Una nueva etapa se abre para la población extranjera en España tras el pacto alcanzado entre el PSOE y Podemos. Este acuerdo, que se materializará mediante un real decreto ley cuya aprobación está prevista para este martes, busca otorgar estatus legal a más de 500.000 personas. Para los colectivos sociales, esta medida confirma que “cuando existe voluntad política es posible avanzar”, superando así el estancamiento que sufría la iniciativa legislativa popular (ILP) debido a la falta de consenso suficiente en el parlamento.
El impulso de los movimientos sociales
Silvana Cabrera, vocera de la organización ‘Regularización Ya’ —plataforma que agrupa a diversas asociaciones migrantes impulsoras de la mencionada ILP—, destacó que el anuncio es una respuesta a las demandas que el sector venía planteando desde hace más de un año y medio ante el Congreso. Según Cabrera, este avance institucional ha sido posible gracias a la persistencia del movimiento y a la gestión política estratégica.
“El acuerdo entre PSOE y Podemos demuestra una vez más que si hay voluntad y valentía política esto podía salir adelante. Ya sabíamos que los números no iban a dar en el Congreso para la ILP, pero también sabíamos que con un real decreto sí era posible, por eso llevábamos tiempo instando al Gobierno a que lo hiciera”
La representante también subrayó el papel desempeñado por Ione Belarra, secretaria general de Podemos, afirmando que su gestión fue determinante para alcanzar este resultado. Según la activista, la funcionaria “ha trabajado con nosotros codo con codo y para que se pueda beneficiar de ello el mayor número de personas posible”.
Requisitos para la regularización extraordinaria
Para beneficiarse de este proceso, que Cabrera califica como un logro histórico, los solicitantes deberán cumplir con criterios específicos de residencia y conducta. Los puntos clave para acceder a la regularización incluyen:
- Acreditar la estancia en territorio español antes del 31 de diciembre de 2025.
- Carecer de cualquier tipo de antecedentes penales.
- Demostrar una residencia mínima de al menos cinco meses en el país.
Se espera que la medida impacte positivamente a personas vulnerables que ya se encuentran integradas en la sociedad y el mercado laboral, pero que enfrentan constantes barreras administrativas. El objetivo principal es que este medio millón de ciudadanos logre acceder a derechos básicos, permitiéndoles abandonar la precariedad y superar los obstáculos burocráticos que limitaban su desarrollo en España.
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