Lo que anteriormente era considerado un sistema sanitario destacado a nivel regional hoy atraviesa una crisis profunda caracterizada por el desabastecimiento de fármacos y la parálisis de servicios médicos vitales. Un reciente análisis publicado por el British Medical Journal vincula directamente este deterioro con las transformaciones impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro, una situación que ha generado alarma en toda América Latina.
Es relevante recordar que instituciones de peso internacional como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Banco Mundial y la publicación The Lancet calificaron en su momento el modelo colombiano como un referente que debía ser imitado por el resto de la región. Hasta el año 2022, el esquema de aseguramiento mixto permitía una cobertura que alcanzaba al 99% de la población, manteniendo uno de los gastos de bolsillo más reducidos entre los países que integran la OCDE. Bajo este sistema, once de los treinta mejores hospitales de Sudamérica estaban ubicados en Colombia, operando gracias a una combinación de subsidios estatales y competencia de mercado que beneficiaba incluso a los sectores más vulnerables.
El giro hacia el modelo preventivo y territorial
Pese a los indicadores positivos previos, el gobierno de Petro promovió en 2023 una reforma integral con un enfoque preventivo. Según detalla el British Medical Journal, este plan se centra en la instauración de Centros de Atención Primaria en Salud (Caps) en el territorio nacional y la ejecución de visitas comunitarias periódicas —dos o tres veces por año— destinadas a la detección temprana de enfermedades.
Uno de los cambios estructurales más polémicos es la redefinición de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). La propuesta busca que estas organizaciones dejen de administrar los recursos públicos para convertirse en gestoras de salud y vida, cumpliendo únicamente funciones de auditoría y coordinación. Además, el proyecto abre la puerta a múltiples gestores farmacéuticos para intentar reducir los costos de los insumos y fortalecer la red hospitalaria pública mediante la contratación directa de personal por parte del Estado y el financiamiento público de dichas plazas.
Aunque la iniciativa también contemplaba la digitalización del sistema para disminuir la burocracia y mejorar la estabilidad laboral del gremio sanitario, el proyecto enfrentó serios obstáculos en el legislativo. Ante la falta de consenso político, el Ejecutivo emitió de forma unilateral el Decreto 0858/2025 el 30 de julio de 2025, poniendo en marcha el denominado Modelo Preventivo, Predictivo y Resolutivo.
Consecuencias críticas y riesgo para los pacientes
La puesta en marcha de estas medidas ha tenido repercusiones negativas inmediatas en la atención ciudadana. Colombia ha registrado retrasos críticos en la entrega de medicamentos, largas filas en los puntos de atención y la postergación de intervenciones quirúrgicas de rutina. La situación se ha agravado con el desabastecimiento de insulina y tratamientos oncológicos, obligando a diversos hospitales a rechazar pacientes en estado crítico.
Actualmente, se reporta la suspensión de servicios en salas de maternidad y unidades neonatales, mientras que las salas de urgencias operan en condiciones de saturación. Asimismo, se han visto afectados los programas de formación para médicos especialistas.
“Millones de vidas se han puesto en peligro y hay gente muriendo”
Esta severa advertencia fue realizada por el investigador Andrés Vecino en el marco del análisis del British Medical Journal. Los reportes indican que la reforma aceleró el declive financiero de las EPS, lo que ha provocado que farmacias dejen de entregar medicinas y centros de salud suspendan servicios médicos por falta de pagos, profundizando la inestabilidad del sector.
La rapidez y magnitud de estas transformaciones han derivado en protestas sociales y una marcada división política en el país. Los analistas advierten sobre los peligros de la politización de los recursos, la incertidumbre jurídica y las dudas sobre si el sistema podrá sostenerse financieramente a mediano plazo para garantizar la continuidad y calidad de la atención médica de los colombianos.
Fuente: Fuente