El gobierno de Rusia ha reaccionado con dureza este martes ante la reciente resolución de la Unión Europea (UE) que establece un cronograma para prescindir totalmente del suministro energético ruso. Desde el Kremlin, se ha tachado de «extremadamente imprudente» la normativa que busca la erradicación progresiva de las compras de gas por gasoducto y gas natural licuado (GNL) provenientes de territorio ruso, proceso que se prevé culminar en el año 2027.
En declaraciones recogidas por la agencia de noticias Interfax, el portavoz oficial de la presidencia rusa, Dimitri Peskov, manifestó que el Kremlin percibe este movimiento como un error estratégico significativo. Según Peskov, la decisión de los veintisiete es «extremadamente imprudente desde el punto de vista de los intereses económicos de esos países», sugiriendo que las consecuencias financieras y energéticas recaerán directamente sobre los propios estados miembros de la comunidad europea.
Detalles del cronograma y votación
Esta nueva legislación fue ratificada mediante una mayoría cualificada dentro del bloque europeo. Sin embargo, no contó con el respaldo unánime de los socios, ya que Hungría y Eslovaquia expresaron su rechazo frontal mediante votos en contra, mientras que Bulgaria optó por la abstención durante la jornada de votación.
El reglamento estipula un calendario dividido en dos fases principales:
- Prohibición total de las importaciones de GNL ruso a inicios de 2027.
- Interrupción de las importaciones de gas por gasoducto a partir del otoño de 2027.
Para mitigar las posibles perturbaciones, se permitirá que los acuerdos contractuales que se encuentran actualmente en vigencia atraviesen un periodo de transición, cuyo objetivo es «limitar el impacto» de esta decisión en la estabilidad de los precios y el funcionamiento de los mercados energéticos.
Sanciones y acciones legales
El marco sancionatorio por el incumplimiento de estas disposiciones es severo. Las reglas entrarán en vigor oficialmente el próximo 2 de febrero, tras su publicación en el Diario Oficial de la UE. Las multas estipuladas por infracciones partirán de un mínimo de 2,5 millones de euros para personas físicas y escalarán hasta al menos 40 millones de euros para entidades corporativas. Asimismo, las autoridades podrán imponer penalizaciones de al menos el 3,5% del volumen de negocio global anual de la firma infractora o el 300% del valor estimado de la transacción comercial realizada.
«Moscú considera que este paso es extremadamente imprudente desde el punto de vista de los intereses económicos de esos países.»
Como respuesta inmediata a la aprobación del reglamento, los gobiernos de Eslovaquia y Hungría han confirmado que llevarán la medida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta normativa se inscribe en la estrategia denominada REPowerEU, un plan ambicioso con el que la Unión Europea pretende romper definitivamente su dependencia de los combustibles fósiles de Rusia antes de que finalice la década, marcando el año 2030 como límite máximo para dicha desconexión.
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