La administración gubernamental encabezada por José Jerí atraviesa uno de sus momentos más críticos tras el estallido del denominado ‘Chifagate’. Este escándalo de índole política y judicial ha generado una fuerte inestabilidad que pone en riesgo su permanencia en el cargo, especialmente cuando restan menos de tres meses para que se lleven a cabo las Elecciones Generales en el territorio peruano.
La controversia se originó a partir de la filtración de registros y material visual que vinculan al jefe de Estado en encuentros de carácter privado con el inversionista chino Zhihua Yang. Estas citas, realizadas en un restaurante de comida china (chifa) y en un establecimiento clausurado en el Barrio Chino de Lima, han provocado una serie de consecuencias inmediatas: la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía, el impulso de mociones de vacancia y censura en el Parlamento, y el inicio de un expediente disciplinario dentro de su propia organización política, Somos Perú.
En medio de este panorama, la desconfianza de la ciudadanía ha escalado considerablemente. Diversas agrupaciones en el Congreso han adoptado una postura de vigilancia extrema, condicionando su respaldo a la continuidad del mandatario encargado mientras se evalúan las pruebas presentadas.
¿En qué consiste el escándalo ‘Chifagate’?
El término fue acuñado tras revelarse que José Jerí mantuvo al menos dos reuniones no oficiales con Zhihua Yang, un empresario con una red de contactos influyente en sectores estratégicos del país. Los encuentros se fecharon el 26 de diciembre de 2025 en un chifa y el 6 de enero de 2026 en el local Market Capón, el cual se encontraba cerrado por disposiciones municipales al momento de la cita.
Resulta relevante señalar que ninguno de estos eventos fue consignado en la agenda de transparencia gubernamental. Desde el Palacio de Gobierno se intentó minimizar el hecho alegando que la visita al local clausurado fue únicamente para comprar dulces, una explicación que no fue aceptada por los sectores políticos ni por la opinión pública. Debido a esto, la Fiscalía de la Nación ha puesto en marcha investigaciones preliminares bajo la sospecha de delitos como tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
Vínculos con empresarios bajo cuestionamiento
La situación del presidente Jerí se complicó aún más al detectarse que Ji Wu Xiaodong, otro empresario de origen chino investigado por crimen organizado y comercio ilícito de madera, ingresó a la sede presidencial en tres ocasiones. Xiaodong, quien cuenta con una orden de arresto domiciliario, fue acompañado por Yang y recibido por la Secretaría de Comunicación Estratégica, permaneciendo varias horas en el recinto sin que se aplicaran los protocolos de seguridad correspondientes.
Estas revelaciones han puesto la lupa sobre Zhihua Yang, quien posee una trayectoria de dos décadas en Perú liderando negocios en construcción y energía. Entre sus activos más importantes destaca:
- La concesión de la Central Hidroeléctrica Pachachaca 2 en la región de Apurímac, un proyecto valorado en USD 224 millones.
- Operaciones industriales que, según denuncias, no cumplirían con las normativas vigentes.
- Relaciones laborales previas con Nicanor Boluarte, hermano de la exmandataria Dina Boluarte, quien también enfrenta procesos por organización criminal.
Adicionalmente, se ha confirmado que Yang formó parte de delegaciones oficiales en viajes a China y participó en actos legislativos organizados por el propio Jerí antes de que este asumiera el mando del país.
Acciones legislativas y presión política
Desde el Poder Legislativo, la Comisión de Fiscalización, presidida por Elvis Vergara, ha convocado al presidente para que explique la naturaleza de sus vínculos con Yang y Xiaodong. En una sesión extraordinaria fijada para el 21 de enero, se busca determinar si existieron beneficios irregulares para las compañías del empresario chino o si hubo intervención presidencial para levantar sanciones administrativas contra el Market Capón.
Simultáneamente, los congresistas Segundo Montalvo, Ruth Luque y Jaime Quito lideran iniciativas para destituir al mandatario bajo la figura de “incapacidad moral permanente”. Los argumentos para estas mociones incluyen:
- La ausencia de estrategias efectivas contra la crisis de inseguridad ciudadana.
- Cuestionamientos sobre la privatización de una parte de Petroperú.
- Presuntas irregularidades en la administración de los recursos del Estado.
Por su parte, el partido Somos Perú ha tomado distancia de su líder mediante un proceso de disciplina interna, mientras que otras fuerzas políticas como Alianza para el Progreso han señalado al oficialismo como responsable de la inestabilidad actual.
Posturas legales y las declaraciones de Jerí
Expertos en materia penal como Benji Espinoza y Andy Carrión han manifestado que los indicios son suficientes para que la Fiscalía profundice en la investigación por presunto cohecho y tráfico de influencias. El foco legal se centra en la posible promesa de eventos financiados de forma externa y la manipulación de licitaciones públicas.
La estrategia comunicacional de José Jerí ha estado llena de giros. Aunque inicialmente intentó justificar la reunión como una coordinación para el Día de la Amistad Perú-China, terminó reconociendo que él mismo gestionó la cena privada. Ante los cuestionamientos, el mandatario declaró:
“Admito mi error y pido disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice, encapuchado, y que ello haya dado pie a generar suspicacias y dudas sobre mi comportamiento”
No obstante, tras la aparición de nuevas pruebas en video, el presidente endureció su discurso en declaraciones para Canal N, asegurando:
“No voy a aceptar que haya un hecho irregular e ilícito en el motivo de mi conversación”
A pesar de haber admitido la falta de registro de la reunión del 26 de diciembre, Jerí ha enfatizado repetidamente: “Yo no le mentí al país”, descartando cualquier intención de renuncia y calificando las acusaciones como intentos de boicotear el proceso electoral. Respecto a supuestos beneficios ante entidades reguladoras, afirmó:
“Descartado tajantemente. No tengo mayor comunicación con Indecopi en ningún nivel”
Investigaciones sobre contratos y licitaciones
El escándalo ha salpicado a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), debido a un contrato de 112 millones de soles destinado a la compra de 8.000 cámaras de vigilancia. Se reportó que las bases de dicha licitación fueron modificadas poco después del encuentro en el chifa. David Hernández, titular de la ATU, ha negado favorecimientos, aunque admitió que diversas firmas chinas mostraron interés en el concurso público.
Por otro lado, el abogado de Yang, Edwin de la Cruz, sostuvo que las citas eran parte de una amistad de larga data y que el objetivo era organizar las festividades del Año Nuevo Chino, negando tajantemente cualquier pedido de favores comerciales. El presidente Jerí ha asegurado que, tras estos incidentes, ha cortado todo contacto con el empresario.
El futuro del Ejecutivo y el calendario electoral
La discusión en el Congreso ahora se debate entre la censura o la vacancia. Según el analista José Cevasco Piedra, una censura podría llevar a que la vicepresidencia del Parlamento asuma el mando transitorio. Sin embargo, existe un consenso entre especialistas electorales respecto a la estabilidad de los comicios de abril de 2026.
El politólogo y exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla, aclaró que la crisis política no debería afectar el cronograma establecido, señalando lo siguiente:
“El proceso electoral no sufriría alteración alguna”
Según el experto, la logística del sufragio está blindada por la autonomía de organismos como el Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y el RENIEC. De este modo, aunque el ‘Chifagate’ ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad institucional de Perú ante intereses económicos, la ruta hacia la transición de mando parece mantenerse inalterable desde el punto de vista procedimental.
Fuente: Infobae