El gobierno de Perú ha tomado la determinación oficial de declinar la presentación de Luz del Carmen Ibáñez Carranza como candidata a integrar la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Esta medida responde directamente a una serie de procesos disciplinarios registrados en la Corte Penal Internacional (CPI), sumados a las restricciones diplomáticas y financieras impuestas por las potencias de Estados Unidos y Rusia.
Desde la Cancillería peruana se detalló que la decisión de retirar la postulación se produjo tras un análisis profundo sobre la factibilidad internacional de la jurista. El informe técnico subrayó que las sanciones vigentes comprometen seriamente su viabilidad, considerando la influencia determinante que poseen Washington y Moscú en el proceso de designación de magistrados dentro del tribunal más importante de la ONU.
Aunque en marzo de 2025 las autoridades peruanas manifestaron inicialmente su respaldo a la postulación de Ibáñez Carranza para ejercer funciones en el periodo 2027-2036, el avance del proceso fue paralizado de inmediato. La Cancillería detuvo las gestiones al hacerse pública la resolución disciplinaria de la presidencia de la CPI. Debido a estos factores, la candidatura formal nunca llegó a concretarse ante los organismos internacionales.
Antecedentes disciplinarios y denuncias de acoso
La investigación que marcó el rumbo de esta decisión fue gestionada por la Corte Penal Internacional. Iniciada en 2022 y finalizada en noviembre de 2024, la indagatoria arrojó conclusiones contundentes:
- Se recopilaron declaraciones de al menos 50 personas vinculadas al entorno laboral de la magistrada.
- El tribunal determinó la existencia de acoso laboral sistemático contra el personal a su cargo.
- Se documentaron conductas calificadas como trato ofensivo y la vulneración de derechos internos, tales como el uso de licencias.
- Como consecuencia, se aplicó una reprimenda por escrito y una suspensión de sueldo por tres meses, al considerarse que estas acciones vulneraron el deber de probidad judicial.
El impacto de esta sanción trascendió el ámbito interno del tribunal, pues la presidencia de la Corte notificó oficialmente lo sucedido a todos los Estados Parte y a los 125 países integrantes del Estatuto de Roma. Esta difusión masiva de los hechos mermó significativamente el respaldo diplomático necesario para que Perú impulsara su nombre ante la CIJ.
El peso de las sanciones de potencias mundiales
A la crisis disciplinaria se sumaron acciones externas de gran calado político. En 2025, tanto Estados Unidos como Rusia aplicaron medidas restrictivas contra miembros de la Corte Penal Internacional, afectando directamente a Ibáñez Carranza. Por un lado, el Departamento de Estado norteamericano procedió con la revocación de visas y la anulación de sus tarjetas de crédito.
Simultáneamente, un tribunal en Moscú emitió un fallo declarándola culpable, junto a otros fiscales y jueces de la CPI, por cargos vinculados a la persecución de funcionarios que gozan de protección internacional. Para el Estado peruano, estas acciones provenientes de dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas anularon cualquier posibilidad de éxito electoral.
Es fundamental recordar que la elección de jueces para la Corte Internacional de Justicia exige una mayoría de votos tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad, instancia donde Estados Unidos y Rusia poseen derecho a veto y una influencia política decisiva.
Luz Ibáñez Carranza, quien posee una destacada trayectoria como abogada y ex fiscal, fue elegida para la Corte Penal Internacional en diciembre de 2017 por un ciclo de nueve años, desempeñándose en la Sección de Apelaciones. No obstante, el cruce entre los fallos disciplinarios internos y el señalamiento de las potencias globales ha puesto fin a su camino hacia el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas.
En su análisis final, la Cancillería peruana remarcó que las resoluciones del tribunal internacional y las barreras impuestas por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad cerraron el margen de maniobra para el país, evidenciando cómo la conducta judicial y las tensiones geopolíticas definen el futuro de los altos cargos en el multilateralismo.
Fuente: Infobae