El titular del Ministerio Público de Venezuela, Tarek William Saab, enfatizó que la reciente ola de excarcelaciones en el país no es un hecho aislado, sino que responde a una política de Estado constante. Durante una intervención mediática, el funcionario recordó que procesos similares se han ejecutado previamente, tanto en la administración de Hugo Chávez como en el actual periodo de Nicolás Maduro. Respecto a estas medidas, el fiscal declaró:
“Esto es un gesto, un paso adelante por la paz, por la convivencia y creo que lo estamos logrando”
.
De acuerdo con la información proporcionada por Saab, el volumen total de individuos que han recuperado su libertad bajo estas disposiciones ya supera la cifra de 600. El fiscal detalló cronológicamente que, solamente en el intervalo comprendido entre el 24 y el 31 de diciembre, se otorgaron 200 beneficios de excarcelación. A este grupo se sumaron otras 192 personas que fueron liberadas entre el 24 y el 31 de enero. Estos datos, según el representante legal, confirman la vigencia del proceso anunciado por el Estado.
Cuestionamientos a las estadísticas de las ONG
Al ser interrogado sobre los reportes de diversas organizaciones no gubernamentales, como el caso de Foro Penal —que ha documentado 266 liberaciones desde el pasado 8 de enero—, Saab puso en duda la fiabilidad de tales registros. El fiscal general calificó los datos de estas entidades como “erráticos” y señaló que ese tipo de agrupaciones civiles
“muchas veces confunden y hacen cosas que no son las pertinentes”
, manifestando así su total desacuerdo con el conteo independiente.
En cuanto a las competencias institucionales, el fiscal subrayó que el Ministerio Público es el único organismo con la potestad de dirigir las investigaciones y gestionar las solicitudes de libertad ante los tribunales. Tarek William Saab hizo hincapié en que, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, esta institución es la dueña de la acción penal. Según explicó:
“es titular de la acción penal, es quien solicita, es el órgano, es la institución que tiene a bien hacer la investigación y solicitar la medida en este caso de excarcelación”
.
Por otro lado, Saab abordó el tema de las posibles influencias externas en estas decisiones judiciales. El funcionario negó categóricamente que las liberaciones tengan un vínculo directo con las exigencias planteadas por el gobierno de los Estados Unidos. Sostuvo que las revisiones de los listados de personas aptas para recibir medidas procesales ya se estaban llevando a cabo desde los meses de octubre y noviembre, mucho antes de que se intensificara la presión de la comunidad internacional.
Durante su declaración, el fiscal insistió en que este procedimiento es un pilar fundamental para fortalecer la convivencia ciudadana en la nación. Reiteró que el accionar de las autoridades venezolanas es coherente con una trayectoria histórica de sucesivos gobiernos y desestimó nuevamente la validez de la información cuantitativa que publican las ONG sobre los ciudadanos liberados.
La marcada brecha entre los datos oficiales del Ministerio Público y las cifras que difunden organizaciones como Foro Penal ha generado un intenso debate en el seguimiento de los derechos procesales. Saab volvió a ratificar que el registro estatal es mucho más amplio y defendió que la institución bajo su mando es la única fuente legítima para divulgar información sobre el progreso de estas excarcelaciones.
Finalmente, en un entorno caracterizado por las constantes demandas de diversos sectores sobre el respeto a los derechos humanos y las condiciones de reclusión, la controversia sobre el número exacto de beneficiarios ha tomado un rol protagónico. Las palabras de Tarek William Saab evidencian la pugna informativa existente entre el discurso oficial del Estado y el monitoreo que realizan las entidades civiles sobre la situación carcelaria en territorio venezolano.
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