En el marco de la grave crisis ambiental que golpea al centro y sur del territorio chileno, el Servicio Médico Legal (SML) procedió este sábado con la entrega de los cuerpos de otras cuatro víctimas fatales. Con este último reporte, la cifra de fallecidos retirados en la ciudad de Concepción asciende a 14 personas, en un trabajo articulado con las entidades pertinentes de la región del Biobío.
La voracidad de las llamas ha consumido, en apenas una semana, una superficie superior a las 64.000 hectáreas. Respecto a las labores de rastreo, el SML comunicó de manera oficial la culminación de las operaciones de búsqueda en la zona de La Huasca, Lirquén. Según el organismo, no se produjeron nuevos hallazgos en dicho punto, lo que permite dar por cerrada una de las áreas de mayor prioridad durante los últimos días de la emergencia.
Identificación de los fallecidos y operativos regionales
Previamente, las autoridades de la región ratificaron que cerca de 20 víctimas fatales han sido identificadas en la zona. El desglose de estas cifras indica que once ciudadanos pertenecían al sector de Ríos de Chile, otros ocho residían en la calle Balmaceda y uno más fue localizado en el área de Punta de Parra.
Sobre la operatividad del sistema judicial y forense, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, brindó detalles sobre el avance de las diligencias. La funcionaria señaló lo siguiente:
“Producto de ese trabajo es que hoy (sábado) hemos podido entregar a la totalidad de los fallecidos del Biobío, salvo aquel que fue encontrado producto de este operativo de hoy”.
La fiscal Cartagena subrayó que las tareas de localización y reconocimiento han sido el resultado de una labor interdisciplinaria entre el SML, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros, bajo la dirección técnica del Ministerio Público. Específicamente en esta región, se ha desplegado un contingente de más de 650 funcionarios policiales pertenecientes a la PDI para atender la contingencia.
Los registros proporcionados por la Fiscalía guardan coherencia con el balance de situación del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid). Hasta el momento, el informe nacional reporta un total de 21 personas fallecidas, además de 20.568 damnificados y 2.707 viviendas destruidas por el fuego en las regiones de Biobío, Ñuble y La Araucanía, zonas que permanecen bajo alerta roja.
Detenciones y acciones legales frente a la catástrofe
En el ámbito de la seguridad pública, el ministro Luis Cordero informó que se ha logrado la captura de once personas acusadas de diversas faltas o delitos vinculados a la emergencia forestal. De este grupo, cuatro individuos enfrentan cargos directos por la presunta provocación de incendios, tras ser aprehendidos en la comuna de Perquenco, situada en la región de La Araucanía.
Durante las intervenciones policiales en los focos de incendio, los agentes lograron incautar diversos tipos de acelerantes y combustibles, elementos que habrían sido fundamentales para el inicio o la propagación de las llamas. Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía solicitó extender el periodo de detención de los sospechosos y ya se ha interpuesto una querella formal en su contra.
Por otro lado, los siete detenidos restantes están bajo proceso de investigación por violar el toque de queda establecido en las jurisdicciones más críticas. Esta medida restrictiva tiene como fin principal despejar las vías para los equipos de socorro y prevenir situaciones de peligro para los civiles mientras se ejecutan las labores de extinción del fuego.
La situación legal de quienes desobedecieron la restricción de movilidad nocturna está siendo analizada minuciosamente por las autoridades judiciales chilenas para determinar las sanciones correspondientes.
Restricciones aéreas por seguridad
Finalmente, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a la prohibición vigente para el uso de drones en los perímetros de emergencia. Esta regla rige tanto para la ciudadanía en general como para los medios periodísticos, con la intención de salvaguardar la integridad de las aeronaves cisterna y los helicópteros que combaten los siniestros desde el aire.
Respecto a esta determinación, Elizalde enfatizó la peligrosidad de interferir con las operaciones aéreas:
“Es muy peligroso que se operen estos drones, porque esto podría provocar un accidente con las aeronaves que están combatiendo los incendios”.
Esta restricción técnica es considerada vital por el Gobierno chileno para asegurar que las misiones de emergencia en las provincias afectadas se desarrollen sin contratiempos y con la máxima prioridad de seguridad.
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