cerca de una patrulla se volvió viral, intensificando el cuestionamiento global sobre cómo las autoridades estadounidenses gestionan el resguardo de los infantes durante sus operativos migratorios.
Los especialistas insistieron en que es un deber ineludible asegurar que cada niño cuente con representación legal y acompañamiento durante cualquier trámite de asilo. Subrayaron que los tribunales deben funcionar como protectores de los derechos de los menores, especialmente en un entorno político donde las nuevas normativas de las autoridades locales han encendido alarmas en los organismos de derechos humanos a nivel mundial.
Finalmente, la combinación de detenciones prolongadas, la ruptura de la reunificación familiar y la eliminación de la asistencia jurídica técnica ha consolidado un escenario de crisis. Tanto la ONU como múltiples organizaciones defensoras de la niñez sostienen que estas medidas representan un riesgo sistémico para los derechos humanos de los migrantes más jóvenes.
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