El destino legal del exmandatario Álvaro Uribe Vélez atraviesa una fase trascendental. Actualmente, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se prepara para emitir un pronunciamiento sobre la admisibilidad de los recursos de casación que han sido interpuestos tanto por la Fiscalía General de la Nación como por la representación de las víctimas.
En este escenario de alta tensión institucional, el colectivo conocido como el Grupo de los 38, integrado por reconocidos juristas y abogados, ha manifestado su preocupación por posibles injerencias externas que podrían vulnerar la independencia del poder judicial. Los expertos hicieron un llamado urgente a garantizar la imparcialidad en el manejo de este caso.
Cuestionamientos al rol de actores políticos
Al evaluar el comportamiento de las figuras políticas vinculadas al litigio, los especialistas identificaron con alarma presuntas maniobras de presión. Germán Calderón España, uno de los portavoces del grupo, lamentó que el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, a pesar de su condición de víctima dentro del proceso, intente presuntamente condicionar las determinaciones de los magistrados.
“Me parece nefasta la actuación de él desde un principio del proceso. Si bien fue admitido como víctima, no puede estar ejerciendo presiones a un órgano de poder y de la Rama Judicial”
Calderón España sostuvo que ni el cargo de senador ni las aspiraciones de cara a la presidencia justifican acciones que busquen interferir en el curso de la justicia. De acuerdo con su análisis, tales conductas representan un ataque directo al principio de separación de poderes y erosionan la credibilidad de la ciudadanía en los tribunales. El jurista enfatizó que Iván Cepeda debería mantener una postura de respeto absoluto hacia la majestad de la administración de justicia.
A estas críticas se sumó Juan Carlos Prias, quien recalcó la necesidad de que los líderes políticos, especialmente aquellos en campaña electoral, actúen con coherencia y responsabilidad. Respecto al comportamiento de Cepeda, Prias señaló:
“Cuando las decisiones le son favorables, sí junta su comité de aplausos para hacer una alabanza de ellas. Pero cuando no lo son, entonces recurre a este tipo de circunstancias”
El abogado agregó que este tipo de actitudes no son propias de un integrante del Congreso de la República ni de quien pretende ocupar la máxima magistratura del país.
Trámite procesal y contexto del caso
Sobre la evolución del proceso, el Grupo de los 38 subrayó que la Corte Suprema debe realizar un análisis estrictamente técnico para decidir sobre la admisión de los recursos. El grupo insistió en que esta fase debe blindarse de cualquier coacción para asegurar el cumplimiento del debido proceso en una de las causas judiciales más significativas para la estabilidad institucional colombiana.
El recurso presentado por el Pacto Histórico
El pasado martes 13 de enero de 2026, el senador Iván Cepeda Castro, quien también es candidato presidencial por el Pacto Histórico, radicó formalmente ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de casación. Con esta acción, busca invalidar el fallo que absolvió y dejó sin efecto la sentencia de 12 años de cárcel contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Dicha absolución fue dictada por el Tribunal Superior de Bogotá el 21 de octubre de 2025, instancia que revocó la decisión de primera instancia tomada originalmente por la jueza penal 44 de la capital, Sandra Liliana Heredia.
La pretensión del congresista es que el alto tribunal revalúe la exoneración de Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Ahora, el magistrado a cargo del despacho deberá verificar si el recurso cumple con los requisitos legales. En caso de ser admitida la demanda, se otorgará a las partes un espacio de 10 minutos en audiencia para exponer sus argumentos finales.
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