En una resolución histórica, un tribunal de Seúl dictó una condena de 23 años de prisión contra Han Duck Soo, quien fuera el primer ministro y un aliado fundamental del exmandatario Yoon Suk Yeol. La justicia lo declaró culpable de insurrección en relación con la polémica declaratoria de ley marcial ocurrida en diciembre de 2024. Según los magistrados, las acciones y decisiones tomadas por Han fueron determinantes en el agravamiento de la crisis institucional que enfrentó la nación asiática.
A pesar de que la Fiscalía había solicitado inicialmente una pena de 15 años, el Tribunal de Distrito Central de Seúl decidió incrementar la sanción al considerar que la conducta del exfuncionario representó una amenaza directa y severa contra la democracia surcoreana. Los jueces destacaron que la implementación de la ley marcial no fue un hecho aislado, sino una maniobra destinada a socavar el orden constitucional del país, lo que legalmente se tipifica como un acto insurreccional.
La sentencia detalla que Han Duck Soo, abusando de su cargo como primer ministro, incumplió su deber constitucional de vigilar y limitar el ejercicio de los poderes presidenciales durante estados de emergencia. El fallo resalta su papel en la gestión de un decreto que buscaba legitimar procedimientos irregulares tras la proclamación de la normativa. Entre las pruebas más graves, se incluyó su consentimiento para ejecutar medidas operativas como la suspensión de servicios básicos (agua y electricidad) en las instalaciones de diversos medios de comunicación, con el fin de facilitar el avance del movimiento golpista.
Durante la etapa final del juicio, el ex primer ministro intentó desvincularse de los hechos, asegurando que su postura siempre fue de rechazo frente a las decisiones presidenciales. Ante los magistrados, Han afirmó:
«Nunca estuve de acuerdo con la ley ni tuve intención de apoyarla»
. El procesado sostuvo que incluso intentó convencer a Yoon Suk Yeol de no aplicar la medida de excepción; sin embargo, el tribunal desestimó estos argumentos al considerar que las evidencias de su colaboración activa eran irrefutables.
Un precedente contra el abuso de poder
Esta sentencia marca un hito en la justicia de Corea del Sur, al ser la primera vez que se clasifican formalmente los eventos de diciembre de 2024 como una insurrección. Se espera que este veredicto influya en otros procesos en curso, especialmente tras conocerse que el expresidente Yoon Suk Yeol fue condenado apenas la semana anterior a cinco años de cárcel. Yoon fue hallado responsable de los siguientes cargos:
- Abuso de poder
- Obstrucción a la justicia
- Falsificación y destrucción de documentos
- Impedir la deliberación de los ministros sobre la aplicación de la ley marcial
El tribunal enfatizó que la declaración de emergencia fue estructurada específicamente para desmantelar la estructura institucional del Estado. En este esquema, la participación de Han Duck Soo resultó esencial para implementar mecanismos de control de la información y restringir los derechos fundamentales de la población. Las investigaciones revelaron que el corte de suministros a la prensa buscaba silenciar las críticas gubernamentales y frenar la movilización social en un momento de alta tensión.
Finalmente, los magistrados indicaron que este proceso judicial contra Han Duck Soo establece las bases para determinar las responsabilidades individuales de otros actores políticos en la crisis. Estas sentencias son vistas como un esfuerzo institucional por recuperar el estado de derecho y evaluar el alcance de las decisiones del Ejecutivo en contextos de emergencia nacional, cerrando así un capítulo de profunda desestabilización en la política surcoreana.
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