La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España ha determinado el archivo definitivo de la denuncia interpuesta contra el artista Julio Iglesias. El proceso, que involucraba acusaciones de trata de personas y agresiones sexuales presentadas por dos trabajadoras, fue desestimado tras una exhaustiva revisión de la competencia judicial. El Ministerio Público fundamentó su decisión en la “falta de jurisdicción de los tribunales españoles”, concluyendo que la Fiscalía no posee la facultad legal para investigar los hechos señalados en esta fase preprocesal.
De acuerdo con la resolución judicial, los incidentes denunciados habrían tenido lugar en República Dominicana y en las Bahamas. Asimismo, se ha verificado que Julio Iglesias, quien actualmente tiene 82 años de edad, no tiene su residencia principal ni su centro de actividades e intereses en territorio español, a pesar de contar con diversas inversiones inmobiliarias en el país. El abogado defensor del cantante, José Antonio Choclán, solicitó formalmente el cierre de las diligencias alegando precisamente esta carencia de jurisdicción, petición que fue finalmente aceptada por las autoridades.
Contexto legal y fundamentos del archivo
La investigación sobre este caso se mantenía activa desde inicios de enero. Las querellantes imputaban al intérprete varios delitos contra la libertad e indemnidad sexual, basándose en el Código Penal vigente en el año 2021. No obstante, fuentes jurídicas han confirmado que esta resolución de archivo no admite recurso. En el documento oficial, la Fiscalía aclara a las denunciantes que su alternativa legal es
“reproducir su denuncia ante los órganos judiciales”
de las jurisdicciones correspondientes fuera de España.
El organismo judicial recordó la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, la cual dicta que
“no corresponde a España investigar hechos cometidos allende sus fronteras cuando otro Estado tiene competencia clara y efectiva para ello, y no existe motivo para no iniciar las correspondientes acciones penales en el mismo”
. Adicionalmente, se puntualizó que, aunque el delito de trata posee un carácter transnacional, la normativa exige que las víctimas sean de nacionalidad española o residan en el país, condición que no se cumple en este caso, pues ambas denunciantes son extranjeras.
Las acusaciones y la defensa del cantante
El conflicto se originó tras el relato de dos antiguas empleadas —una fisioterapeuta y una trabajadora del hogar— que prestaron servicios para Iglesias en 2021 en sus residencias del Caribe. Según sus declaraciones, durante su tiempo laboral sufrieron humillaciones, insultos y tocamientos indebidos. En aquella época, la denunciante de menor edad contaba con 22 años, mientras que el artista tenía 77 años.
Ante la gravedad de los señalamientos, Julio Iglesias utilizó sus plataformas digitales para defender su postura. El cantante difundió capturas de mensajes de WhatsApp que habrían sido enviados por las propias trabajadoras, con el fin de exponer lo que él califica como una “falsedad” de los hechos. A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, el artista rechazó categóricamente cualquier conducta inapropiada:
“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”
A pesar del revuelo mediático generado por una investigación periodística previa que duró tres años, la justicia española ha reiterado que el caso no puede ser procesado bajo su competencia territorial ni personal.
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