El magistrado Hugo Carbonó, quien lidera el proceso judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro, hijo del primer mandatario colombiano, ha sido catalogado bajo una situación de “riesgo extraordinario”. Esta medida surge tras las denuncias de graves intimidaciones dirigidas tanto al togado como a su núcleo familiar. Ante la peligrosidad, la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha procedido a reforzar su seguridad con la asignación de escoltas, chaleco antibalas y el uso de un vehículo blindado.
Dicha determinación responde a un notable incremento en la exposición pública del juez a partir de las audiencias celebradas en julio de 2025. El nivel de vulnerabilidad del funcionario se disparó luego de que diversos medios difundieran detalles sobre su identidad y sus rutinas personales, comprometiendo su integridad física y operativa.
Según el reporte oficial presentado por el propio Carbonó ante los organismos de seguridad, el magistrado ha sido víctima de seguimientos constantes durante sus traslados y en las cercanías de su domicilio en la ciudad de Barranquilla. Estas situaciones de hostigamiento se agudizaron tras las sesiones judiciales del 29 y 30 de julio de 2025, enmarcadas en el juicio penal que se sigue contra Nicolás Petro Burgos.
El informe de seguridad destaca que la violencia psicológica no solo ha afectado al juez. El 30 de julio de 2025, su hija, quien reside en Bogotá, fue abordada por dos mujeres al salir de su vivienda. Las sospechosas, manteniendo una actitud hostil, le manifestaron que tenían pleno conocimiento sobre quién era su padre y cuáles eran sus funciones dentro de la rama judicial.
Para Hugo Carbonó, este suceso resultó particularmente alarmante por el tono amenazante empleado por las desconocidas. Cabe destacar que el historial de riesgos del magistrado no es un tema nuevo; anteriormente ya había recibido amenazas vinculadas a peligrosos criminales como alias Tommy Masacre y alias El Negro Ober. Estas represalias previas se originaron por sentencias condenatorias dictadas por el juez en otros procesos, incluyendo condenas contra familiares de estos delincuentes. La persistencia de estos ataques obligó a una actualización urgente de su esquema de protección.
La UNP ha justificado el despliegue de estos recursos extraordinarios debido a que la difusión masiva de los datos personales del juez, en un caso de tan alta sensibilidad política y social, ha generado un entorno hostil que requiere medidas de defensa inmediata para garantizar el curso de la justicia.
Formalización legal del divorcio entre Nicolás Petro y Day Vásquez
En el ámbito civil, el vínculo matrimonial entre Nicolás Petro y Day Vásquez ha llegado a su fin de manera oficial. La sentencia fue dictada por la magistrada Auristela de la Cruz Navarro, del Juzgado Octavo de Familia de Oralidad de Barranquilla, clausurando una relación que se inició legalmente en abril de 2019. La resolución estipula que no se fijará pensión alimentaria ni se realizará un reparto de bienes de forma inmediata, además de exonerar a las partes del pago de costas procesales.
Este proceso de divorcio se concreta mientras ambos enfrentan situaciones complejas con la justicia. Day Vásquez fue detenida en julio de 2023 bajo cargos de lavado de activos, logrando evitar la reclusión tras suscribir un principio de oportunidad con la Fiscalía. De acuerdo con informes de la fiscal Lucy Laborde, la procesada ha cumplido con el 90 % de sus acuerdos de colaboración, quedando pendiente únicamente su testimonio en el juicio oral contra su exesposo.
La disolución del matrimonio se amparó en la causal 10 del artículo 154 del Código Civil de Colombia, la cual permite la separación por la voluntad unilateral de una de las partes. En este caso específico, fue Nicolás Petro quien promovió la demanda de separación, dejando la liquidación de la sociedad conyugal para un proceso posterior y ordenando que el fallo sea debidamente inscrito en los registros civiles correspondientes.
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