Este martes se confirmó la dimisión de Iván Paredes, quien se desempeñaba como titular del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Su salida se produce meses después de que se hicieran públicas graves acusaciones que lo vinculan con presuntos actos de soborno e incumplimiento de sus responsabilidades oficiales, situaciones que inicialmente no mermaron el respaldo recibido por el Ejecutivo.
Crisis carcelaria e intento de escape
La renuncia del funcionario coincide con un reciente incidente crítico de seguridad en el penal de Piura. En dicho recinto, el ciudadano de nacionalidad venezolana Juan Carlos Gonzales García, quien cumple una condena superior a los 17 años de cárcel, intentó evadir la justicia tratando de escapar por el techado de uno de los pabellones.
De acuerdo con los reportes oficiales de la institución, la fuga fue frustrada gracias a la activación inmediata de los protocolos de seguridad por parte del personal penitenciario, quienes debieron realizar disparos de advertencia. Tras controlar la situación, el INPE emitió un comunicado informando la revisión exhaustiva de las instalaciones y el traslado de Gonzales García a un establecimiento de máxima seguridad.
Graves señalamientos por corrupción
Las sombras sobre la gestión de Iván Paredes se remontan al año pasado, cuando investigaciones periodísticas lo señalaron por presuntamente coordinar la devolución de 80.000 soles. Dicho monto habría sido solicitado para facilitar de manera irregular la libertad de un exagente de la policía sentenciado. A pesar de la difusión de audios que lo comprometerían, Paredes ha sostenido que dichas grabaciones no son auténticas.
Sanciones éticas y profesionales
A los cuestionamientos en su gestión pública se suman faltas en su ejercicio privado como abogado. Se reveló que Indecopi le impuso una multa de más de 16.000 soles debido a diversas irregularidades detectadas en el año 2021. Entre las faltas comprobadas figuran:
- La omisión en la entrega de recibos por honorarios.
- No presentar una denuncia penal que ya había sido pactada con su cliente.
- La falta de devolución de 3.500 dólares a un patrocinado.
Esta sanción económica fue ratificada en agosto de 2024, aunque inicialmente fue anulada tras su ingreso al cargo público. El expediente administrativo se sustenta en pruebas contundentes como transferencias bancarias y chats de servicios legales que nunca se concretaron. El propio Iván Paredes admitió el cobro del dinero sin el debido comprobante.
Testimonios y procesos disciplinarios
Sergio Castro, el denunciante de estos hechos, ha expresado públicamente su temor a posibles represalias derivadas del poder que ostentaba Paredes. Aunque evitó profundizar en sus declaraciones recientes, ratificó sus acusaciones mediante llamadas telefónicas y presentó mensajes donde exigía el reembolso de su dinero, recibiendo únicamente respuestas evasivas y lo que calificó como amenazas.
Ante la presión mediática, el Ministro de Justicia, Walter Martínez, comunicó que su cartera ya había iniciado las acciones disciplinarias correspondientes. Por su parte, sectores del gobierno como el liderado por Jerí habían destacado previamente que el funcionario cumplía con los objetivos en la administración de las cárceles.
“Claro, en principio hay un proceso en el cual él está enfrentando y los cuestionamientos que él tiene son anteriores al ejercicio de función como jefe del INPE y él está dando las explicaciones en el campo correspondiente”
Cuestionamientos por contrataciones de personal
Finalmente, nuevos reportes señalan que bajo la administración de Iván Paredes se otorgaron puestos de trabajo a jóvenes que carecían de experiencia previa en el sector público o estudios acreditados. Uno de los casos más notorios es el de Luis Sebastián Arce Acosta, quien obtuvo un contrato como asistente técnico administrativo por 10.500 soles sin poseer formación universitaria registrada.
Otros nombres que figuran en la lista de contrataciones polémicas incluyen a:
- Lucienne Cabanillas Delgado: Quien tras tres reuniones con el jefe del INPE firmó un contrato por 8.283 soles.
- Luis Miguel Huachaca Rojas, Christian Anthony Quipusco Guzmán, Jadira Chumpitaz Soto y Jorge de la Rosa Ayala: Todos con contratos similares pese a no cumplir con los requisitos de ley.
- Flor de María Fernández: Abogada que logró dos contratos tras visitar el despacho de Paredes.
- Hilda Quispe Reynoso: Contratada como auxiliar administrativa inmediatamente después de inscribirse como proveedora tras una reunión con el hoy exjefe del instituto.
Fuente: Infobae