Apenas catorce días después de que un oficial del ICE acabara con la vida de Renee Good, un nuevo incidente con armas de fuego ha intensificado los choques entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes en Mineápolis. Durante la mañana del pasado sábado, agentes federales dispararon de forma letal contra un ciudadano de 37 años, evento que desencadenó enfrentamientos inmediatos con cientos de personas que se congregaron en el lugar. Este suceso ha provocado que las autoridades estatales de Minnesota renueven sus exigencias para que la administración Trump detenga su represión migratoria, la cual ya suma dos víctimas mortales.
Contradicciones en las versiones oficiales
Aunque representantes del Departamento de Seguridad Nacional indicaron inicialmente que el sujeto se aproximó a miembros de la Patrulla Fronteriza portando una pistola con la intención de «masacrarlos», registros visuales analizados sugieren una narrativa distinta. En las grabaciones de la escena se observa que el individuo sostenía un teléfono celular en su mano, y no un arma de fuego, en el momento en que los oficiales federales lo interceptaron, lo derribaron y le dispararon.
A pesar de que las autoridades federales difundieron una fotografía de una pistola que presuntamente pertenecía al fallecido, el jefe de la policía de Mineápolis, Brian O’Hara, aclaró que la víctima era un ciudadano estadounidense de 37 años sin antecedentes criminales. Además, O’Hara puntualizó que el hombre contaba con una licencia vigente para el porte de armas, recordando que la portación abierta es una práctica legal en el estado de Minnesota.
Fuentes vinculadas a la investigación han identificado formalmente al fallecido como Alex Jeffrey Pretti. El análisis de diversos videos verificados que circulan en redes sociales indica que, tras ser sometido en el suelo, los agentes abrieron fuego contra él al menos 10 veces en un lapso de cinco segundos. El jefe O’Hara señaló que los investigadores locales consideran que, por lo menos, dos agentes federales fueron quienes accionaron sus armas.
Reacciones políticas y crisis institucional
En medio de una rueda de prensa, el alcalde Jacob Frey lanzó duras críticas contra el gobierno central, acusando a la gestión de Trump de invadir y aterrorizar a la población local. Durante su intervención, el burgomaestre lanzó una pregunta contundente:
«¿Cuántos residentes más, cuántos estadounidenses más, tienen que morir o resultar gravemente heridos para que esta operación termine?»
La situación de violencia en la ciudad es alarmante; este mes, al menos tres personas han sido alcanzadas por proyectiles disparados por agentes federales en Mineápolis, incluyendo el caso de Renee Good, de 37 años, quien murió el pasado 7 de enero a manos de un efectivo del ICE.
Puntos clave del conflicto:
- Versión de la Patrulla Fronteriza: Gregory Bovino, encargado de las operaciones bajo el mando del presidente Trump, afirmó sin presentar evidencias que la víctima tenía el objetivo de causar el «máximo daño posible» y que el tirador involucrado es un veterano con ocho años de experiencia en la institución.
- Protestas en la zona: Decenas de ciudadanos se congregaron en el sitio del tiroteo utilizando silbatos y exigiendo a gritos que la policía local arrestara a los agentes federales. La respuesta de las fuerzas del orden consistió en el uso de gases lacrimógenos y descargas eléctricas para dispersar a la multitud.
- Intervención del Gobernador: El demócrata Tim Walz informó mediante redes sociales que mantuvo comunicación con la Casa Blanca. Calificó el incidente como algo «repugnante» y fue enfático al declarar que el presidente Trump «debe poner fin a esta operación», añadiendo que «Minnesota está harta».
- Respuesta de la Casa Blanca: El presidente Trump utilizó sus plataformas digitales para culpar a los políticos y a la policía local, acusando a Walz y Frey de «incitar a la insurrección» y de organizar un encubrimiento por fraude.
- Obstáculos legales: Mary Moriarty, fiscal electa del condado de Hennepin, advirtió que la escena debe ser protegida por las autoridades locales para preservar las pruebas. Sin embargo, denunció que los organismos federales han bloqueado el acceso de los funcionarios estatales a la evidencia necesaria para investigar tanto este caso como la muerte previa de Good.
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