Este jueves, el Gobierno de los Estados Unidos comunicó de manera formal su desvinculación total de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta determinación busca dar respuesta a lo que Washington califica como «fallas» estructurales del organismo internacional durante la crisis sanitaria del COVID-19, intentando «rectificar el daño que dichas fallas causaron al pueblo estadounidense». La medida se materializa justamente un año después de que Donald Trump, mandatario de la nación, suscribiera la orden ejecutiva inicial fundamentada en estos mismos cuestionamientos.
A través de una declaración conjunta, el Secretario de Estado, Marco Rubio, y el Secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., ratificaron el cumplimiento de la promesa presidencial.
«Estados Unidos se ha retirado hoy de la Organización Mundial de la Salud, liberándose de sus restricciones, tal como prometió el presidente Trump en su primer día en el cargo»
, señalaron los altos funcionarios.
Argumentos sobre la politización y gestión de la información
Según detallaron Rubio y Kennedy, la decisión responde a una serie de deficiencias detectadas en la OMS durante la emergencia global del coronavirus. Los representantes de la Administración Trump sostuvieron que la entidad, al igual que otros organismos de carácter internacional, se alejó de su propósito fundamental para actuar de forma reiterada contra la soberanía e intereses de Estados Unidos. En sus palabras, la organización se habría regido por «una agenda politizada y burocrática impulsada por naciones hostiles» al país norteamericano.
Asimismo, los secretarios denunciaron que el organismo multilateral «obstruyó el intercambio oportuno y preciso de información crucial que podría haber salvado vidas estadounidenses». Este señalamiento refuerza la postura de Washington sobre la falta de transparencia en las etapas críticas de la pandemia.
Suspensión total de recursos y personal
En el documento oficial se dejó claro que la ruptura es absoluta en términos operativos y financieros:
«Toda la financiación y la dotación de personal de Estados Unidos para las iniciativas de la Organización Mundial de la Salud han cesado»
. Ambos líderes lamentaron profundamente factores como la inercia burocrática, la existencia de conflictos de intereses y la influencia de la política global, elementos que, a su juicio, han convertido a la institución en una entidad «inservible».
En cuanto a la relación futura, el Ejecutivo estadounidense precisó que los contactos con la OMS se limitarán exclusivamente a lo estrictamente necesario para concluir el proceso de salida y garantizar la seguridad sanitaria de su población. Dentro de este proceso, se descartó el pago de cualquier compensación económica exigida por el organismo, calificando dicha solicitud como un «insulto».
El incidente de la bandera y el impacto económico
Un punto de fricción adicional mencionado por Marco Rubio y Robert Kennedy Jr. es la supuesta negativa de la Organización Mundial de la Salud a devolver el pabellón nacional estadounidense. Según el comunicado, la entidad se resiste a entregar la bandera que ondeaba en sus instalaciones bajo el argumento de no haber aprobado formalmente la retirada del país. Ante esto, los funcionarios afirmaron:
«Recuperaremos nuestra bandera por los estadounidenses que murieron solos en residencias de ancianos, los pequeños negocios devastados por las restricciones impuestas por la OMS y las vidas de los estadounidenses destrozadas por la inactividad de esta organización»
Por otro lado, a pesar de que el director general de la entidad, Tedros Adhanom Ghebreyesus, solicitó formalmente una reconsideración de esta postura tras la orden ejecutiva de enero de 2025, el proceso ha seguido su curso irreversible. La salida de Estados Unidos genera una repercusión financiera significativa para el organismo internacional.
De acuerdo con las proyecciones presupuestarias para el periodo 2026-2027 presentadas en mayo de 2025, la ausencia de los aportes norteamericanos creará una «brecha en valor absoluto» estimada en 260 millones de dólares (cifra que supera los 221 millones de euros). Según el reporte, este déficit presupuestario «no será cubierto por otros Estados miembros», dejando un vacío considerable en las arcas de la organización de salud.
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